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+ Funcionarios destacan la necesidad de usar capacidad de CFE y fortalecer a la empresa
+ Aumento de costos, participación de privados y atención de retos, comentarios de ponentes en contra
CIUDAD DE MEXICO, 02 de febrero de 2022.- Diputadas, diputados, funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), representantes del sector empresarial, consultores, académicos y sociedad civil, participaron en el Foro 10 del Parlamento Abierto de la reforma eléctrica, con el tema “Impactos económicos y financieros para la CFE y la hacienda pública de las reformas energéticas y su sostenibilidad”.
El tema se ha posicionado en la opinión pública
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, señaló que, de una evaluación entre los coordinadores de los foros, se puede decir que ha sido positiva porque el tema se está posicionando en la opinión pública. Las y los diputados “tenemos la posibilidad de estar nutriendo nuestro conocimiento sobre esta materia que tiene aspectos complejos, pero de interés para las y los mexicanos y para el futuro del país”.
Lo anterior, comentó, por la necesidad de tener energía limpia, barata, suficiente, a la mano y para todas y todos los mexicanos, incluyendo a los que viven en las zonas más distantes y que la situación económica no les ha dado la oportunidad de tener un mayor acceso a otros bienes que les sirven para desarrollar su vida.
Destacó que la Jucopo tomó la determinación de ampliar el debate, los foros y encuentros tanto en comisiones, en el Canal del Congreso y en la Junta, para hacer un bloque a empresarios interesados, grandes productores, grandes consumidores y personas que son fundamentales o que representan a empresas fundamentales, para analizar las finanzas, para hacer nuevamente la invitación a los gobernadores y para los líderes de opinión.
Intervenciones
Francisco Salazar, socio-fundador de las consultoras Enix, Gadex y Trust Inteligencia de Entorno, coordinador de la Conferencia Internacional de Reguladores (ICER) e integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), mencionó que con la reforma propuesta el costo de generación y el de suministro básico aumentarán. Además, en ambos hay un claro incremento en el consumo de combustóleo.
Eso, dijo, hace pensar que uno de los motivos fundamentales de la reforma es la necesidad de consumir el excedente de este combustible, obtenido en las refinerías como resultado de la idea equivocada de que es más conveniente incrementar la refinación en el país, aunque cueste más. Preguntó quién pagará los 4 mil millones de dólares que implica la iniciativa, si los hogares mexicanos, la industria o los contribuyentes, y sobre los programas presupuestales que se afectarán, “porque como queda demostrado, la iniciativa tendrá este costo”.
Carlos Guerrero de Lizardi, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó que con la reforma de 2013 la generación por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se alejó de su punto de eficiencia. “En la pandemia estamos viviendo una situación similar, las empresas tuvieron que cerrar parcialmente o totalmente y todos podemos imaginar las consecuencias de este paro económico obligado”.
La producción por debajo de la eficiencia a la cual se le obligó a la CFE impidió generar los ingresos necesarios y hoy tiene que hacer frente a estos problemas que aparecen en el rubro de otros gastos porque se le prohibió producir la energía. “Con la reforma de 2021 se busca que la Comisión Federal de Electricidad utilice algo que es bien claro: su capacidad”.
Mariana Campos Villaseñor, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, afirmó que la propuesta de reforma eléctrica debe ser rechazada, toda vez que no fortalece a la CFE y no resuelve los retos del sector al poner en marcha un antiguo modelo de generación de electricidad en un contexto donde las energías limpias son urgentes.
Expuso que la propuesta no da claridad a la participación privada en el sector y cancela contratos, lo cual derivará en litigios y pagos de indemnizaciones valuados en más de 60 mil millones de dólares por la CFE; por lo tanto, la reforma limita el desarrollo de México. Añadió que aumentar la participación de la CFE en las condiciones actuales elevará el costo del servicio eléctrico, por lo que la reforma debería ampliar y no limitar la generación de electricidad.
José Arturo Cerón Vargas, director general de la empresa filial en la Comisión Federal de Electricidad Capital e integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, al fijar su postura a favor comentó que la propuesta del Ejecutivo Federal busca fortalecer a las empresas filiales, generar crecimiento y desarrollo económico, levantar capitales y dar certidumbre al público inversionista.
