FGR busca aprehensión de Ricardo Anaya; solicitará a un juez su detención por riesgo de fuga

+ Autoridades federales confirmaron a Animal Político que la FGR tiene dos vías listas para buscar la aprehensión de Anaya: si se presenta voluntariamente a la audiencia inicial programada para el 14 de febrero se pedirá al juez que le imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al menos, mientras se define si se le abre un proceso por este caso.

Arturo Angel/Animal Político

CIUDAD DE MEXICO, 31 de enero de 2022./Arturo Angel/Animal Político.- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará a un juez federal del Reclusorio Preventivo Norte la detención y encarcelamiento preventivo del excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortes, con el argumento de que existe un riesgo fundado de que escape para no enfrentar el proceso en su contra por el caso de los supuestos sobornos de Odebrecht.

Autoridades federales confirmaron a Animal Político que la FGR tiene dos vías listas para buscar la aprehensión de Anaya: si se presenta voluntariamente a la audiencia inicial programada para el 14 de febrero se pedirá al juez que le imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al menos, mientras se define si se le abre un proceso por este caso.

Si no se presenta o insiste en comparecer a distancia fuera del país (pese a la orden judicial), los fiscales buscarán una audiencia privada para solicitarle al juez que gire una orden de aprehensión en su contra por los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa. Es la misma ruta que ya se siguió en contra de Carlos Treviño, exdirector de Pemex, quien tampoco se presentó personalmente a comparecer a su audiencia.

Para justificar la necesidad de detener y encarcelar a Ricardo Anaya en el Reclusorio Norte, aun cuando no se le haya probado ningún delito, los fiscales de la FGR expondrán, entre otras cosas, que la gravedad de los delitos por los cuales puede ser procesado y eventualmente sentenciado podrían incentivar el deseo del político opositor de darse a la fuga.

De acuerdo con el Código Penal Federal, la suma de las penas de estos delitos va desde un mínimo de 12 años de prisión hasta un máximo de 39 años de cárcel. En cualquier caso, el político panista no alcanzaría el beneficio de la libertad bajo caución si es declarado culpable.

El segundo argumento de la FGR es la facilidad con la que puede salir del país. Para ello presentarán una relación de las entradas y salidas del también exdiputado federal, y especialmente la información relacionada con su último vuelo de fecha 4 de julio con destino al estado de Texas, Estados Unidos. Dicha salida se habría realizado a través de una aeronave privada y, hasta ahora, no hay registro de que el imputado haya vuelto al país.

Como tercer argumento la Fiscalía abundará en la capacidad del panista de tener acceso a recursos económicos y redes familiares y políticas que le facilitarían la posibilidad de darse a la fuga. En ese sentido la FGR, con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, exhibirán pruebas relacionadas con las finanzas del político y de su círculo cercano.

La audiencia inicial a la que se ha citado a Ricardo Anaya Cortés está programada para el próximo 14 de febrero. La fecha está sujeta a confirmación debido a las complicaciones que enfrenta actualmente el Centro de Justicia Federal por la contingencia sanitaria y los contagios de COVID que se han extendido hasta al 30% del personal.

Será el cuarto intento de llevar a cabo esta audiencia inicial luego de que ya fue pospuesta en tres ocasiones anteriores. Dos de esos diferimientos fueron por petición de los abogados defensores que necesitaban más tiempo para terminar de revisar el expediente de 170 mil páginas. La última posposición fue por decisión del juez debido a una licencia médica.

Cabe señalar que el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia le advirtió a Ricardo Anaya que tendría que presentarse personalmente a comparecer ante el juzgado cuando se realice la audiencia inicial, o dar luz verde a la Fiscalía para que proceda a buscarlo.

El caso vs Anaya y su defensa

De acuerdo con los datos que se desprenden de la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX0000865/2020, Ricardo Anaya habría participado en un esquema delictivo –presuntamente encabezado por el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray– a través del cual se pagaron sobornos a legisladores –con recursos provenientes de Odebrecht– para agilizar la aprobación de la reforma energética.

