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Daniela Barragán/SinEmbargo.com
CIUDAD DE MEXICO, 22 de febrero de 2019./Daniela Barragán/SinEmbargo.com.- En 2017, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en la revisión que le hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a sus Cuentas por Liquidar, encontró un posible daño a la hacienda pública por 2 mil 039 millones 512 mil 453 pesos.
Esa cantidad se conforma por cinco actos realizados bajo la administración de Rosario Robles Berlanga.
De acuerdo con el documento de la Auditoría, durante 2017 la Sedatu pagó mil 173 millones 317 pesos de los que luego ya no se pudo conocer su destino. La Secretaría pagó proyectos del ejercicio 2016 con presupuesto del ejercicio 2017, pero no hubo ninguna Unidad que supervisara el manejo de ese dinero.
Además pagó 596 millones 641 mil pesos a proveedores y no acreditó su ejercicio con la documentación justificativa y comprobatoria; tampoco hubo supervisión de ese dinero.
Se encontró que se pagaron 5 millones 359 mil pesos a una asociación por los servicios de “Realización de un proyecto integral de participación en el Programa de Infraestructura”, pero no se encontraron documentos referentes a la justificación, pagos y ejecución de los servicios.
También ejerció mal 178 millones 394 mil pesos en el pago de “Indemnizaciones por expropiación de predios”, los cuales no cuentan con evidencia documental justificativa y comprobatoria que los acredite.
La última observación es por el pago de 35 millones 800 mil pesos a un proveedor para servicios de comunicación, pero no existe.
«Robles Berlanga se fue del Gobierno federal como uno de los personajes más polémicos de la administración de Enrique Peña Nieto, quien la mantuvo durante los seis años de su mandato en puestos claves: primero le dio la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, hoy Secretaría del Bienestar) y luego, tras el aumento en el número de pobres en 2015, le dio la oficina de la Sedatu».
El ex Presidente Enrique Peña Nieto y Rosario Robles Berlanga, quien fuera titular de la Sedesol y de la Sedatu; en esta última dependencia la Auditoria Superior de la Federación halló, en la Cuenta Pública 2017, un posible daño al erario por 2 mil 039 millones 512 mil 453 pesos.
Una investigación realizada por SinEmbargo detectó que en las mil 469 páginas que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado sobre las gestiones de Rosario Robles al frente de la Sedesol y la Sedatu, muestran que, de 2013 a 2016, hubo un posible daño al erario por 11 mil 224 millones 956 mil 667 pesos.
El total de auditorías, revisadas por la Unidad de Datos de SinEmbargo, testifica que durante su estancia al frente de la Sedesol (2013-agosto 2015), hubo dudas por 6 mil 558 millones 420 mil 667 pesos. Y en la Sedatu –hasta el momento únicamente observaciones de 2016– dudas por 4 mil 666 millones 536 mil 010 pesos.
Pero ella retó, en una de sus últimas apariciones, a que se le investigue hasta “por debajo de las piedras”.
La revisión de la ASF
“Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que los recursos erogados se hayan ejercido, registrado y comprobado conforme a las disposiciones […] Se concluye que, en términos generales, la Sedatu no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”, sentenció la ASF.
A detalle, la observación más alta que se le hizo a la Sedatu por un desfalco de mil 173 millones 317 mil pesos fue por el pago de proyectos del ejercicio 2016, con presupuesto del ejercicio 2017, que hizo a través de 26 Delegaciones de la Secretaría en las entidades federativas.
Ese dinero no fue registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como pasivo circulante (ADEFAS), por lo que la Auditoría determinó que no se puede conocer el destino que se le dio a dichos recursos.
También constató que no participaron las áreas responsables de la Sedatu, de llevar a cabo la planeación de dichos pagos, operación, así como la verificación y seguimiento de las vertientes del Programa de Infraestructura y no se aseguraron de que los proyectos cumplieran con el criterio de priorización.
«Otro posible daño al erario, este por 596 millones 641 mil pesos, fue por el pago a diversos proveedores con recursos públicos federales ejercidos en la partida 43101 “Subsidios a la producción del Programa de Infraestructura”, sin acreditar su ejercicio con la documentación justificativa y comprobatoria y sin cumplir con las disposiciones normativas establecidas en las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura».
El 18 de octubre de 2018, a unas semanas de concluir el sexenio de EPN, Rosario Robles –entonces titular de la Sedatu– compareció ante Diputados por la glosa del último Informe de Gobierno peñista. Los diputados la encararon por el supuesto desvío de dinero en la Sedesol que ella encabezó.
Además, en la asignación y ejercicio de los recursos públicos federales, no participaron las áreas responsables de llevar a cabo la planeación, operación, así como la verificación y seguimiento de las vertientes del Programa de Infraestructura.
La Sedatu tampoco registró las operaciones pendientes de pago al 31 de diciembre de 2016, como pasivo circulante y se observó que los servidores públicos suscribieron instrumentos jurídicos con proveedores contratados sin tener atribuciones o facultad expresa en el Reglamento Interior, para suscribirlos a nombre de la dependencia.
Otros 5 millones 359 mil pesos, se fueron en el pago a una asociación por los servicios de “realización de un proyecto integral de participación en el Programa de Infraestructura”.
Según la ASF, la Dirección General de Rescate de Espacios Públicos de la SEDATU no acreditó con la evidencia justificativa y comprobatoria correspondiente, el pago realizado y la ejecución de los servicios.
También se encontró el ejercicio indebido de 178 millones 394 mil pesos por pagar gastos con cargo a la partida presupuestal 39402 “Indemnizaciones por expropiación de predios”, los cuales no cuentan con evidencia documental justificativa y comprobatoria que los acredite; además, los conceptos de los pagos realizados no están relacionados con indemnizaciones por expropiación de predios, terrenos o bienes inmuebles, que realiza el Gobierno Federal con fines de interés público y no existe resolución, por lo que su ejercicio no cumple con los principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad y transparencia.
Sobre esto, la ASF sostuvo que no existe la certeza de que sean erogaciones que correspondan a las señaladas en los lineamientos de los programas E002 “Programa de Atención de Conflictos Agrarios” y L001 “Obligaciones Jurídicas Ineludibles”.
La última observación fue por 35 millones 800 mil pesos por el pago a un proveedor del cual no se encontró información; no hubo documentación justificativa y comprobatoria. Era por un servicio en materia de comunicación del ejercicio 2017.