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Manuel Zepeda Ramos.
18 de abril de 2021
Nuestro país es rico en la tradición diplomática. Grandes mexicanos salvaron a judíos del holocausto, los exilios español y chileno significaron a grandes mexicanos que los propiciaron y la ley García Robles es hoy vigente en la autodeterminación de los pueblos, por solo mencionar algunos.
Sin embargo, el embajador Gutiérrez Canet lanzó a través de los medios una acusación seria dirigida hacia la secretaría de relaciones exteriores que no puede pasar desapercibida. Dijo a los medios que su titular está más preocupado por la adquisición de vacunas en todo el Mundo que en vigilar la buena marcha de esa institución tan importante y que tantas satisfacciones nos ha dado, palabras más, palabras menos.
Dijo que adentro de la cancillería se pelean todos, unos ya se fueron y otros se enfrentan unos con otros haciendo ruido a la buena marcha de esa oficina tan importante. Esta acusación manifiesta me trae a la memoria lo dicho varias veces en los Monólogos de la Mañana acerca de que es más importante la lealtad que la eficiencia y que los más de medio centenar de consulados en los Estados Unidos deberían ser ocupados por residentes mexicanos en aquel país sin reparar en que aquellos de doble nacionalidad no podrían ser funcionarios de una de las partes y que esos consulados son tan importantes que requieren del ejercicio de profesionales de carrera de gran experiencia -hay muchos y reconocidos-, en el territorio de nuestros socios fundamentales con quien debemos guardar excelente relación y eficiencia.
Son pues, señalamientos que deberán de ser corregidos de inmediato porque su funcionamiento como la gran oficina de relación con el Planeta debería de marchar como maquinita de reloj.
Hace unas horas, el senado de la república fue escenario de acontecimientos inimaginables, solo comparables a las elecciones de sociedades de alumnos de la secundaria.
La oposición ya los calificó como «golpe de estado» al poder judicial, entre otros calificativos.
Lo cierto es que el desaseo y el oportunismo, solo presentes cuando ya se pierde toda capacidad de acción respetable, inundó a la tribuna más alta de la nación. En pocas palabras: el senado de la república, en un albazo ya así calificado, le extendió al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de Larrea, dos años más de vigencia en su función de ministro presidente. Los colegiados de jueces y magistrados, casi de inmediato negaron que la serie de recomendaciones enviadas al senado, incluyera una aberración de ese tipo, atribución exclusiva del Poder Judicial de la Federación, que fuera «colada» por un legislador del partido verde ecologista en medio del documento completo y cerrar con anticipación el pizarrón electrónico de la votación.
El ministro presidente retuitió el de los magistrados y jueces, ya interpretada por los especialistas como el «rechazo» del ministro Saldívar a tan grande desaguisado.
Emilio Rabasa Gamboa, de raíces chiapanecas, abogado de prosapia y evidente pedigrí, hijo de canciller respetable y nieto de gobernadores: don Rafael Pascasio Gamboa y don Emilio Rabasa, este último el que trasladó los poderes de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez, resumió la aberración en cinco tiempos:
1.- La prórroga del mandato: solo son cuatro años sin relección en el período inmediato.
2.- El Senado y la cámara de diputados carecen de facultades para extender el mandato del presidente de la SCJN.
3.- El pleno de la SCJN solo está facultado para elegir a su presidente -art. 97-, no para ampliar su mandato. Se requeriría una reforma constitucional al mismo 97 por parte del Poder Reformador -art. 135-. Las cámaras estarían suplantando al ¡Constituyente Permanente!
4.- De confirmarse la ampliación que «coló» de último momento el verde ecologista en un artículo transitorio se «pisotea», tanto el derecho del pleno para designar a su presidente «suplantado» por otro poder, como el de los otros ministros que sí tienen el derecho de ser designados y que verían truncada su legítima aspiración a presidir la Corte.
5.- Si la cámara de diputados confirma esa alteración constitucional y además con un artículo transitorio -décimo tercero-, en una ley ordinaria, vulnera el 133 que establece la supremacía constitucional por encima de las leyes, jerarquía confirmada en tesis jurisprudencial de la propia Suprema Corte -semanario judicial, 1992-, pues subordina la norma suprema, a un artículo transitorio de una ley secundaria.
Esto, dice el doctor Rabasa Gamboa, coloca al doctor en derecho Lelo de Larrea, distinguido jurista y egresado de la Escuela Libre de Derecho y de la UNAM y maestro de la ELD, la UNAM, la UIA y la UP, en una disyuntiva que la acompañará toda su vida: rechaza la ampliación y preserva su nombre y prestigio como distinguido jurista o acepta la ampliación inconstitucional con lo que destruiría su bien ganada fama de jurista intachable, aceptando ser un presidente ilegítimo de la Corte.
Difícil pasar desapercibido, dice Rabasa Gamboa, el voto en contra del ministro presidente de la ampliación del término del actual presidente del TEPJF y del gobernador Bonilla en Baja California.
Mientras, en los M de la M del viernes Él dijo, palabras más, palabras menos, que no estaba enterado pero que le gustaba la aprobación.
Lo único cierto hasta el momento de escribir este artículo es que ya hay próximo nuevo presidente: el legislador del verde ecologista, «correo» del desaguisado, habrá de serlo pronto, pero de la sociedad de alumnos de una escuela secundaria, ahora que regrese a terminarla.
Mientras.
6 de junio no se olvida.
Falta poco.