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Animal Político
CIUDAD DE MEXICO, 06 de agosto de 2019./Animal Político.- Al menos cuatro edificios, ubicados en las colonias Polanco y Anzures, en la Ciudad de México, son investigados por la Fiscalía General de la República ya que habrían sido utilizados por funcionarios de la Sedesol y la Sedatu durante las gestiones de Rosario Robles, para falsificar documentos utilizados en el esquema de la Estafa Maestra.
Los inmuebles, según el diario Reforma, eran oficinas de excolaboradores de Emilio Zebadúa, exoficial mayor de Sedesol y Sedatu y mano derecha de Robles durante su etapa como funcionaria.
En estos despachos se habrían “fabricado” contratos y falsificado firmas de por lo menos 11 exfuncionarios para lograr el desvío de 2 mil 800 millones de pesos de las dos dependencias donde Robles fue titular.
Dos de los edificios están ubicados en las calles Tennyson 77 y Horacio 1840, en la colonia Polanco. De acuerdo con Reforma en la misma calle de Tennyson 125 se encontraba la oficina principal de Zebadúa.
Los otros dos inmuebles investigados están en la calle de Bahía Magdalena 125 y 146, en la colonia Anzures. En éstos habría laborado Claudia Morones Sánchez quien fue la contadora de Sedesol y Sedatu.
Morones Sánchez, según la declaración de los testigos, era la persona que coordinaba la falsificación de documentos, elaboraba los convenios con universidades y pedía los datos de los funcionarios que tenían que aparecer en los supuestos contratos.
Esta información fue obtenida por la FGR, gracias a un acuerdo hecho con tres exfuncionarios que aceptaron colaborar con la dependencia sobre el esquema de desvíos llamado la Estafa Maestra, a cambio de tener impunidad penal.
Los tres colaboradores, según Reforma, son: José Antolino Orozco, exjefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; Marcos Ibarra Infante, exdirector general de Coordinación de Delegaciones y María del Carmen Gutiérrez, exjefa de la Unidad de Políticas y Enlace Institucional en Sedatu y Sedesol.
“Tenemos todo para demostrar su inocencia”
El abogado de Rosario Robles, Julio Hernández Barros, aseguró que la información presentada en la nota de Reforma no tiene bases sólidas además de que la FGR no cuanta con pruebas concretas para demostrar la culpabilidad de su defendida.
En entrevista para Radio Fórmula, Hernández Barros lamentó que “una vez más” la Fiscalía haya filtrado información de la investigación a los medios de comunicación con el fin de dañar su imagen.
Sobre la nota de Reforma, el litigante dijo que con la difusión de esta información “sin horas, sin fechas y sin actos concretos”, pareciera ser que se quiere “criminalizar” a su defendida.
“Nos duele otra vez que haya filtraciones de la carpeta, porque es información que solo tiene la gente del Ministerio Público y nosotros (…) estamos relativamente tranquilos, la tranquilidad que tenemos es la inocencia de Rosario, tenemos todo para demostrarla”, señaló.
Julio Hernández también confirmó la presencia de Robles el próximo jueves en la audiencia inicial de la FGR que se llevará a cabo en el Reclusorio en el Reclusorio Sur.
Rosario Robles es una de las involucradas en el esquema mediante el cual 11 dependencias de gobierno hicieron convenios con 8 universidades públicas para realizar supuestos servicios, pero éstas a su vez subcontrataron a empresas que resultaron ser fantasma, por lo que más de 3 mil millones de pesos de recursos públicos desaparecieron.
El pasado 29 de julio, la FGR la citó a una audiencia inicial para “formular imputación y vinculación a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público”, por el esquema de desvío de recursos La Estafa Maestra, revelado por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Dos días después, el 31 de julio, un juez federal de amparo concedió a la extitular de Sedesol y Sedatu una suspensión provisional en contra de una posible orden de aprehensión girada en su contra, o de cualquier orden de comparecencia que implique que una fuerza de seguridad pública la detenga para presentarla ante un juzgado.
Esto luego de que, a través de sus abogados, Robles iniciará una demanda de juicio de amparo al conocer que la FGR pidió a un juez proceder penalmente en su contra por las irregularidades investigadas.
Derivado de la investigación, el 4 de agosto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas bancarias de Rosario Robles y de Emilio Zebadúa por los presuntos desvíos de recursos públicos y malos manejos en Sedesol y Sedatu.