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Se pusieron a disposición de la ASF 30 mil expedientes, replica SFP/Milenio
Detecta SAT deducciones sospechosas por 5 mil mdp mediante el RIF/La Jornada
Pagan Jóvenes construyendo el futuro a fallecidos y trabajadores de gobierno/Forbes México
Senado pasa prueba de ácido de Auditoría; tiene señalamientos por sólo 497 mil pesos/Excelsior
Sebastián Barragán/Aristegui Noticias/AN
CIUDAD DE MEXICO, 21 de febrero de 2021./Sebastián Barragán/Aristegui Noticias/AN.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que en la operación de los “Servidores de la Nación” se deben aclarar pagos por 561 millones 986 mil pesos debido a una serie de irregularidades en su contratación, registro y comprobación durante 2019.
También encontraron una serie de irregularidades sobre los sistemas informáticos donde se capturó la información del llamado Censo del Bienestar, donde figuran 14 millones de registros con algún tipo de irregularidad o faltante y cuyo funcionamiento no pudo ser explicado por altos funcionarios de la Secretaría del Bienestar.
A continuación se reproducen extractos de la auditoría practicada a la Secretaría de Bienestar.
Los auditores presumen un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 321 millones 90 mil pesos por pagos realizados a “Servidores de la Nación” que no cuentan con la documentación comprobatoria (reporte de percepciones y nóminas) y comprobantes fiscales digitales por internet, como lo marca la normativa.
Encontraron transferencias por 87 millones 581 mil pesos a tres cuentas bancarias para cubrir los honorarios de varios “Servidores de la Nación”, pero nos presentaron documentos para sostener la afirmación.
Los auditores detectaron que 138 “Servidores” tenían otros empleos en la misma Secretaría del Bienestar. Además, 335 “Servidores” recibían honorarios por ser prestadores de servicios profesionales para el programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez.
En la auditoría se encuentran testimonios de “Servidores” que no firmaron sus contratos ni reportes de trabajo, aunque posteriormente sí recibieron el pago. Se describe el caso de una persona que recibió 45 mil 875 pesos por trabajar cuatro meses de 2019, aunque cuando lo entrevistaron el funcionario reconoció que en 2019 no firmó ninguno de los contratos e informes de actividades que la Secretaría de Bienestar presentó para acreditar los pagos.
SISTEMA SIN EXPLICACIÓN
Los auditores entrevistaron a tres altos funcionarios de la Secretaría del Bienestar (director general adjunto de Estrategias y Proyectos, director general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y director general adjunto de Planeación) y ninguno supo explicar cómo funciona el sistema informático donde quedaron asentados los datos recopilados por los “Servidores de la Nación”
Los auditores preguntaron por el funcionamiento del Sistema de Desarrollo Integral Regional y la App Cuestionarios, pues en estos sistemas quedó la información del llamado Censo del Bienestar.
Sin embargo, la ASF nunca pudo “conocer con exactitud el funcionamiento, operación, personal responsable de su operación y validación de la información contenida en el sistema, así como la fecha de su captura y registro (etc.) entre otros elementos que permitieran determinar de qué forma los ‘Servidores’ realizaron las actividades vinculadas con el Censo de Bienestar”.
Al revisar los datos capturados en el Censo del Bienestar encontraron inconsistencias, entre las que destacan:
- 35 mil 707 registros repetidos
- 14 millones 312 mil registros con algún tipo de irregularidad
- Un millón 750 mil registros con algún campo vacío.
En total, se tenía previsto censar a un total de 31 millones 949 mil viviendas, pero solo existen 9 millones 888 mil registros únicos de CURP (Clave Única de Registro de Población) capturados, aunado a que no se ubicó información sobre las condiciones socioeconómicas de las personas y hay irregularidades que complican ubicar a los posibles beneficiarios de programas sociales.
