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Rosario Robles Berlanga
Junio 26, 2014
+ En la Cruzada Nacional contra el Hambre convergen programas y acciones de gobiernos estatales y municipales de todos los colores políticos
México ha pasado muchos años con políticas públicas desarticuladas entre lo económico y lo social. Esta situación ha sido producto de una visión de Estado segmentada, dividida, como si no hubiera relación entre producir crecimiento y generar bienestar para las personas y familias en pobreza.
El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha definido una perspectiva tan distinta como necesaria. Desde el Plan Nacional de Desarrollo, eje rector de la política pública para el sexenio 2013-2018, se trazaron metas nacionales concatenadas, en estrecho diálogo: un México próspero y un México incluyente no son objetivos que puedan conseguirse a través de instrumentos ajenos entre sí o desarticulados.
En la nueva perspectiva, la política de desarrollo social adquiere un lugar central en la operación diaria del Estado; la atención de la pobreza no es una actividad asistencial para paliar los efectos de la política económica. Partimos de la premisa de que sin equidad no hay desarrollo, de que sin inclusión no hay crecimiento, de que sin derechos sociales efectivos nuestra democracia es un cascarón vacío.
Sobre esa piedra de toque descansa una reflexión sobre cuáles son los fines de la política de desarrollo social, sobre qué instrumentos son necesarios para incrementar su impacto y sobre cómo articularla.
Para el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto los derechos sociales constituyen la razón de ser del Estado y de la política de desarrollo social. Con población sin condiciones para disfrutar de una alimentación adecuada, de salud, de educación, de vivienda digna; sin un ingreso adecuado y una red de seguridad social operativa, no puede hablarse del cumplimiento cabal del mandato de la sociedad al gobierno.
Nuestra política de desarrollo social busca romper la transmisión intergeneracional de la pobreza; generar la mezcla de apoyos e incentivos que permitan a una persona o familia en pobreza salir de la pobreza; la generación de ingresos propios para trascender el umbral de la línea de bienestar, promover su movilidad social, así como gozar de condiciones de equidad a través de apoyos educativos, de vivienda, alimenticios y de salud. De ninguna manera se trata de una política asistencial. Se trata de una política social con un enfoque productivo y de derechos.
Para ello se requieren instrumentos más efectivos de política pública, nuevos programas, mejor ejercicio de recursos públicos, focalización y atención para grupos específicos. La acción más emblemática de lo anterior es la Cruzada Nacional contra el Hambre, una estrategia ordenada por el Presidente Enrique Peña Nieto en la cual concurren los tres órdenes de gobierno y la sociedad.
En la Cruzada Nacional contra el Hambre se ha configurado un vasto grupo de atención constituido por 7 millones de personas que padecen pobreza extrema y presentan carencia alimentaria, de acuerdo con las definiciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Este sector es prioritario porque concentra los rezagos sociales más acuciantes.
En la Cruzada Nacional contra el Hambre convergen programas y acciones de gobiernos estatales y municipales de todos los colores políticos. Con la puesta en marcha de esta estrategia se ha desterrado la idea de que la política de desarrollo social debe responder a intereses de partido. Por el contrario, la dimensión del problema a enfrentar es tal que resulta indispensable sumar esfuerzos, coordinar instituciones, concertar acciones enfocadas a metas comunes, con mediciones e indicadores parejos para todos. Hemos avanzado en una certeza: las familias pobres, de los municipios, los estados y la federación son los mismos pobres.
Por ello, a través de las acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre, además, se ha recuperado un componente esencial para el desarrollo social que es la participación de las personas y de las comunidades.
A 18 meses de su inicio, la Cruzada Nacional contra el Hambre cuenta hoy con poco más de 60 mil comités comunitarios involucrados en priorizar las acciones más relevantes para el desarrollo de sus comunidades.
De igual forma, la acción de gobierno ha vuelto al territorio, a las situaciones concretas y específicas de cada comunidad. Es a través de ese trabajo y en vinculación con los comités comunitarios como las dependencias de los tres órdenes de gobierno acuerdan y dan seguimiento a las acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre. La nueva política de desarrollo social reconoce la necesidad de articular y coordinar acciones a partir de las necesidades concretas de las comunidades. En este mes de junio se visitan las 32 entidades federativas del país para rendir cuentas a la gente de lo que se ha realizado en el primer año y medio de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. No se trata de un relanzamiento de la Cruzada, sino de hacer visible cuanto sociedad y gobierno, conjuntamente, han hecho en estos 18 meses.
Si bien por su población objetivo la Cruzada Nacional contra el Hambre es prioritaria, la política de desarrollo social no se agota en ella. Se han creado nuevos programas, como el Programa de Comedores Comunitarios, diseñado para mejorar la alimentación de mujeres embarazadas o en lactancia, niñas y niños, adultos mayores y personas con discapacidad; o el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, que brinda protección a los hijos que queden huérfanos a fin de que puedan continuar con sus estudios hasta culminar la educación superior.
Se han rediseñado otros programas para ampliar su cobertura, como el Programa de Adultos Mayores, que hoy otorga una pensión a las personas de 65 años o más; se ha fortalecido el Programa Oportunidades mejorando sus acciones en salud, en educación y vinculando a sus familias con programas sociales productivos que permitan a sus familias mejorar sus ingresos.
LICONSA y DICONSA han vuelto a su naturaleza social, regulando mercados, referenciando precios y dinamizando las economías locales. Además, se han modificado los Lineamientos de operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que representa poco más de 57 mil millones de pesos para estados y municipios, mayoritariamente para éstos últimos. Lo anterior permitirá encauzar recursos en cuyo ejercicio participan estados y municipios para atender rezagos que incidan en los niveles de pobreza.
En suma: el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha dado un golpe de timón sustantivo para el desarrollo social. Hoy el desarrollo social está en la agenda prioritaria del país. La relación de coordinación y articulación con gobiernos estatales y municipales para acabar con la pobreza extrema alimentaria es hoy una realidad palpable. Se han creado nuevos programas y rediseñado algunos que ya existían para responder mejor a las necesidades de los millones de personas que viven en pobreza.
No hay un mejor aliciente para el desarrollo que una democracia efectiva, que garantice derechos y asegure pisos mínimos de bienestar a toda la población. Esa es nuestra convicción.