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Rafael Montes/Milenio
CIUDAD DE MEXICO, 26 de enero 2020./Rafael Montes/Milenio.- Las garantías técnicas de las empresas The Boeing Company y Associated Air Center L.P. por el avión presidencial —aeronave modelo 787-8—, el equipamiento de su cabina y las refacciones y accesorios, ya se vencieron. Es por ello que la aeronave no ha regresado al país desde California, donde está desde el 3 de diciembre de 2018.
De acuerdo con una respuesta a una solicitud de información entregada por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) —institución que firmó el contrato de arrendamiento financiero para la adquisición de la nave— las garantías del contrato y los convenios adicionales vencieron el año pasado.
La garantía técnica del avión expiró el 8 de octubre de 2019, 60 meses después de la emisión del Certificado de Aceptación Técnica y Final, el 8 de octubre de 2014.
En tanto, la garantía técnica del contrato del equipamiento de cabina venció el 2 de febrero de 2019, 36 meses después de la fecha del Acta de Aceptación Técnica y Final, el 2 de febrero de 2016.
En el caso de la garantía técnica del contrato de refacciones y suministros perdió vigencia el 22 de junio de 2019, 36 meses después de la emisión del Formulario de Entrega Final y Aceptación Final, que fue el 22 de junio de 2016.
El equipamiento complementario consta de apoyo terrestre, equipo de rampa, de apoyo a motor, repuestos, equipamiento de cabina y sistema de defensa.
En entrevista con Alejandro Domínguez, el 21 de enero, el director de Banobras, Jorge Mendoza, informó que el Boeing 787-8 “está en mantenimiento, se están poniendo unas partes que estaban vencidas para que pueda volar de regreso a México. La gente de la Sedena, encargada del mantenimiento y la operación de la aeronave, nos menciona que puede tomar hasta tres meses; sin embargo, creo que puede ser antes”.
Diversas respuestas a solicitudes de información formuladas vía transparencia, tanto a Banobras como a la Sedena, arrojan detalles del contenido del contrato de compra de la aeronave, que ahora el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere vender e incluso rifar para recuperar parte del dinero público utilizado en su adquisición.
Aunque existen varias solicitudes ciudadanas de información sobre el contrato, éste no existe en bases de datos públicas y tanto Banobras como Sedena han respondido que debe pagarse por una copia de la versión pública, pues se protegen datos considerados como reservados.
El paquete de documentos de la adquisición de la aeronave consta de un contrato de arrendamiento financiero del avión modelo Boeing 787-8, MSN 40695, firmado el 1 de noviembre de 2012 por 127.35 millones de dólares y tres convenios modificatorios; un contrato para la adquisición del Equipamiento de Cabina, firmado con Associated Air Center el 18 de diciembre de 2013 por 81 millones de dólares y tres convenios modificatorios, y un contrato para la adquisición de Refacciones y Accesorios para la Aeronave, firmado con Boeing el 2 de mayo del 2014 por 23.05 millones de dólares.
El plazo del arrendamiento financiero establecido en el contrato fue de 180 meses.
Para la compra y entrega a Sedena de la aeronave en la modalidad de arrendamiento financiero por parte de Banobras, la Defensa Nacional tuvo que emitir una autorización de la transacción, pues se trata de una aeronave militar.
Según un oficio de octubre de 2012, emitido por Sedena, para la adquisición del avión se daría un anticipo de 40 millones de dólares en noviembre de 2012; un primer pago parcial de 22 millones, en julio de 2013, y el saldo final de 65 millones 348 mil se pagaría en junio de 2014, para un total de 127 millones 348 mil 857 dólares.
Para el pago del equipamiento complementario se entregaría un anticipo de 35 millones 600 mil dólares, en diciembre de 2013; un primer pago parcial de 23 millones 46 mil 718, en marzo de 2015, y el saldo final de 53 millones 400 mil dólares, en junio de 2015.
La información fue planteada por Boeing como plan de calendarización de pagos, como cifras base, las cuales no incluyeron IVA.