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CIUDAD DE MEXICO, 04 de agosto de 2019./Animal Político.- Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la Sedesol y de la Sedatu, y subalterno directo de Rosario Robles, firmó en 2013 dos convenios con universidades públicas, que derivaron en el presunto desvío de 881 millones de pesos de la Cruzada Nacional contra el Hambre a empresas fantasma, como parte de La Estafa Maestra.
Estos convenios se encuentran en el expediente de las 9 denuncias penales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde 2015. Sin embargo, ni la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ni ahora la Fiscalía, han procedido en contra de Zebadúa por dichos convenios.
Incluso, el Órgano Interno de Control de la Sedesol investigó al respecto en 2015, pero concluyó que ni Zebadúa, ni otros tres funcionarios de la dependencia, habrían incurrido en alguna irregularidad. No obstante, en 2018, la Secretaría de la Función Pública sancionó al funcionario que hizo la investigación por dar carpetazo al caso, y por exonerarlos sin sustento jurídico.
Al margen de estos convenios, Emilio Zebadúa fue denunciado penalmente por la Auditoría Superior de la Federación en octubre de 2018 por otro presunto desvío de 186 millones de pesos, ahora en la Sedatu, derivado de otro convenio con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, que también acabó en empresas fantasma.
Los convenios de Zebadúa
En marzo y mayo de 2013, Emilio Zebadúa, como oficial mayor de la Sedesol, firmó dos convenios generales con las universidades autónomas del Estado de México y de Morelos, para realizar supuestos servicios para la dependencia.
Los documentos, obtenidos por Animal Político vía transparencia, derivaron en otros siete convenios específicos con ambas universidades, y a través de los cuales hubo un presunto desvío de recursos entre 2013 y 2014, según denunció la Auditoría Superior de la Federación.
Las universidades debían cumplir con diversos servicios relacionados con la Cruzada contra el Hambre por 881 millones 41 mil pesos, pero en realidad se trató de un esquema de corrupción documentado en la investigación periodística La Estafa Maestra.
Esto consistió en que la Sedesol entregaba dinero a las universidades, y éstas se quedaban con 10% del monto y sin cumplir con ningún servicio, y a través de una violación de la ley federal de adquisiciones, le daban el 90% del dinero a una red de empresas fantasma o irregulares, por lo que los recursos públicos desaparecieron.
Apenas dos meses después de la presentación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la principal estrategia de combate a la pobreza del sexenio, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto y la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, comenzó la operación para la salida de recursos de la dependencia.
Emilio Zebadúa firmó el “convenio de colaboración” con Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, el representante legal de la Universidad Autónoma del Estado de México, el 1 de marzo de 2013, para “desarrollar proyectos y acciones de interés y beneficio muto”.
Los supuestos proyectos se establecerían en “anexos técnicos”, por ello, éste documento no acuerda una cantidad a pagar, sólo significó abrir la puerta para la salida de recursos con el aval del funcionario con mayor rango, sólo después de la secretaria.
El subalterno de Zebadúa, René Humberto Islas, entonces director de Recursos Materiales, firmó el anexo técnico con el apoderado legal de la Universidad, el 15 de abril de 2013, para entregar 159 millones 850 mil pesos de la dependencia a la institución, y que ésta realizara servicios.
Pese a que la tareas de una universidad eran ajenas a las solicitudes, en el anexo se acordó que la institución haría el concierto Compartamos la música, erradiquemos el hambre; implementaría redes nutricionales a nivel nacional (entrega de despensas) y organizaría un evento ferial para la participación de organizaciones de la sociedad civil.
La Universidad del Estado de México contrató a empresas para hacer los servicios, pero La Estafa Maestra documentó que las compañías eran irregulares e, incluso, fantasma, es decir, no tienen infraestructura real, personal trabajando, ni activos, y sólo simularon operaciones comerciales mediante la emisión ilícita de facturas.
Se trata de las empresas S&C Constructores de Sistemas, S. A. de C. V., Advanced Computer Knowledge, S. A. de C. V., Asesorías Nacionales Expanders, S. A. de C. V., Dumgago Systems Solutions, S. A. de C. V., y ESGER, Servicios y Construcciones, S. A. de C. V. que, aunque ni siquiera obtuvo algún contrato, recibió las transferencias de dinero de las otras empresas.
El segundo convenio firmado por Zebadúa ocurrió el 6 de mayo de 2013 con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y su rector, Alejandro Vera, que permitió la entrega de 721 millones de pesos de la dependencia a través de cinco anexos donde se acordaron los supuestos servicios.
