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Juan Luis García Hernández/Sin Embargo
CIUDAD DE MEXICO, 09 de Enero de 2018./Juan Luis García Hernández/Sin Embargo.- Miguel Ángel Osorio Chong alista sus maletas para dejar la Secretaría de Gobernación y enfilarse rumbo al Senado de la República.
El fallido aspirante a la candidatura presidencial por el PRI lleva más de cinco años al frente de una dependencia que se reformó a su llegada –convertida en una “súper Secretaría”– para concentrar las tareas de seguridad interior del país.
Especialistas en derecho y analistas de seguridad ven que el regreso de Osorio Chong al Congreso de la Unión es un pago para que apoye a José Antonio Meade en su carrera por la Presidencia en este 2018, pues entrega “muy malas cuentas”.
Las cifras de homicidios, tortura y desaparecidos impusieron nuevos niveles históricos en el país; nunca se materializaron los cuerpos de seguridad élite, como es el caso de la Gendarmería Nacional y, entre otro compromisos incumplidos, no se concretaron las reformas para renovar a los cuerpos policíacos.
Era 17 de diciembre de 2012 y se celebraba la segunda Sesión Extraordinaria del Consejo de Seguridad Pública. El Presidente Enrique Peña Nieto, acompañado de Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), prometía que durante su gestión se trazarían objetivos claros para disminuir los homicidios y secuestros en México.
“El país enfrenta un alto nivel de violencia, la población percibe a la inseguridad y la delincuencia con el problema más importante que hay que resolver, 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros […]. Homicidio, extorsión, secuestro y robo con violencia son algunas de las conductas delictivas que más lastiman a la sociedad ”, dijo en ese evento un Osorio Chong que parecía tener claro cuáles eran las prioridades en el tema de la inseguridad.
Cinco años después, el político hidalguense ha entregado las peores cuentas en la historia del registro oficial de los homicidios dolosos. Los primeros 11 meses de 2017 sumaron 23 mil 101 carpetas por homicidio doloso, una cifra sin precedente en los últimos 20 años.
El 3 de enero de 2013, la Secretaría de Seguridad Pública desapareció para ser absorbida por la Secretaría de Gobernación. Así, la llamada “súper Secretaría” del titular Osorio Chong concentró las decisiones políticas y de seguridad pública.
“No fue una buena decisión”, consideró Edgar Cortez Moralez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD). “Ha resultado una Secretaría demasiado grande, y al final, y después de cinco años no tenemos resultados positivos en términos de seguridad”, planteó en entrevista con este diario digital.
El otrora subsecretario de Seguridad Pública en la gestión de Marcelo Ebrard Casaubon, Gabriel Regino García, explicó que la unificación de estas dependencias es un modelo europeo que ha dado resultados en España, Alemania y Francia. Sin embargo, destacó, esas realidades socioeconómicas y criminales son distintas a las de México.
“Estimo que tener las cárceles y la policía debajo del control político, no es una idea efectiva. La razón es la siguiente: la política demanda un 100 por ciento, y la seguridad, un mil por ciento”, sostuvo Regino García, también Doctor en Derecho Procesal Penal por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Las cifras de desaparecidos y tortura han roto ya los récords acumulados durante los seis años de la gestión del Presidente panista Felipe Calderón Hinojosa. En los primeros cuatro años y medio del Gobierno de Peña Nieto se acumularon 19 mil 155 desapariciones entre el fuero federal y común, mientras que con Calderón Hinojosa sumaron 13 mil 681 en el sexenio.
En seis años, Calderón Hinojosa acumuló 374 averiguaciones previas por presuntos actos de tortura, en tanto que Peña Nieto acumuló 5 mil 521 entre 2013 y 2016: un aumento de mil 376 por ciento.
Además, en el sexenio de Calderón se contabilizaron 374 averiguaciones previas por presuntos actos de tortura, en tanto que con Peña Nieto la cifra es de 5 mil 521 entre 2013 y 2016: un aumento de mil 376 por ciento.
En aquella sesión del 17 de diciembre de 2012, al comienzo del actual sexenio, fue el propio Osorio Chong quien criticó la estrategia de seguridad de Felipe Calderón, quien inició la guerra frontal contra el narcotráfico en diciembre del 2006.
“Los niveles de violencia en las regiones del país están relacionadas con el mercado del narcotráfico y variables estructurales, pobreza, marginación, deficiente cultura de la legalidad, falta de coordinación y debilidad institucional. La captura de grandes líderes criminales provocó un proceso de fragmentación de grupos que hoy operan con una lógica distinta. Pasamos de liderazgos verticales a uno horizontal que los hace más violentos y más peligrosos”, dijo entonces.
