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22 Septiembre 2017
+ Elecciones, dinero al drenaje…
+ La degradación por la corrupción…
+ Comentarios al Margen…
Ruperto Portela Alvarado.
¿NADA ES ILEGAL POR LOS DAMNIFICADOS?…
Los propios legisladores y dirigentes de partidos entran en una controversia legaloide cuando la sociedad civil les exige desprenderse de una parte de sus voluminosas prerrogativas económicas para destinarlas a la atención de los damnificados por los terremotos del 7 y 19 de septiembre de este año en curso.
La mezquindad y avaricia de los políticos se observó inmediatamente cuando surgió la idea que de los más de 29 mil millones de pesos que costará la elección del 2018 se destinarán a los damnificados, dirigentes de partidos-franquicias argumentaron vanamente que “sería ilegal” utilizar esos recursos para rubros ajenos a que fueron etiquetados.
Solo para ilustrar el costo de “una democracia inexistente” y la más cara del mundo, en México las elecciones en sí misma costarán en este 2018, alrededor de 23 mil millones de pesos. A los nueve partidos políticos con registro nacional, se les repartirán por “financiamiento público”, 6 mil 778 millones de pesos, de la siguiente manera:
PRI. . . . 1 MIL 689 MILLONES DE PESOS.
PAN. . . . . 1 MIL 281 MILLONES DE PESOS.
PRD. . . . . . . . . . .773 MILLONES DE PESOS.
MORENA. . . . . . 649 MILLONES DE PESOS.
PVEM. . . . . . . 578 MILLONES DE PESOS.
MOV. CIUDAD. . 537 MILLONES DE PESOS.
ENCUENT. SOC. .398 MILLONES DE PESOS.
PANAL. . . . . . . . 441 MILLONES DE PESOS.
- . . . . . . . . . . . 377 MILLONES DE PESOS.
Habría que analizar en qué han contribuido los partidos políticos como instancias públicas y de beneficio social a la democracia, al desarrollo del país; al combate de la pobreza de 56 millones de mexicanos, a la paz social y la gobernabilidad. Hay una desconfianza a los partidos, a los políticos, a las instituciones emanadas de los mismos, llegando al hartazgo.
Son endebles las instancias electorales como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y los Organismo Públicos Locales Electorales (OPLEs), que llanamente no sirven para nada ante una derrama presupuestal que no merecen. Han sido omisos y en casos particulares cómplices de la violación a la propia ley.
Con esos antecedentes y las violaciones a la ley electoral que han cometido los partidos, sus dirigentes y candidatos, no habría “calidad moral” de la autoridad para declarar violatorio el uso o desprendimiento de una parte del presupuesto destinados a los partidos políticos para la atención de los damnificados por los desastres naturales, no solo de los terremotos del 7 y 19 de septiembre de este 2017, sino por las inundaciones y estragos causados por los huracanes en últimas fechas.
Habría que cambiar lo ilegal por lo humano (si fuese el caso) y no lo ilegal por lo ilegal (como ha sucedido reiteradamente en toda elección). He ahí el dilema: “violar la ley para beneficiarse o, violar la ley para beneficiar”. La ilegalidad (mínima, intrascendente) por el bien de la humanidad no es cuestionable; la ilegalidad para beneficiarse es execrable. Violar la ley para beneficiarse, también es abominable y no en el caso de, violar la ley para beneficiar y atender a los hermanos en desgracia”, si es que hubiese alguna violación a la ley.
Es aquí donde retomo el tema excelentemente explicado por el maestro ENRIQUE ALFARO SANTOS en la pregunta: “¿Y si vale la pena violar la Ley Electoral por una causa?, donde todos los partidos violan las leyes electorales por conveniencia, porque les es más beneficio que respetarla”. He ahí el cuestionamiento a partidos, dirigentes, autoridades electorales que son un cúmulo de marrullerías, complicidades e indicios de corrupción en muchos casos comprobables o comprobados.
Lo cierto es que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR puso el dedo en la llaga al declarar que un 20 por ciento de los recursos de MORENA, serían destinados a la atención de damnificados por los terremotos. DANTE DELGADO ya dijo que desde el 2015 propuso que los partidos no recibieran recursos públicos y el coordinador de los senadores priístas, EMILIO GAMBOA PATRÓN señaló que “solo bastaría una pequeña reforma a la Constitución para utilizar esos fondos electorales”.