En total, según la imputación que pretende hacer la fiscalía, el panista habría recibido más de 6 millones 800 mil pesos como resultado de estos sobornos.

La indagatoria inicial de la FGR se sustenta, principalmente, en tres declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en las que detalle los contactos y las entregas de dinero que se hicieron a Anaya en 2014, cuando este encabezaba la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Para corroborar estas denuncias, la Fiscalía recabó las declaraciones de cinco testigos –ofrecidos por el propio Lozoya– que dan detalles de la forma en cómo se realizaron los pagos. Además, para corroborar el rol de Anaya en la aprobación de la reforma, se incluyó como prueba una copia del diario de los debates sobre la sesión del Congreso en donde se aprobó dicha modificación legislativa.

Muchas de estas evidencias son las mismas que la Fiscalía utilizó exitosamente para lograr que el exsenador del PAN Jorge Luis Lavalle Maury también fuera procesado y encarcelado por este mismo caso.

En respuesta a estas acusaciones Ricardo Anaya ha difundido diversos videos en sus redes sociales en donde sostiene que es inocente, que nunca recibió ningún tipo de soborno para aprobar una reforma con la que el estaba de acuerdo desde el principio, y que las acusaciones de Emilio Lozoya son falsas, y producto de una “persecución política” impulsada desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En uno de sus videos, el panista dijo que en el expediente de la carpeta de investigación (que acusó que les fue entregada con retrasos) no solo no había pruebas para sustentar las acusaciones en su contra, sino que incluso había inconsistencias que debilitaban los señalamientos hechos por Lozoya.

Por ejemplo, dijo que en las fechas en que se señala que supuestamente recibió los sobornos él ya no era diputado pues había pedido licencia al cargo. La aprobación de la reforma energética, en diciembre de 2013, se había registrado antes de que se realizaran los presuntos pagos ilegales. Además, Anaya mostró registros que, según el, prueban que no estaba presente en San Lázaro el día en que se señala que le fue entregado el dinero en un subterráneo.

Ricardo Anaya aseguró que en el expediente están incluidas las declaraciones de directivos de Odebrecht que reconocen haber pagado sobornos a Lozoya con la finalidad de obtener, contratos de obra pública en retribución. Pero sostiene que no se hace mención de que dicho dinero tuviera como finalidad agilizar la aprobación de alguna reforma.

“López Obrador me quiere meter a la cárcel 30 años con una historia llena de mentiras. Andrés Manuel te has convertido en lo que tanto criticabas, en un mentiroso y corrupto vulgar; en un tirano que tuerce la justicia para sus venganzas personales”, dijo Anaya en uno de sus videos publicados.

“Destacados” inquilinos

El Reclusorio Preventivo Norte, en el que se pretende que Ricardo Anaya cumpla su eventual prisión preventiva, se ha convertido en uno de los centros penitenciarios preferidos de las autoridades para encarcelar a políticos y personalidades relacionadas con hechos de corrupción de alto impacto en el país.

Por ejemplo, en dicho centro penitenciario está encarcelado desde el 2017 el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien fue procesado  y sentenciado por el caso de los desvíos de recursos públicos con empresas fantasma. El exgobernador está cumpliendo una pena de nueve años de prisión.

Otro encarcelado en este reclusorio desde hace casi dos años y medio es el abogado Juan Ramón Collado Mocelo, famoso por haber fungido en diversos momentos como representante legal de importantes figuras de la política, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto. El jurista se encuentra en prisión preventiva mientras se resuelve un proceso abierto en su contra por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

El exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, es otro de los políticos encarcelados en los últimos meses en este centro penitenciario. En abril de 2021 fue sometido a prisión preventiva por su presunta implicación en el caso de los sobornos de Odebrecht. Lavalle fue encarcelado tras acudir voluntariamente a la audiencia y, pese a diversos sobornos que ha intentado promover, no ha podido recobrar su libertad.

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, es uno de los últimos en ingresar al penal. En noviembre fue encarcelado a petición de la FGR mientras se resuelven los dos procesos iniciados en su contra por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

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