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+ Presentará el libro “Ni vivos, ni muertos” durante la FUL 2014; advierte que no hay perfil de víctimas definido y que el Estado invisibiliza el problema
PACHUCA DE SOTO, Hidalgo, 19 de Agosto de 2014.- Tras subrayar que no existen cifras absolutas respecto al número de víctimas de desaparición forzada en el país pero se cuentan por decenas de miles, el investigador y periodista italiano Federico Mastrogiovanni advierte una tendencia por parte del Estado a invisibilizar el problema, criminalizar a las víctimas y crear un juego de números donde se pierde la dimensión del problema.
Asimismo, advierte que la tendencia de los medios de comunicación y funcionarios públicos a sugerir que las víctimas están implicadas con el crimen organizado, equivale a justificar las desapariciones y la violencia, “es un poco decir que alguien más, que no es el Estado, tiene derecho de juzgar extrajudicialmente y esto es extremadamente peligroso” subraya.
Durante su participación en la Feria Universitaria del Libro, FUL 2014, que se inaugurará este viernes en la ciudad de Pachuca, el periodista italiano presentará su libro “Ni vivos ni muertos. La desaparición forzada en México como estrategia de terror”, donde sigue las historias de desapariciones forzadas desde la frontera sur mexicana hasta la frontera norte.
La obra editada por Penguin Randon House, inició como un documental para investigar la entrada de migrantes sudamericanos por la frontera sur, sin embargo la persistencia de desapariciones forzadas de migrantes, hizo a Federico Mastrogiovanni y su compañero Luis Ramírez Guzmán, modificar el proyecto inicial y acompañar los casos de desapariciones en busca de una explicación de lo que estaban observando.
“El recorrido se fue desarrollando con las historias, no teníamos claro cómo era el panorama de la desapariciones en México. Fuimos siguiendo los casos hasta darle un sentido a lo que estábamos viendo”, anticipa y describe la trayectoria de su investigación iniciando por la zona de Oaxaca, Tabasco y Chiapas, donde tuvieron los primeros contactos con las desapariciones, después el desarrollo del trabajo los llevó a Morelos, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Coahuila, Estado de México y Michoacán.
Luego de 3 años de investigación, Mastrogiovanni, apunta que a diferencia de las desapariciones de los años 70’s cuando el perfil de las víctimas coincidía con militantes políticos, estudiantes, grupos guerrilleros, simpatizantes o familiares, ahora no hay forma de ubicar un único perfil, aunque la población migrante se ha convertido en un sector altamente vulnerable.
“Las organizaciones de familiares de víctimas confirman que muchos de los desaparecidos son jóvenes entre 19 y 30 años, en edad de trabajo; personas de clase baja, medio baja y trabajadores con capacidades específicas, técnicos”, precisa el investigador y apunta que lo único que permanece constante es la consecuencia de la desaparición: generar terror.
El contexto de terror facilita el control de territorios, lo que beneficia directa o indirectamente a grandes empresas nacionales y transnacionales, pues tienen amplio margen para desarrollar megaproyectos sin que exista oposición de la ciudadanía, “esta es una explicación que entendimos a posteriori, obviamente no tenemos pruebas de que las empresas estén implicadas, pero en los hechos, resultan beneficiadas por esta situación”, afirma Federico.
En el libro “Ni vivos ni muertos”, que comparte título con el documental, Mastrogiovanni aborda la manera en que actores del Estado intervienen en los casos de desaparición, como agentes de las policías federal, estatal, municipal y migración o funcionarios públicos, quienes en general no le dan al tema la gravedad que tiene y su implicación va desde la falta de recursos y capacitación hasta la indiferencia, ineficiencia, corrupción, colusión y acción directa.
El periodista describe la desaparición forzada como uno de los problemas más graves en término de derechos humanos que tiene México y lamenta la tendencia de las autoridades a invisibilizar el problema, cayendo en un juego de cifras, “las organizaciones civiles hablan de más de 27 mil, Gobernación de 8 mil, lo que es muy triste si se considera que no son números, se trata de personas, familias, todas historias extremadamente trágicas y dolorosas”, afirma.
Finalmente, el joven autor estima que la única forma de poner un alto al problema es a través de la participación y el diálogo entre instituciones y sociedad, “el único actor que puede resolver este problema es el Estado junto con la sociedad civil, pero es fundamental que los ciudadanos se enteren de lo que está pasando y exijan justicia” concluye.