Se pusieron a disposición de la ASF 30 mil expedientes, replica SFP
Jannet López Ponce/Milenio
CIUDAD DE MEXICO, 21 de febrero de 2021./Jannet López Ponce/Milenio.- La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, sostuvo que pusieron a disposición de la Auditoría Superior de la Federación más de 30 mil expedientes y nunca recibieron solicitudes adicionales o aclaraciones, pero ordenó que se apliquen las sanciones correspondientes que deriven del informe de la ASF.
A través de un comunicado firmado por Sandoval, indicaron que la Secretaría de la Función Pública le da la bienvenida al Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2019 y negó que existieran resistencias a la fiscalización como se señaló.
“Se pusieron a disposición de la ASF más de 30 mil expedientes que requirió. En este informe la ASF no emitió ninguna promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias, ni solicitudes de aclaración alguna hacia la Secretaría de la Función Pública.
“He girado instrucciones para que todos los Órganos Internos de Control (OIC) —que son las células de reacción inmediata para combatir la corrupción y construir una nueva ética pública— den seguimiento a la implementación de las recomendaciones, observaciones e investigaciones y, en su caso, inicien los procedimientos sancionadores-administrativos necesarios que se deriven de los hallazgos identificados en este informe”.
Aseguró que como órgano fiscalizador y corresponsable de la lucha contra la corrupción en la administración pública federal, mantienen un pleno compromiso por colaborar con la Auditoría Superior de la Federación. Y garantizó que darán seguimiento a los resultados de estas auditorías y al informe presentado.
“Como en el resto de las acciones emitidas por la ASF, la Función Pública trabajará para implementar las sugerencias de los auditores y construir juntos una buena administración federal en beneficio de las mexicanas y los mexicanos”.
También destacó que el resultado de esta fiscalización demostró que hubo una reducción de 64 por ciento en las promociones del ejercicio de facultad de comprobación fiscal, un 34 por ciento en las responsabilidades administrativas y un 22 por ciento en los pliegos de responsabilidad en comparación con lo detectado en la cuenta pública del 2018.
“Ambas instituciones copresidimos el Sistema Nacional de Fiscalización, y juntos hemos impulsado una visión novedosa, preventiva y con participación ciudadana, lo cual nos ha permitido enfrentar el desafío de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19”, agregó.
Detecta SAT deducciones sospechosas por 5 mil mdp mediante el RIF
Braulio Carbajal/La Jornada
CIUDAD DE MÉXICO, 21 de febrero de 2021./Braulio Carbajal/La Jornada.- Mediante supuestas contrataciones de personas con edades que rebasaban los 100 años o hasta fallecidas, entre 2015 y 2019 algunas empresas registradas bajo el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) dedujeron, bajo comportamientos fiscales no correctos, un total de 5 mil 76 millones de pesos, informó el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
En un comunicado, el organismo explicó que a partir de diversas quejas recibidas durante 2020 sobre contribuyentes que les fueron timbrados recibos de nómina por patrones que desconocían (en su mayoría registrados en el RIF), se identificaron diversas anomalías.
Para corregirlas, dijo, tomó acciones preventivas con el propósito de identificar con mayor celeridad empresas factureras y/o relacionadas presumiblemente con lavado de dinero.
De esta indagación derivó una fuerte depuración del padrón de empresas registradas en el RIF, de un total de 5.3 millones contribuyentes registrados se procedió a la eliminación de todos aquellos que no habían estado operando de manera adecuada en los últimos meses, por lo que sólo quedaron 3.1 millones.
Es decir, del total de los contribuyentes con actividades económicas y fiscales en este régimen, 41 por ciento tenía algún tipo de anomalía.
Entre algunas de las anomalías destaca que las empresas «contrataban» a personas con edades superiores a 100 años y facturaban 1.99 millones de pesos cuando el límite es de 2 millones de pesos; además, dichos gastos los declaraban como deducibles.
