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+ De acuerdo al organismo defensor de los derechos humanos, el gobierno debe disculparse, resarcir el daño causado a Patishtán y esclarecer quién o quienes masacraron a siete policías en el municipio de El Bosque el 12 de junio del 2000.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas, 31 de Octubre de 2013/Eleazar Domínguez Torres.- Luego de aseverar que en México se violan sistemáticamente los derechos a la presunción de inocencia, al debido proceso, de igualdad ante la ley y a la no discriminación en contra de personas indígenas detenidas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (FRAYBA), señaló: “¡Júbilo! Es la palabra, el sentimiento, de quienes hemos esperado este día donde la LIBERTAD se escribe con mayúsculas”.
Sin embargo para este centro no gubernamental de los derechos humanos, la libertad del profesor tzolzil recluido trece años de manera injustificada debe estar acompañada del perdón público por este encarcelamiento arbitrario, el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la emboscada del doce de junio del 2000, así como la reparación integral de los daños ocasionados al profesor Alberto Patisthan.
En el contexto de las argumentaciones el Frayba sintetizo: “en el encarcelamiento arbitrario del profesor Patishtán, cuya inocencia ha quedado demostrada de manera pública al igual que las deficiencias en el sistema de justicia penal.
El esclarecimiento de los hechos ocurridos en la emboscada del 12 de junio del 2000, ya que se dan en el contexto de la militarización y de los operativos contra los municipios autónomos. En particular de los actos violentos en Chavajeval y San Pedro Nixtalucum, del municipio El Bosque y cercanos al municipio autónomo de San Andrés Sakamch´en de los Pobres.
Resulta imprescindible una investigación imparcial y exhaustiva, dado que las familias de los policías asesinados tienen derecho a la verdad, saber qué pasó el día de la emboscada, sus móviles y quiénes cometieron el crimen; para deslindar así responsabilidades identificando y sancionando plenamente a los autores materiales e intelectuales de los hechos.
La reparación integral de los daños en el caso del profesor Patishtán, ya que 13 años de prisión truncaron su proyecto de vida y la de su familia, además de que el encierro prolongado, sumado a la negligencia médica, casi lo dejó ciego y puso en riesgo su vida”.
Al tiempo que refrendó su compromiso de seguir impulsando las medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la atención eficaz y de calidad a la salud del profesor. Y mantendrá también la petición por violaciones a derechos humanos, que interpuso desde agosto de 2010, ante la CIDH en contra del Estado mexicano.
Según el organismo defensor de los derechos humanos, el gobierno debe disculparse, resarcir el daño causado a Patishtán y esclarecer quién o quienes masacraron a siete policías en el municipio de El Bosque.
El Frayba, la primera instancia en asumir la defensa de Patishtán Gómez, denunció que en México se violan sistemáticamente los derechos a la presunción de inocencia, al debido proceso, de igualdad ante la ley y a la no discriminación en contra de indígenas detenidos.
La agrupación fundada por el obispo Samuel Ruiz García se unió este jueves a la celebración de libertad de Alberto Patishtan, “a quien el gobierno sometió por más de 13 años a un encierro injusto, tal y como es el patrón en el sistema jurídico mexicano hacia las personas presas políticas”.
La acción del Estado mexicano, advirtió la ONG, debería incluir como mínimo tres exigencias:
“Pedir perdón público como parte de su responsabilidad en el encarcelamiento arbitrario del profesor Patishtán, cuya inocencia ha quedado demostrada de manera pública, al igual que las deficiencias en el sistema de justicia penal”.
Asimismo, esclarecer los hechos ocurridos en la emboscada a policías el 12 de junio del 2000, “ya que se dio en el contexto de la militarización y de los operativos contra los municipios autónomos. En particular de los actos violentos en Chavajeval y San Pedro Nixtalucum, del municipio El Bosque y cercanos al municipio autónomo de San Andrés Sakamch’en de los Pobres”.
El Frayba también propuso la reparación integral de los daños en el caso del profesor Patishtán, “ya que 13 años de prisión truncaron su proyecto de vida y la de su familia, además de que el encierro prolongado, sumado a la negligencia médica, casi lo dejó ciego y puso en riesgo su vida”.
Al tiempo que agregó: “El poder judicial niega sistemáticamente el acceso a la justicia contra la población excluida, en su mayoría indígena. Así lo evidencia el caso del profesor Patishtán y otros procesos pendientes en Chiapas como los presos: Antonio Estrada Estrada y Miguel Demeza Jiménez, indígenas tseltales adherentes a La Sexta Declaración de la Selva Lacandona en San Sebastián Bachajón; Alejandro Díaz Sántiz, solidario de La Voz del Amate; y el profesor Noé Hernández Caballero, de la Organización Nacional del Poder Popular; los siete presos Loxichas en Oaxaca; el de Nestora Salgado en Guerrero; las guardias comunitarias de Aquila Michoacán recluidos en Veracruz; por mencionar algunos”, finaliza.