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+ La diputada de Morena propone reformar al artículo 7 de la Ley Minera, en materia de transparencia y acceso a la información pública
CIUDAD DE MEXICO, Palacio Legislativo, 30 de septiembre de 2022 (Notilegis).- La diputada Adriana Bustamante Castellanos (Morena), secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informó que impulsa una iniciativa para que la información sobre la producción y extracción minera, así como de las ganancias económicas de las empresas de esa industria, sea carácter público.
“La propuesta tiene como objeto modificar el artículo 7 de la Ley Minera, a fin de que la información solicitada sobre la producción, beneficio y destino de los minerales, geología de los yacimientos y reservas del mineral, así como sobre los estados económicos y contables de empresas mineras y metalúrgicas, sean de carácter público en beneficio del Estado”, dijo en conferencia de prensa.
Agregó que el otro de los objetivos es el garantizar el derecho a un medio ambiente sano, al que toda la sociedad mexicana debe gozar, en especial las poblaciones en los que se encuentran asentados los proyectos de esa industria.
La diputada apuntó que el proyecto también considera que dicha información debe estar disponible y actualizada a través de los Sistemas Digitales de Información Geológica y Cartografía.
Subrayó que actualmente la información sobre las actividades del sector minero mantiene el carácter de confidencial, y sin esa información las comunidades que conviven con dicha industria no pueden emitir una postura informada cuando se les consulta.
“La ausencia de conocimiento oportuno, veraz, completo e intercultural sobre los proyectos y sus impactos socioambientales ha ocasionado que las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas no tengan herramientas para participar adecuadamente en los procesos de consulta previa”, señaló.
Bustamante Castellanos refirió que la Ley Minera data de 1992, y surgió en el marco de la negociación del extinto Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para incentivar estructuras neoliberales.
“La aplicación de esta ley, como lo han demostrado datos científicos, ha provocado daños irreparables a los ecosistemas y territorios donde se lleva a cabo dicha actividad extractiva, así como daños a la salud de la población cercana”, externó.
Por último, apuntó que en el sexenio de 2012 al 2018, al menos el 11 por ciento del territorio nacional se ha concesionado a alguna empresa, apropiándose de los bienes comunes naturales del país sin que importe el impacto en la población.
Por su parte, la diputada federal por Veracruz, Claudia Tello Espinosa (Morena), informó que en su estado se emitieron cinco concesiones a días de terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto, sin embargo, con el apoyo del Gobierno Federal actual se logró el respeto a la vida. “Sí a la vida y no a la mina”, manifestó.
Además, indicó que tres de esas concesiones ya fueron canceladas por la Secretaria de Economía, por lo que llamó a seguir con el tema, para defender los derechos humanos, la vida y el territorio.