Mencionó que los instrumentos financieros son estratégicos para la CFE, porque permitirá el fortalecimiento de inversiones en el crecimiento del sector eléctrico para que a largo plazo sea sostenible. Añadió que el hecho de tener los mejores rendimientos depende de la tarifa de transmisión; estamos de la mano con el público inversionista y esperamos que con la reforma nosotros podamos atenderlos.
Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que en los últimos 30 años el modelo eléctrico ha evolucionado para lograr cuatro objetivos prioritarios para México: dinamismo económico, finanzas púbicas que favorezcan los objetivos sociales, sustentabilidad ambiental e integración global. “Esta iniciativa de reforma propuesta implica regresar a un modelo cercano a los años de 1960”.
Señaló que la participación privada en el sector eléctrico ha logrado avances incuestionables como el que las empresas lograron acceder a suministro eléctrico más competitivo; los recursos presupuestarios destinados al sector se optimizaron, incluyendo el fortalecimiento financiero de la Comisión Federal de Electricidad, se avanzó en la transición hacia fuentes limpias y se tuvieron los flujos de inversión extranjera en infraestructura eléctrica más altos en nuestra historia.
Miguel Santiago Reyes Hernández, director general de CFEnergía y CFE Internacional, se pronunció a favor de la reforma, toda vez que tiene como propósito terminar con la simulación del mercado eléctrico actual, respecto al bajo precios de las energías renovables, pues estás sólo toman en cuenta los costos variables.
Indicó que la CFE atiende a las poblaciones pobres, “lo que a los privados no les interesa llevar electricidad, porque no es rentable”. Aclaró que es mentira que la Comisión Federal de Electricidad sea cara y sucia, porque sí se consideran los costos de generaciones; se observa que las eólicas y solares no son las más baratas. Los costos fijos de estas plantas son muy elevados. “Sólo dicen verdades a medias y a modo”.
Preguntas y posicionamientos de diputadas y diputados
El coordinador del PRD, diputado Luis Espinosa Cházaro, preguntó si con esta reforma energética podrían o no bajar las tarifas para los hogares mexicanos, ¿sí o no, y por qué? Además, inquirió en qué ley hay una prohibición expresa a la CFE a no generar; “desde mi punto de vista, en ninguna, y las centrales no han despachado porque están obsoletas”.
Por MC, el diputado Manuel Jesús Herrera Vega preguntó si desplazar a empresas privadas y obligar a la CFE a cubrir cuando menos el 54 por ciento de la energía, se estaría tratando de facto a la CFE como una empresa única del ramo; si al convertirse en el único comprador de la generación eléctrica y el único vendedor del mercado ¿es piso parejo?; si al desparecer a los órganos reguladores ¿es piso parejo? y si es correcto que cada año se utilicen más recursos públicos para subsidiar a la CFE.
El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) comentó que la CFE está llamada a ser la empresa pública más importante del país y le dará a la nación muchísimos recursos y va a beneficiar al sector empresarial. “Entiendo que no quieran pagar las tarifas, pero eso no es competencia leal, eso es ventajas incorrectas al no pagar lo que tiene que cubrir”.
Luis Alberto Martínez Bravo, diputado del PVEM, manifestó que el modelo eléctrico tiene que cambiar, porque cuando se habla de autoabasto se dan cuenta cómo algunas empresas le dan vuelta a la ley para pagar lo mínimo, pero no lo justo. “La CFE no compra a precio justo las energías limpias sino lo más caro”.
Del PRI, el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez pidió conocer si se frenó a la CFE para construir una inversión privada, si compiten en igualdad la CFE y las empresas privadas, cómo se comporta la generación de energía limpia que produce la iniciativa privada, si es posible sostener el abasto en las zonas de difícil acceso, si se estaría de acuerdo en reformas secundarias para evitar posibles distorsiones en el mercado y si se estaría de acuerdo con que la CFE saliera completamente del presupuesto.