Pasado un lustro, el ex Gobernador priista presumía la neutralización de 108 de los 122 criminales establecidos como objetivos prioritarios por la gestión del PRI.
“Yo creo que la principal deficiencia fue que no idearon un plan o no corrigieron el plan que ya existía sobre seguridad. Se dedicaron a llevar el barco con las mismas herramientas que la administración pasada”, opinó Vidal Romero León, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Los analistas cuestionaron la creación de la Gendarmería. Desde el Pacto por México –consensuado por el PRI, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática– se prometió la creación de este cuerpo de seguridad.
Pese a que la intención fue la de crear un cuerpo de élite que aglutinara 40 mil elementos, hoy está integrado por 5 mil efectivos y con tareas limitadas.
“Se planteaban 40 mil elementos, reclutados en poco tiempo, y entonces sí con posibilidades de hacer frente a muchos rubros. Cuando se quedaron con 5 mil, decidieron concretarse en eso [zonas económicas y turismo], pero finalmente sin lograr una percepción de que se estuviera renovando la Policía nacional”, criticó Cortez.
Esta falta de materializar un nuevo cuerpo de seguridad no es nuevo, recordó Carlos Galindo López, investigador del Instituto Belisario Domínguez. “Lo mismo pasó cuando se creó la Policía Federal Preventiva, esta policía de élite, como poner énfasis en su militarización, con entrenamiento de avanzada. Y los datos muestran que el gasto de la Policía Federal Preventiva, luego en la PF [en el 2008] se multiplicó en 14 veces sólo en el sexenio pasado hasta el día de hoy. Y la gran pregunta es de qué ha servido. Pues de nada”.
El 25 de diciembre, la Secretaría de Gobernación publicó el “Diagnóstico nacional sobre las policías preventivas de las entidades federativas”. El think thank México Evalúa alertó que hacen falta 115 mil 943 elementos policíacos, es decir el 50.86 por ciento, para alcanzar el estándar mínimo internacional de 1.8 policías por cada mil habitantes.
Por su parte, Regino señaló que el Gobierno federal debió haber apostado en incrementar las capacidades de investigación, para paliar la impunidad.
“Se cometen delitos, que no se previenen ni se castigan. Entonces, ¿la policía es eficaz para prevenir delitos? No. Pero sí debería de ser capaz de investigarlos”, explicó el abogado.
El 1 de diciembre de 2014, Peña Nieto envió la iniciativa para crear el Mando Único Policial al Senado, en la que los alcaldes del país deberían supeditar sus policías al mando estatal.
La propuesta se estancó. Pese a que el PAN decidió apoyarla en el Congreso bajo la forma de Mando Mixto, en la que serían ya sólo algunos municipios los que cederían a sus policías, la iniciativa no contó con el suficiente respaldo político.
Apenas el 30 de agosto, el Presidente Enrique Peña Nieto reiteró su intención de que los mil 800 cuerpos policiacos del país se transformaran en 32. Tampoco encontró eco.
Para Cortez, Osorio Chong tampoco supo cabildear los objetivos del Gobierno federal en materia de seguridad. “No vimos al Secretario Osorio Chong, como un operador político en el Congreso para sacar asuntos como la reforma policial, generar el acuerdo sobre cómo tenía que ser”.
A nivel personal, Osorio Chong tampoco logró su proyecto, pues pese a que las encuestas lo colocaban como el más fuerte candidato del PRI a las presidenciales de 2018 terminó por ser relegado.
“La tarea de seguridad del Gobierno es una de las tareas fundamentales y prioritarias del Estado, y al dar malas cuentas y mostrarse incompetente en el desempeño de esa tarea, tiene que traducirse en un castigo”, apuntó Ricardo Espinoza Toledo, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UAM).
Ahora, ha trascendido que el Secretario estaría perfilándose para pedir licencia y buscar un eventual escaño en el Senado de la República.
El premio no se basaría en en su efectividad como funcionario en materia de seguridad, consideró Edgar Cortez: “Si es por los resultados creo que no habría justificación ni parecería una propuesta que se derive de eso. Mi lectura es que en ese re juego dentro del PRI tenían que darle una vía para continuar su carrera política, una escuela que han seguido los priístas, que estos políticos destacados dentro del partido los mandan a estos ámbitos, pero nunca en función de méritos sino de acuerdos políticos, supongo, que para que él y sus demás compañeros respalden al candidato presidencial”.