Chiapas en Contacto Las Noticias de Chiapas
+ La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) – que está a cargo del caso – cuenta con informes de inteligencia que apunta a que el matrimonio se encuentra fuera del país desde hace varios meses, por lo que se les considera prófugos de la justicia.
Animal Politico
CIUDAD DE MEXICO, 14 de septiembre de 2021./Animal Político.- La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará a la Interpol la emisión de dos órdenes de localización y captura internacionales (conocidas como fichas rojas) en contra del empresario y contador Víctor Manuel Álvarez Puga y de su esposa Inés Gómez-Mont, por su presunta responsabilidad en operaciones de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) – que está a cargo del caso – cuenta con informes de inteligencia que apunta a que el matrimonio se encuentra fuera del país desde hace varios meses, por lo que se les considera prófugos de la justicia.
La solicitud a la Interpol (que permitirá el rastreo del contador y la presentadora de televisión en más de 140 países) se sustenta en una orden de aprehensión que la semana pasada otorgó un juez federal del estado de México en contra del matrimonio por delitos tipificados como graves y que ameritan prisión preventiva automática.
De acuerdo con autoridades ministeriales, la FGR argumentó ante el juez que la orden de arresto era necesaria para garantizar la presencia de Gómez-Mont y Álvarez Puga ante el juez dado que son personas con amplio poder económico y capacidad de movimiento. El juez validó dicha argumentación y consideró procedente esta alternativa en vez de otras como un citatorio voluntario a la audiencia inicial.
Son tres los delitos por los cuales se ha ordenado la captura del matrimonio: delincuencia organizada con fines de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. De ser encontrados responsables luego del juicio penal correspondiente, los implicados podrían alcanzar una pena acumulada que va de los 20 a los 60 años de prisión.
La indagatoria, de la cual Animal Político reveló varios detalles en esta nota, fue resultado de una denuncia inicial presentada por la Procuraduría fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en contra del matrimonio y quienes resulten responsables por el presunto lavado de recursos públicos a través de casi mil 500 operaciones bancarias con empresas fantasma.
Ante la presunción de un esquema complejo y organizado para desplazar el dinero sustraído, la SEIDO atrajo la carpeta de investigación y presentó la acusación en contra del matrimonio. También se presentaron cargos en contra de otras personas cuyas identidades no se han revelado.
Entérate: “Nos estamos preparando para enfrentar este proceso”, dice Inés Gómez Mont
En caso de que Álvarez Puga y Gómez-Mont sean detenidos a través del cumplimiento de la ficha roja correspondiente, existe la posibilidad de que primero haya que solventar un proceso de extradición cuya duración dependerá del país en el que sean detenidos y el tratado que se haya firmado.
Otra alternativa es que los implicados se presenten voluntariamente ante el juez que ordenó su captura para que se realice la audiencia inicial. Penalistas consultados por este medio indicaron que también tienen la posibilidad de buscar una demanda de amparo, sin embargo, dado que los delitos que se le imputan al matrimonio son graves este difícilmente sería procedente.
Cabe señalar que ni la emisión de la ficha roja ni la orden de aprehensión son suficientes para probar que el matrimonio haya cometido un ilícito. Tampoco es garantía de que se inicie un juicio o proceso penal en su contra pues eso solo se definiría en la audiencia inicial a partir de los datos de prueba que presenten ambas partes.
Más de una década de indagatorias y denuncias
La indagatoria por los casi tres mil millones de pesos desviados desde la Secretaría de Gobernación hacia una red de empresas fachadas ligadas a Álvarez Puga y su esposa, no es la primera ni la única de las investigaciones ministeriales iniciadas en contra de dicho contador.