El diputado del PAN, Gabriel Ricardo Quadri de la Torre, pidió a los especialistas explicar en qué consiste el costo marginal, variable y nivelado para que se pueda tener un entendimiento parejo para discutir y no se propaguen mentiras. Asimismo, destacó que en la última subasta se logró el precio más bajo para la electricidad, esto es 400 pesos por megawatt, lo cual es cuatro o cinco veces más bajo que los costos de la CFE.
El coordinador de Morena, diputado Ignacio Mier Velazco, dijo que la reforma que hoy se analiza plantea mejorar la realizada en 2013. Ejemplificó que, con la actual ley, los recibos de electricidad, los conceptos de distribución, transmisión y capacidad tienen una disparidad en sus precios, porque en el caso de una tienda de conveniencia de una marca y otra es de cerca de 18 mil pesos. Ante ello, preguntó a los especialistas si esto no es ilegal y atenta contra la libre competencia.
Al iniciar una segunda ronda de preguntas, Mauricio Prieto Gómez, diputado del PRD, inquirió por qué en 70 años de la CFE no ha podido generar electricidad en la zona en donde las empresas privadas lo hacen o, como se dice, tienen el monopolio.
El diputado José Mauro Garza Marín (MC) señaló que el tema del medio ambiente es fundamental, por ello es necesario conocer en cuánto se ha incrementado el uso de combustóleo, porque de acuerdo con expertos causa daño a la salud y la CFE es el principal comprador. De aprobarse la reforma, dijo, podría aumentar entre 800 y mil cien por ciento. Además, inquirió sobre las afectaciones en la generación de empleos con la aprobación de la reforma.
Del PVEM, el diputado Carlos Alberto Puente Salas señaló que en este foro se coincide en que se deben arreglar cosas porque el modelo actual no va a dar, corregir y poner en salvaguarda a la CFE, ya que no se puede correr el riesgo de perderla. “Decir que no estamos en contra de nadie, bienvenidos los empresarios, industriales, la inversión; tenemos que hacer equipo juntos por México”.
Carlos Iriarte Mercado, diputado del PRI, indicó que el Estado de derecho es sin duda el modelo que quiere este país. “Preguntar sobre qué se hizo o se dejó de hacer en el marco jurídico que tenemos que ha tenido un impacto financiero y económico en los últimos tres años, particularmente en la reforma eléctrica de 2013”.
El diputado Ignacio Loyola Vera (PAN) comentó que lo que hace el gobierno está mal y lo que hizo ineficiente a la CFE fue la competencia. “Lo que queremos es que haya competencia, porque puede ser que nos pase lo mismo que con los medicamentos: que exista desabasto de energía”. Por ello, preguntó si es necesaria la reforma eléctrica para tener electricidad barata y si el sector empresarial está dispuesto a llegar a acuerdos contractuales, porque el problema es ese y no constitucional.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) expuso que la reforma establece como un derecho constitucional el acceso a la energía eléctrica, el cual tendrá que garantizar el Estado. Preguntó, al sector empresarial, por qué se oponen a este mandato y si están dispuestos a pagar lo justo por lo que consumen, e inquirió a loa CFE cuál sería el impacto económico de aprobarse la propuesta del Ejecutivo, y si las empresas de autogeneración pagan o no por la transmisión y distribución.
Respuestas de ponentes
Francisco Salazar precisó que con la reforma propuesta no van a bajar las tarifas, “de hecho, el resultado es que subieran y la única manera de evitar que suban, es con mayor subsidio, no hay de otra”. Hizo votos para migrar a un esquema tarifario distinto y destacó que lo que se requiere para que el país sea competitivo, es seguir con la reforma que se tenía y terminarla de implementar.
Afirmó que en México hay una regulación muy estricta en el manual de despacho, en donde las fórmulas establecen que los generadores den a conocer cómo van a ofertar, no lo pueden hacer libremente “porque hay desconfianza de que pueda haber manipulación; por eso, el modelo mexicano es uno de los mejores”. Precisó que en los últimos tres años ha sido más la energía limpia producida por privados que la de la CFE, pero desafortunadamente se paró la anterior reforma y se cancelaron las subastas.
