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+ El estado mexicano ha criminalizado la protesta social y pacífica
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas, 12 de Junio de 2016./Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2016.-El propietario y director del Diario Contrapoder de Chiapas, José Adriano Anaya interpuso el 6 de junio pasado formal queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), contra los secretarios de Gobernación y Educación Pública, Miguel Ángel Osorio Chong y Aurelio Nuño Mayer, respectivamente, por violaciones graves a los derechos humanos y garantías fundamentales, la libre manifestación, expresión y reunión en agravio de los maestros que se encuentran en plantón y ciudadanos que se manifiestan a favor de los mismo.
La queja también dirigida en contra Enrique Galindo Ceballos, comisionado nacional de Seguridad y jefe de la Policía Federal preventiva, así como del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, José Luis Llaven Abarca, a la fecha la CNDH no ha notificado que ya le dio entrada a la queja, ni que se ha turnado a la Visitaduría General.
En la queja dirigida al presidente de La CNDH, Raúl González Pérez se plantean tres elementos: que se investigue las violaciones a derechos humanos por parte de la PFP, la importancia del diálogo y que la CNDH emita las medidas cautelares a que haya lugar después de su investigación.
Cabe mencionar que la queja fue interpuesta ante la serie de violaciones y vejaciones que la fuerza policiaca ha ejercido en contra de los maestros de la CNTE en plantón indefinido desde el pasado 15 de mayo en la capital de Tuxtla Gutiérrez, para exigir la abrogación de la reforma educativa y la instalación de una mesa de diálogo.
Otra acción que motivó la queja fue que a partir de la publicación y entra en vigencia de la Ley de Educación aprobada por el legislativo federal en el año 2012 se empezaron a externar algunas voces y sectores magisteriales en contra de la misma, argumentando que no existía consenso y además que no se trataba de una reforma educativa, sino de una de carácter laboral que desconocía los derechos adquiridos e irrenunciables, por lo que en diversas parte del país se iniciaron movimientos de protesta en contra de ella, siendo más evidente las que se dieron en Chiapas, por las condiciones sociales, políticas y culturales muy diversas de otras entidades de la república.
En el presente año se intensificaron aún más las muestras de inconformidad, iniciándose acciones de protesta social cuando el hoy secretario de Educación, Aurelio Nuño –artífice de la reforma-, inició acciones concretas para implementarlas, desconociendo las graves condiciones de extrema pobreza y marginación que existen en Chiapas, por lo que de inmediato se pronunciaron y reiniciaron acciones de protesta del magisterio.
En el documento de nueve cuartillas enviadas a la CNDH, acu José Adriano Anaya acusa que desde el inicio de estas manifestaciones de protesta social, la federación por conducto de Aurelio Nuño, inició una política de agresiones y amenazas veladas ya que manifestó públicamente de manera sistemática que los docentes sería corridos de sus trabajo, que se les rescindiría la relación laboral de inmediato sino regresaban a las aulas, esto con independencia de las agresiones, descalificaciones de algunos medios oficiales de comunicación, quienes de manera continua denostaban a los sectores del magisterio disidentes, quienes continuaban en sus manifestaciones de protesta social pacífica.
Asimismo, el documento destaca actos violatorios de derechos humanos de las corporaciones policiacas federal y estatal en contra de los maestros, medios de comunicación y ciudadanía en general, lo que ha provocado la inconformidad social que ha logrado el movimiento magisterial simpatía que suma con ello un movimiento ciudadano con padres de familia, estudiantes, amas de casa, campesinos, la burocracia, ong´s, la iglesia, por mencionar algunos.
Resalta, entre otras cosas que de acuerdo a los hechos e información con la que se cuenta, claramente se aprecia un signo de “autoritarismo gubernamental”, en agravio de la protesta social y pacifica actual, contrario a un Estado Social y Democrático como lo es el Estado Mexicano, ya que existe cierre de espacios de diálogo con los inconformes, represión policial, descalificación de quienes se manifiestan y protestan, politización de la vida civil, inaccesibilidad a los medios de comunicación de los inconformes y sobre todo ataques directos a la asociación profesional, en suma, criminalización de la protesta social y pacífica./Noticias/Diario Tribuna Chiapas/2016.