Pagan Jóvenes construyendo el futuro a fallecidos y trabajadores de gobierno
Forbes México
CIUDAD DE MEXICO, 21 de febrero de 2021./Forbes México.- El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro pagó los apoyos a personas fallecidas y tuvo entre sus principales beneficiarios a personas que trabajaron para instancias de gobierno, reportó el sábado la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En su informe individual de 2019, señala que se pagó el apoyo correspondiente a un mes a 68 jóvenes beneficiarios después de su fallecimiento, con lo que sumó un total de 482.4 mil pesos.
“Se determinaron transferencias bancarias realizadas con fechas posteriores a las fechas de fallecimiento de 68 beneficiarios durante el ejercicio 2019 por un importe total de 482.4 miles de pesos, lo que constató la falta de acciones para verificar, monitorear y dar seguimiento al desempeño del Programa en incumplimiento a lo establecido en el artículo 16, fracciones XI y XIX, del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión; por lo que, no se cumplió con lo indicado en el artículo 134, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, refiere el informe de la ASF.
De acuerdo con la STPS, los encargados de dar de baja a los beneficiarios del programa son los Centros de Trabajo, por lo que a partir de enero pasado se acordó que se revise bimestralmente con el Registro Nacional de Población la lista de beneficiarios.
Aunado a ello, la ASF detalló que la STPS no reportó la vía por la que se realizará la recuperación de los recursos, por lo que la observación del ejercicio indebido del presupuesto persiste.
La ASF también identificó que durante 2019 los centros de trabajo que registraron a mayor número de becaros fueron instancias de gobierno: la Coordinación General de Programas Integrales de Desarrollo con 41,815 jóvenes; la Secretaría de Bienestar con 26,939; el Consejo Nacional de Fomento Educativo con 21,559; la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con 19,519; y la Coordinación Nacional de Protección Civil 10,797; lo que en su conjunto representan el 10.7% de los becarios registrados en ese año.
“Como puede observarse, los Centros de Trabajo con mayor número de beneficiarios del Programa son entidades de gobierno, con lo cual, se constató que un porcentaje significativo de beneficiarios se concentró en entidades del sector público”, dice el documento.
En su reporte, la ASF también señala que de los 195,454 centros de trabajo que registraron a 1.1 millones de personas como aprendices, 57,418 no presentaron RFC en su registro en la plataforma digital del programa. Además, resaltó que los estados de Chiapas, Edomex, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Veracruz concentraron a 60.9% de los jóvenes.
Evaluación no mide los objetivos del programa
En tanto, la ASF también se señala que las evaluaciones que se realizaron a los aprendices durante su estancia en los centros de trabajo no aportan a medir los avances de los objetivos del programa, además de que ofrecen calificaciones subjetivas que miden si los evaluadores están de acuerdo con los avances.
“Las evaluaciones realizadas a los becarios no cuentan con los elementos suficientes para poder acreditar que cumplieron con los objetivos y las actividades previstas en el Plan de Capacitación que elaboró el Centro de Trabajo; toda vez que, incluyen únicamente se indican cuatro conceptos a evaluar: ‘asistencia’, ‘respeto al Centro de Trabajo’, ‘desempeño’ y ‘actitud’, los cuales son evaluados señalando cualquiera de las cinco
opciones siguientes: ‘Totalmente de Acuerdo’, ‘De acuerdo’, ‘Medianamente de acuerdo’, ‘En desacuerdo’ y ‘Totalmente en desacuerdo’”, refiere el análisis.
El reporte encontró además centros de trabajo que no recibieron visitas de inspección de parte de la STPS, o anomalías como reportes que no cuentan con firmas de los tutores de los centros de trabajo, o centros de trabajo en casas habitación y los cuales jamás contestaron el teléfono a los “Mentores de la Nación”.