Los cinco anexos fueron firmados por los subalternos directos de Emilio Zebadúa: Humberto René Islas, director de Recursos Materiales; Sonia Angélica Zaragoza, directora de Recursos Humanos y Enrique Prado Ordóñez, director de Adquisiciones y Contratos.
Y la Universidad debía, por ejemplo, proveer y distribuir material de apoyo para la operación de la Cruzada Nacional contra el Hambre en los 400 municipios más pobres del país, o crear un sistema de administración y seguimiento a los programas sociales con reglas de operación del gobierno federal.
Las empresas contratadas para supuestamente hacer los servicios resultaron ser fantasma: Prodasa S. A. de C. V., Grupo Comercializador Cónclave, Consolidación de Servicios y sistemas Administrativos, S. A. de C. V., y Meve Soluciones SA de CV. Como la universidad del Estado de México, también contrataron a Advanced Computer Knowledge, S. A. de C. V., y Dumago Systems Solutions, S. A. de C. V.
También apareció otra vez en este esquema la empresa ESGER, Servicios y Construcciones, que recibió 415 millones de pesos en transferencias sólo por esta universidad sin firmar contratos. Apenas en enero de 2018 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la incluyó en su lista de empresas fantasma.
La exoneración de Zebadúa
El 25 de agosto de 2015, el entonces director de Quejas del Órgano Interno de Control-Sedesol (OIC-Sedesol), Mauricio Razo, inició una investigación interna para determinar posibles responsabilidades de Emilio Zebadúa, y de otros tres altos funcionarios de Sedesol, en los convenios firmados por la dependencia con las universidades de Morelos y el Estado de México.
Los otros tres funcionarios investigados fueron: Humberto René Islas, entonces director de Recursos Materiales de la Sedesol; Sonia Angélica Zaragoza, exdirectora de Recursos Humanos; y Enrique Prado Ordóñez, exdirector de Adquisiciones. Los tres eran subalternos directos de Emilio Zebadúa.
Poco más de un mes después de iniciar la investigación, Mauricio Razo presentó los resultados de su investigación, a la que Animal Político tuvo acceso, en los que exoneró a los cuatro funcionarios por falta de pruebas.
Razo hizo cinco investigaciones, según los expedientes 2015/SEDESOL/DE911 y terminación DE912, DE913, DE914 y DE918. Y en todas concluyó que “no existen elementos para atribuir presunta responsabilidad administrativa a cargo de servidores públicos de la Sedesol, en razón de que dicha dependencia actuó en términos de los convenios de colaboración”.
Otro argumento de Razo para exonerar a los cuatro funcionarios fue que si las universidades habían subcontratado a empresas para cumplir el 100% de los servicios, ya no era responsabilidad de la Sedesol, aunque esto suponga una violación a la ley federal de adquisiciones, que solo permite subcontratar el 49% de los servicios.
Esta investigación del OIC-Sedesol fue utilizada públicamente en medios de comunicación por Rosario Robles, extitular de la Sedesol, como prueba de la inocencia de los funcionarios a su cargo, y para deslindarse de cualquier responsabilidad por presuntos malos manejos en la dependencia.
“Sin sustento legal”
Sin embargo, tal y como publicó este medio en octubre del año pasado, la Secretaría de la Función Pública anunció que sancionó a Razo con dos años de inhabilitación, por dar carpetazo sin justificación legal a las investigaciones en contra de los cuatro funcionarios.
Además, las organizaciones civiles México Evalúa y Fundar analizaron la investigación realizada por Mauricio Razo para exonerar a los cuatro funcionarios, y concluyeron que ésta fue “parcial”, “limitada”, “sin sustento” y carente de certeza jurídica”.
Los analistas concluyeron que Razo hizo interpretaciones erróneas o parciales de la Constitución mexicana, la Ley de responsabilidades de los funcionarios públicos, y de la Ley de Adquisiciones, bajo las cuales debió analizar la actuación de los cuatro funcionarios en los convenios de la Sedesol con las universidades.
Tras el anuncio de la sanción, Mauricio Razo tenía la posibilidad de recurrirla ante un tribunal federal. Animal Político preguntó a la actual Secretaría de la Función Pública si la sanción quedó firme o se desechó, pero no hubo respuesta, aunque Razo no aparece en el registro público de funcionarios sancionados.
De hecho, el extitular de quejas del OIC-Sedesol continúa laborando en el Gobierno Federal, ahora en la administración Andrés Manuel López Obrador.
Según el último reporte al 15 de julio del portal gubernamental Nómina Transparente, Razo ocupa ahora el cargo de Subdirector de Análisis y Prospectiva Política de Estados y Municipios, en la Secretaría de Gobernación de Olga Sánchez Cordero.