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CIUDAD DE MEXICO, 30 de septiembre de 2019./sinembargo.mx.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga un presunto daño al erario por más de 53 millones de pesos, el cual habría sido causado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) durante la administración de Luis Videgaray Caso debido al presunto ejercicio indebido de recursos asignados a consulados mexicanos en Estados Unidos, reveló una investigación de la revista Proceso.
De acuerdo con un reportaje publicado en su versión impresa, las indagatorias en torno a este supuesto desvió de recursos buscan determinar si existió “daño o perjuicio” por la falta de documentación que justifique y compruebe las erogaciones del presupuesto en los consulados mexicanos en Dallas y San Antonio, Texas; Raleigh, Carolina del Norte; Nueva York; Tucson, Arizona; y Los Ángeles, California.
En el caso de las irregularidades observadas en el consulado de Nueva York, la ASF identificó un posible daño o perjuicio a la Hacienda pública por 46 millones 817 mil 244 pesos, esto al no acreditar la entrega de servicios de difusión de materiales sobre protección para mexicanos en los Estados Unidos por 915 mil dólares, equivalentes a 16 millones 356 mil 540 pesos, y con dos prestadores de servicios por 1 millón 704 mil dólares, esto a pesar de que dichos servicios fueron pagados en su totalidad en noviembre de 2017.
Además, en el pliego de observaciones de la Auditoría detalla que también existe una investigación por 261 mil 906.26 pesos por la falta de documentación que sustente la aplicación de las erogaciones de los recursos asignados a tres representaciones de México en el exterior, los cuales habían sido destinados para el pago de prestadores de servicios independientes.
Otro inciso resalta la falta de transparencia en un pago de cinco millones 313 mil 117.72 pesos por servicios profesionales independientes que no se sustentaron en los reportes relativos a las actividades de 55 prestadores de servicios contratados por las representaciones de México en Dallas, Los Ángeles, Nueva York y Tucson, con cargo en la partida presupuestal denominada “Gastos de las oficinas del Servicio Exterior Mexicano”.
La Auditoría Superior de la Federación también indaga el destino de 25 mil 303.09 pesos que presuntamente fueron pagados a dos prestadores de servicios que rescindieron dos contratos con la representación de México en Raleigh, Carolina del Norte, por concepto de talleres informativos y de diagnósticos migratorios, sin que se proporcionara evidencia de que dichos recursos fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.
En el caso del consulado mexicano en San Antonio, Texas, la ASF analiza un pago de 702 mil 112.07 pesos hecho a un prestador de servicios que formalizó su contrato sin haber acreditado que presentó un reporte mensual y final al terminar la vigencia del contrato, documentos que debían ser presentados para comprobar los servicios prestados.
Hasta el momento, la Auditoría ha emitido 18 recomendaciones en torno a la investigación por el destino de 53 millones 94 mil 380 pesos; en una de ellas, la dependencia incluyó una serie de medidas que se deben tomar con el fin de prevenir que se presenten este tipo de irregularidades en el futuro.
Los contratos celebrados con prestadores de servicios extranjeros deben incluir las firmas de quien elaboró y autorizó, sello y fecha de recepción por parte del funcionario responsable de la supervisión y seguimiento de los servicios contratados; asimismo, que los recibos expedidos hagan referencia al contrato que corresponde y que los pagos a los proveedores se efectúen cuando los servicios hayan sido prestados efectivamente.
Finalmente, la investigación publicada por Proceso destaca que los consulados que actualmente se encuentran bajo investigación estaban encabezados en 2017 por Francisco de la Torre, en Dallas; Remedios Gómez Arnau, en Raleigh; Reina Torres, en San Antonio; Carlos García de Alba, en Los Ángeles, Ricardo Pineda, en Tucson, y Diego Gómez Pickering, en Nueva York.
Según testimonios de funcionarios de Relaciones Exteriores entrevistados por el medio para este reportaje, las órdenes para celebrar dichos contratos provenían directamente del titular de la dependencia, Luis Videgaray Caso, y de su exvocera Claudia Algorri Gómez.