La sociedad civil y muchas organizaciones más se han pronunciado porque el INE se deshaga de 7 mil millones de pesos para la reconstrucción de los Estados en ruinas por los sismos y para ello están recabando miles, más de un millón de firmas. Cuando menos otros partidos como el “violador” de la Ley Electoral, el Verde Ecologista; el PRD y el PAN, parecen que, “no les quedó otra” que estar de acuerdo en el uso de los recursos electorales en la atención de los damnificados. Ojalá así sea, “como dijo la beata”…
LA INMORALIDAD POLÍTICA Y EL GASTO…
Es claro que la historia post-revolucionaria de la administración pública llevó a la concentración del poder como lo pensó PLUTARCO ELÍAS CALLES con la creación de un partido del poder. El pretexto fue terminar con los gobiernos de caudillos y la lucha entre gavilleros revolucionarios rezagados de la lucha de 1910.
Todo aterrizó en una corrupción que ALVARO OBREGÓN definía con su sentencia de que “nadie puede aguantar un cañonazo de 50 mil pesos” y que “perro con hueso no ladra”. No lo podría definir con más precisión que a la postre se convirtió en una tendencia de “el que no transa no avanza”.
“La inmoralidad política ha permitido la irracionalidad del gasto público y la rapiña en una construcción de democracia inexistente, tan onerosa y endeble, que los partidos políticos, además de no servir para nada, son una pesada carga para los ciudadanos, los contribuyentes; para el erario público de los Estados y la Federación”.
En esa contribución que los partidos políticos, los gobiernos emanados de los mismos; las estructuras legislativas del Congreso de la Unión y las locales, han aportado para la corrupción y disminuido su calidad de representantes populares al constituirse en un apéndice de los gobiernos en turno, de cualquiera de los tres niveles de la administración pública.
Por eso, solo queda una vía de gobernabilidad y transparencia política, social y económica: la sociedad civil y las organizaciones NO Gubernamentales que incidan en hacer de la “cosa pública” una forma de atender las necesidades de los mexicanos y en este caso de los chiapanecos. Vamos en ese sentido y con la demanda de que los recursos destinados a los partidos políticos, a las instancias electorales; los gastos inicuos, superficiales, derroches y rapiña sean desaparecidos. Ahora se exige un destino más humanitario como el de la atención a los damnificados por los desastres naturales, inundaciones, terremotos y otras necesidades que son más urgentes para el desarrollo del individuo, que la política y unas elecciones que ya nadie le da la importancia que debiera.
Queda la reflexión para un análisis si es que lo merece, así como la atención de quienes tienen hoy el poder que han usado de manera irracional, perversa y corrupta, para su propio beneficio…
COMENTARIOS AL MARGEN…
La responsabilidad de la Secretaría de Protección Civil en Chiapas a cargo de LUIS MANUEL GARCÍA MORENO, es incalculable en términos de vidas que estarían en peligro de no ser evaluadas minuciosamente las sedes de las instancias estatales y municipales donde laboran miles de trabajadores al servicio del Estado y los Ayuntamientos.
Un S.O.S. es el que están mandando empleados de diversas secretarías y direcciones que se albergan en la Torre Chiapas y sus anexos, ante la falta de supervisión del estado en que se encuentra el inmueble de diecinueve pisos y una altura de casi cien metros. Las fotos que se han difundido de los deteriores de ese enorme inmueble deben llamar a la responsabilidad de las autoridades correspondientes en este caso.
Lo mismo hay que hacer con el Palacio de Gobierno, el Federal y Municipal en Tuxtla Gutiérrez y las otras sedes de Ayuntamientos, cuando 95 de ellos fueron afectados por los temblores del 7 y 19 de septiembre. El “Edificio Valanci” de la Avenida Central Poniente ya mandó un mensaje de peligro y está en supervisión como se informa también, que ayer lo hicieron con el “Edificio Plaza” que se localiza detrás de Catedral San Marcos, en que se desempeñan empleados de la Secretaría de Gobierno, el Congreso del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Esa es la función de la Secretaría de Protección Civil, quien tiene hoy un gran reto de salvaguardar la seguridad y vidas de muchos trabajadores del Gobierno del Estado; alumnos de diversas escuelas primarias, secundarias, bachilleratos y universidades. Lo dejo al criterio de quien corresponda…
Se acabó el mecate… Y ES TODO…
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MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE COLUMNISTAS CHIAPANECOS. A.C.