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TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas, 13 de Agosto de 2017.- En cada iniciativa propuesta al Congreso de Chiapas, se priorizó el lado humano, para que responda a los intereses reales del pueblo; plasmó la diputada Fabiola Ricci Diestel, Presidenta de la Comisión de Protección Civil, al rendir su informe.
La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), entregó su informe por escrito al Presidente del Congreso, Eduardo Ramírez Aguilar, quien reconoció el trabajo de su compañera diputada, al tiempo de sostener que se seguirá trabajando hasta el último momento en beneficio de la sociedad.
«El humanismo, se ha convertido en una labor en la tarea legislativa, es un compromiso que se convierten en el sello cotidiano», externó la legisladora ante una multitud que se congregó en el Centro de Convenciones de Tuxtla Gutiérrez, con la presencia de indígenas, empresarios, comerciantes, políticos y funcionarios.
Ponderó que para ella, lo más importante es la vida, de ahí que cada iniciativa, cada acción fue enfocada en eso; para que la gente tenga la protección, que exista riesgos y sí garantías consagradas en la Constitución local, elevándolas rango Constitucional.
Se alcanzó la meta de brindar una mayor y mejor protección al desarrollo de la niñez, por eso se hizo las modificaciones al código penal para atender el caso de pederastia, un problema que enfrenta la sociedad mexicana, hoy ya es tratada como un delito específico y además busca disuadir la comisión de la conducta criminal.
Así mismo expuso el tema de los Atlas de riesgos de las zonas en la entidad con población vulnerable, hoy se establece los niveles de riesgo, por lo que es imprescindible esto para autorizar todo tipo de construcción, obra de infraestructura o asentamientos humanos.
Además, se propuso la creación del Instituto de Bomberos que regula y protege la labor de ellos, que realizan acciones de contingencia en materia de incendios en la geografía chiapaneca, dotando de personalidad jurídica, autonomía y patrimonio propio.
Se propuso un punto de acuerdo por el cual se instruyó al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, a reforzar su actividad fiscalizadora a las administraciones anteriores a fin de fincar responsabilidad e imponer sanciones, en los casos que quedara demostrada la responsabilidad administrativa, por el quebranto patrimonial de los Ayuntamientos.