José Arturo Cerón Vargas argumentó que el hecho de que la CFE deje de ser una empresa del Estado o que participara algún privado, en automático se cae la Bolsa de Valores, la “CFE es lo que hace que tenga vida ese instrumento; por eso, los inversionistas voltearon cuando fue su primera colocación en la oferta pública; cuando se dio el proyecto de colocación, se dieron todos los instrumentos financieros, perspectivas y planes”.
Añadió que la CFE por si sola representa un sentido social de proceso de generación de crecimiento económico y de desarrollo económico, lo que abona a mejorar la calidad de vida de la sociedad y de bienestar. “El objetivo es mejorar la calidad de vida. La CFE se debe fortalecer y que se tengan tarifas bajas”. Además, destacó que, con la reforma, constitucionalmente se pondrá el tema de transición energética como elemento importante y es relevante porque se habla de emisiones, bonos e inversiones verdes.
Al dar respuesta, Carlos Guerrero de Lizardi comentó que las tarifas sí van a bajar. “El paso previo es hacer todo el costo porque está lleno de subsidios; por ello, se debe hacer el costeo correspondiente. Asimismo, el crecimiento económico depende mucho de la inversión”.
“Recordemos las reformas de Fox y Peña Nieto; ellos afirmaron que con reformas la economía podría crecer 7 por ciento. La variable clave para que aceleremos el crecimiento económico es la inversión; sin embargo, la economía mexicana en dichos sexenios no tuvo incremento. No ha habido la inversión que se prometió”, agregó.
Carlos Salazar Lomelí explicó que la CFE tiene toda la capacidad para que a través de la trasmisión y distribución controle mercados, ponga tarifas, influya de alguna manera en la forma que se pueda distribuir la electricidad, y se deje a los privados que tengan el costo de la inversión y pidan prestado.
Manifestó que es necesario beneficiar a todos con las tarifas suficientemente adecuadas, una transición energética tecnológica adecuada, queremos el beneficio de nuestro país, que todo esto se traduzca en menor presión de inversiones. “Queremos que todos los mexicanos tengan acceso a energía barata y limpia; una CFE fuerte, eficiente, productiva y competitiva”.
Comentó que este parlamento buscar un mejor interés de nuestro país, el cómo hacer que la inversión que requiere un sector tan importante pueda ser de alguna manera financiada y promoverla.
Mariana Campos Villaseñor resaltó que la reforma que hoy se analiza no cuenta con un plan de financiamiento. Enfatizó que no se puede limitar la inversión privada, porque de lo contrario se generaría una limitante para el desarrollo del país, lo cual representa un costo superior a la indemnización. Manifestó su preocupación de que se planteé una reforma de este calado sin tener fuentes de financiamiento claras para la expansión de esta empresa.
Destacó que la inversión pública es insuficiente, toda vez que el monto per cápita en la electricidad es menos de la mitad de lo que fue en 1990, cuando quebró el sistema monopólico. “No es necesaria una reforma constitucional que le ponga más reto al desarrollo del país, lo haga poco competitivo y que las personas lo vivan a través del desempleo”.
Miguel Reyes Hernández destacó que la propuesta del Ejecutivo garantiza una transición energética ordenada, una sostenibilidad de la empresa de la CFE, un equilibrio entre privados y públicos, una regulación de los monopolios para terminar con la voracidad del mercado y, lo más importante, una tarifa de servicio justa para la ciudadanía, toda vez que se velará para que la electricidad sea un derecho humano y no una mercancía.
Afirmó que la reforma también plantea orden en la transición energética y aclaró que no está en contra de la inversión privada, sino del sistema oligárquico que saquea y ha permeado en las mismas instituciones públicas para que se trabajen a favor de las grandes multinacionales o corporaciones internacionales y en contra de la empresa de los mexicanos, la CFE.
Añadió que, de acuerdo con cálculos de la propia CFE, el mercado energético vale 315 mil millones de dólares, por lo que la inversión de los privados, la cual oscila entre los 44 mil millones, no debe adueñarse de todo lo que ha invertido en 85 años el pueblo mexicano a través de la CFE, la cual vale 377 mil millones de dólares. Apuntó que, en la actualidad, la CFE tiene 35 contratos que le obligan a comprar la energía y además les otorga las plantas a las empresas privadas.