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CIUDAD DE MEXICO, 27 de junio de 2024.- Durante esta primera mesa de diálogo, la diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena) subrayó la importancia de abordar los retos en materia de seguridad que enfrenta México y los gobiernos locales, así como estrategias innovadoras y experiencias internacionales que responden a diversas necesidades y contextos.
El aumento del gasto militar, la escalada bélica y la tensión geopolítica no parecen las recetas idóneas para avanzar hacia la paz. Enfatizó que los gobiernos locales y sus comunidades son claves para reforzar la democracia, defender el espacio cívico y aportar iniciativas y políticas que fomenten la paz y la convivencia pacífica.
Pietro Piffaretti, embajador de Suiza en México, comentó que los retos de paz y seguridad en nuestro país requieren de una respuesta amplia y profunda que ponga al centro a las personas y el Estado de derecho. Una respuesta militarizada sería parcial, pues podría desfragmentar a los grupos criminales y volvería más complejo combatir este fenómeno.
Joaquín Guillemí, especialista de ONU-Hábitat, estimó que se requiere de un enfoque que aplique una multiplicidad de estrategias en un solo espacio a distintos grupos poblacionales en riesgo, como mujeres, personas de escasos recursos o que sufren adicciones, y atender el desafío. de la falta de confianza en las instituciones. Además, consideró que se necesita de una participación activa de la comunidad, para crear una estrategia que trascienda más allá del periodo de un gobierno local de tres años.
Agustín Fernández de Losada, director del Programa de Ciudades Globales del Centro de Investigación en Relaciones Internacionales de Barcelona, expuso el proyecto que realiza actualmente de modelos de agendas urbanas públicas donde la paz y la seguridad es uno de los desafíos, y en el que se abordarán las múltiples expresiones de violencia en el entorno urbano mediante una política pública.
Renato Sales Heredia, exfiscal del estado de Campeche, apuntó que el primer piso de la seguridad pública debe ser un sistema de justicia cívica vinculado con la seguridad humana, las que son faltas administrativas deben ser atendidas en primer momento para evitar que se cree un “caldo delincuencial”. Declaró que ahora que se habla de la reforma al Poder Judicial se deben destinar recursos para capacitar a jueces cívicos en todo el país.
Teresa Ivette Navarrete Reyes, titular del Programa de Prevención del Delito en UNODC México, aseveró que en esta materia se necesita hablar de procesos participativos donde la responsabilidad y papel de los estados son esenciales, así como la presencia de la ciudadanía en sus diversos grupos como mujeres, jóvenes y niñez, e identificar riesgos escuchando a las poblaciones de manera diferenciada y conocer la violencia en sus diferentes tipos.
Javier Garduño, Líder de Proyectos de la Red de Ciudades Resilientes, opinó que las redes sociales se han vuelto un escaparate que ha ido debilitando el vínculo comunitario de empatía y solidaridad, por lo que éstas deben ser usadas de manera inteligente. Dijo que hoy se debe construir sobre lo ya avanzado y mejorar el uso a la información con la que se cuenta.