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Infobae
CIUDAD DE MEXICO, 11 de mayo de 2020./Infobae.- Comuneros de Salazar, Estado de México, señalaron a León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, de un intento de extorsión para tomar 13 hectáreas de sus tierras a cambio de liberar a presos políticos de su comunidad.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), cinco personas que estuvieron en reuniones con el hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) declararon que Bartlett Álvarez, en 2018, les ofreció liberar a ocho comuneros de Salazar, detenidos por presuntos cargos de privación de la libertad y robo durante una trifulca por unos terrenos, a cambio de la propiedad legítima de un terreno que lleva años en disputa.
Salazar es una zona boscosa en el municipio de Lerma, a 20 kilómetros de Santa Fe, Ciudad de México, y su principal uso es el de la siembra. Por su cercanía a la zona empresarial capitalina podría valer mucho para lograr edificaciones de diversos tipos; no obstante, los legítimos dueños se niegan a vender.
“Nos citaron para llegar a un convenio que nosotros les firmáramos, pobladores de Salazar, las tierras que ellos habían comprado a cambio de que les daban la libertad a los presos que tenían allá en Almoloya de Juárez […] Decían que si les dábamos las tierras, si los dejábamos bardar nuestras tierras, él (Bartlett Álvarez) les daba la libertad. que porque él tenía contacto directo con la persona indicada, que tenía detenidas a las personas que estaban allá”, declaró Maribel Becerril, madre de Daneyra Kikey y Yuriko Maribel Becerril, dos de las presas de la comunidad de Salazar.
El pleito por esas tierras lleva muchos años, de hecho empezó en la década de los 70 del siglo pasado contra la comunidad vecina de Ejido San Mateo Atarasquillo con un un proceso judicial agrario para dirimir a cuál de esas poblaciones corresponden 217 hectáreas; sin embargo, antes de que existiera una determinación jurídica al respecto, los habitantes de San Mateo vendieron fraudulentamente esas tierras a Carlos Slim y Jaime Azcárraga, que de acuerdo con Aristegui Noticias han construido ranchos en la zona, en la década de los 90.
Años después, entre 2013 y 2015 vendieron más predios de extensión pequeña a más personas, entre ellos a León Bartlett, quien compró una hectárea en marzo del 2015. Dicha extensión no sólo pertenece a la comunidad de Salazar, sino que también se encontraba en uso de cosecha.
“Hay tierras de cultivo. No hay forma de que esta gente no supiera […] No, nadie los engañó, siempre han sabido qué tipo de tierras son”, dijo Esther Goujón, otra comunera entrevistada por MCCI.
La disputa sólo se incrementó cuando en 2016 Bartlett y otros encabezados por el versado en derecho Mario Alberto de León Venegas intentaron tomar posesión de las tierras, acto que terminó en un enfrentamiento. Posteriormente, los representados por León Venegas promovieron una denuncia contra los habitantes de Salazar y los acusaron de privación de la libertad, lesiones y robo, hecho por el cual ocho comuneros fueron detenidos en agosto del 2017.
En febrero de 2018, tras meses de negociaciones con distintas instancias, representantes de Salazar fueron citados en un inmueble de la colonia Polanco en donde les dijeron que con una llamada los podían dejar en libertad, sólo que esto estaba condicionado a que entregaran los terrenos en disputa, las 13 hectáreas previamente mencionadas.
“Ahí estuvo él (León Bartlett) y varios abogados, y se portó como muy amenazante y déspota. Ofreció millones, que le dejáramos la tierra y nos daba esa cantidad de dinero para repartirla a las personas afectadas”, señaló Fabiola Vilchis, hija de Cutberto Vilchis, uno de los líderes comunitarios que fue encarcelado.
Sin embargo, los comuneros de Salazar estaban en la lista de presos políticos de López Obrador, quien al llegar al poder implementó una serie de medidas que terminaron en su liberación.
Una vez fuera de prisión, acudieron a una conferencia matutina en Palacio Nacional en Junio del 2019 donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay casos como este en el que los delitos son fabricados.