Senado pasa prueba de ácido de Auditoría; tiene señalamientos por sólo 497 mil pesos
Excelsior
excelsior.com.mx
CIUDAD DE MÉXICO, 21 de febrero de 2021./Excelsior/excelsior.com.mx.- Por primera vez, el Senado pasó sin mayor problema la prueba de ácido de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), al demostrar un gasto transparente de su presupuesto durante el 2019, pues esta vez no recibió críticas a la entrega de miles de pesos injustificados a órganos de gobierno y sólo tuvo un requerimiento por el gasto de 497 mil pesos respecto a la instalación de nuevos elevadores.
La Auditoría Superior de la Federación detectó que el Senado erogó 497 mil 571.57 pesos para el proceso de instalación de los nuevos elevadores, sin el sustento técnico suficiente, por lo que está a la espera que la institución legislativa entregue la información detallada.
Los resultados de la auditoría aplicada al ejercicio presupuestal del 2019 al área de obras del Senado indica que éste solventó los gastos por dos millones 389 mil 103.69 pesos, gracias a la “intervención de la ASF”, pero quedaron pendientes por aclarar 497 mil pesos.
De acuerdo con información obtenida por Excélsior entre las autoridades administrativas, esos 497 mil pesos se derivan de un nuevo estudio de estructura que se mandó a realizar, dado que el primero, para valorar la posibilidad de poner nuevos elevadores fue realizado antes del sismo del año 2017, y fue necesario hacer un nuevo estudio de estructura para saber si las condiciones de seguridad no habían cambiado.
“No se acreditó contar con diversa documentación el expediente del contrato de obra pública núm. OP/DGRMSG/140/11/19, por la modificación al funcionamiento estructural en las áreas a remodelar del edificio principal del Senado de la República, derivado de la adecuación de los cubos para la instalación de 15 elevadores.
“Falta de acreditación de los servicios prestados en el contrato núm. OP/DGRMSG/140/11/19, por 497.6 miles de pesos en la partida núm. PY Proyecto, clave PY 01, Revisión de proyecto ejecutivo y Memorias de cálculo de los cubos de los elevadores”, dice el Informe de la ASF presentado el pasado fin de semana.
Precisa que “se revisaron 11 contratos, de los cuales cuatro fueron de Adquisiciones, dos de Obra Pública y cinco de Servicios relacionados con las mismas, formalizados por el Senado de la República por un monto total contratado de 320 millones 323 mil 900 pesos, para le ejecución de diversos trabajos, de los cuales se revisó un monto de 161 millones 136 mil 800 pesos, que correspondió al total erogado en dichos contratos en el año 2019”.
Añade que “se determinó un monto por dos millones 886 mil 675.26 pesos; en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por dos millones 389 mil 103.69 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 49 mil 331.80 pesos se generaron por cargas financieras; 497 mil 571.57 pesos están pendientes de aclaración”.
Sospechan de quimios
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó en la Cuenta Pública 2019 que el Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) compró quimioterapias que no acreditó aplicarlas a niños y adolescentes con cáncer, además de pagos excesivos por horas extras.
La Cuenta Pública 2019 indicó la compra por 6.7 millones de pesos que no acreditó aplicarse a los menores de edad, aun cuando en dicho año padres de niños con cáncer se manifestaron en múltiples ocasiones por el desabasto de quimioterapias.
La ASF no pudo acreditar el suministro y entrega de cuatro medicamentos: Temozolomida, Dexrazoxano, Asparaginasa solución inyectable y Metotrexato Sódico, utilizados para los pacientes del servicio de oncología.
La auditoría también observó mil 309 pagos de horas extras en demasía por error en cálculo. Presentó diferencias en pagos de turnos extras correspondientes a mil 250 empleados y no acreditó el sustento legal autorizado para su pago.
Se observó que se pagaron hasta 257 turnos extras en una quincena a un solo trabajador, y las papeletas de justificación de horas y turnos extras no coinciden con los reportes de asistencia del Sistema Biométrico, ni con lo pagado, de acuerdo con el documento presentado a la Cámara de Diputados.
Se presume un probable daño por 3 millones 336 mil 964.46 pesos.