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Nayeli Roldán (@nayaroldan)/Animal Político
CIUDAD DE MEXICO, 16 de septiembre de 2020./Nayeli Roldán (@nayaroldan)/Animal Político.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) prevé dejar sin recursos el programa Escuelas de Tiempo Completo mediante el cual un millón de estudiantes recibían alimentos en sus planteles y 534 mil tenían actividades educativas o deportivas en horario extendido, y en cambio propone un aumento de 63% al presupuesto del programa La Escuela es Nuestra.
El objetivo de La Escuela es Nuestra durante el primer año de operación en 2019 fue entregar recursos a padres de familia para que se hicieran cargo de mejorar la infraestructura educativa pero, a partir de 2020, también incluyó la contratación de “asesorías y tutorías”, según los lineamientos publicados en octubre pasado.
Este programa tendrá 12 mil 280 millones de pesos, según el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación de 2021; esto significa un aumento de 63%, equivalente a 5 mil millones de pesos, cifra comparable el presupuesto de 5 mil 100 millones de pesos que tuvo Escuelas de Tiempo Completo en 2020, y que ahora tendría cero recursos.
En la Escuela es Nuestra, los recursos pueden ser utilizados para el mantenimiento del inmueble escolar; construcción de aulas, baños, laboratorios, entre otros; adquisición de mobiliario y equipo escolar como computadoras, tabletas, televisores; creación de condiciones de seguridad; compra de materiales educativos como biblioteca, actividades artísticas, software educativo, actividades deportivas, entre otros.
Y también para la “contratación de servicios de conectividad, adquisición de insumos y materiales impresos y en línea, asesorías, tutorías para alumnos, docentes, padres de familia y directores”.
Cada comunidad, a través de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) –conformado por padres y madres de familia, directivos, docentes y alumnos–deben realizar asambleas para que, a partir de sus necesidades, decidan qué comprar o contratar.
En tanto, el programa Escuelas de Tiempo Completo se dedicaba exclusivamente a dar alimentos y actividades extracurriculares para alumnos de primarias y secundarias en un horario extendido de 6 u 8 horas por jornada. Inició en 2006 con 500 escuelas y tras 14 años de operación suman 27 mil planteles en todo el país hasta 2020, de las cuales 19 mil son indígenas y rurales, lo que representa 70.5% del total, de acuerdo con el segundo informe de Gobierno del presidente López Obrador.
Todas las escuelas primarias y secundarias que participaban en programa recibían aproximadamente 90 mil pesos cada año para pagar los salarios de maestros que impartían clases en el horario extendido, los materiales para las actividades y lo necesario para la provisión de los alimentos para estudiantes.
En la Escuela es Nuestra, después de definir sus necesidades, número de alumnos y grado de marginación, podrán recibir entre 150 mil y 500 mil pesos, que son depositados directamente en la cuenta del Comité Escolar, cuyo tesorero se encarga del manejo y comprobación de los recursos.
Animal Político preguntó a la SEP sobre el análisis que realizó para determinar el recorte de 100% al programa Escuelas de Tiempo Completo y el aumento presupuestal a La Escuelas es Nuestra, pero el área de prensa dijo que no darían entrevistas al respecto hasta que el presupuesto fuera aprobado en la Cámara de Diputados.
Escuelas de Tiempo Completo mejoró aprendizaje
Evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirman que el programa Escuelas de Tiempo Completo, iniciado en 2006, mejoró el aprovechamiento escolar entre alumnos de educación básica.
El programa inició en el sexenio de Felipe Calderón, continuó en la administración de Enrique Peña Nieto y cada año tuvo incrementos presupuestales, pero desde el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó el recorte, primero de 5% en 2019, luego de 50% en 2020; y para el presupuesto de egresos de 2021, el Ejecutivo no le asignará presupuesto.
Esto significará que las escuelas dejarán de recibir recursos a través del programa que proveía alimentos a un millón de niños y adolescentes en sus planteles, y donde 534 mil recibían clases extracurriculares y actividades artísticas o deportivas en horario extendido, los objetivos centrales del programa.
La más reciente evaluación de impacto del programa realizada por el Coneval en 2018 analizó los resultados obtenidos por los alumnos en la prueba PLANEA respecto al aprendizaje de matemáticas y lengua, y concluyó que las escuelas integradas al programa lograron disminuir el número de estudiantes en rezago.
Los alumnos de sexto grado de Escuelas de Tiempo Completo “registran una disminución promedio de 3.1 puntos porcentuales en el porcentaje de alumnos correspondientes al nivel I de desempeño en matemáticas y un incremento de 1.6 puntos porcentuales en el nivel IV”, dice la evaluación.
Y los mayores beneficios se observan entre las poblaciones más vulnerables, pues de acuerdo con el análisis, el incremento de la duración de la jornada escolar en un esquema con servicio de alimentación “es una intervención efectiva para mejorar el logro educativo y el nivel de aprendizaje, primordialmente, entre los estudiantes de escuelas primarias en localidades de alta marginación”.
Esto porque el propio diseño del programa “presupone un mecanismo causal que vincula a la población en situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social con la necesidad de mayor tiempo de instrucción y alimentación como el medio para incrementar su nivel de logro educativo”.
También, en las escuelas primarias participantes se identificó una disminución significativa en las tasas de repetición y rezago educativo, respectivamente, en el periodo 2007-2017.
Las tasas de abandono presentan un aumento para las escuelas que no cuentan con servicio de alimentación en 2.2 puntos porcentuales, en contraste con la disminución de 1.16 puntos porcentuales en las escuelas que si cuentan con este servicio. “Esto sugiere que el servicio de alimentación contribuye a disminuir el abandono a nivel secundaria”.
De hecho, en 2017, la Dirección General de Evaluación de Políticas de la SEP también evaluó el programa y concluyó que “tiene un efecto positivo en el rendimiento académico de los alumnos. La Percepción de los directores y los padres de los beneficiados también apoyan esta indicación”.
El estudio incluyó encuestas entre los integrantes de la comunidad educativa y entre los puntos positivos del programa destacaron los apoyos a docentes y directivos de tipo financiero y técnico. 68% consideró que eran suficientes y dijeron estar satisfechos con los convenios con algunas Universidades para realizar la capacitación a profesores, certificación de directivos, y la incorporación de maestros de nuevo ingreso y a especialistas para el equipo pedagógico.
Mientras que en la Evaluación Específica de Desempeño 2014-2015 del CONEVAL, cuyo equipo evaluador provenía del Colegio de México (COLMEX) identificó como principales hallazgos que el programa podría tener una incidencia positiva en el logro de los alumnos de 3ro, 4to, 5to y 6to de primaria, tanto en lectura como en matemáticas.
Y además, “el efecto se incrementa de acuerdo al número de años que la escuela ha participado en el Programa de acuerdo al artículo derivado de la investigación de tesis de maestría. Aunque, no puede generalizarse a otros grados”.
En tanto, respecto a la revisión del gasto de recursos públicos, la Auditoría Superior de la Federación fiscalizó la ejecución de 7 mil 756 millones de pesos en 2017. De ello se detectaron irregularidades por 311 millones de pesos, es decir, 4% del total auditado.
Sin embargo, las irregularidades se concentraron en el estado de Chihuahua con 92 millones de pesos; Chiapas con 57.5 mdp y Morelos con 21.3 mdp, “por lo que es fundamental que estas entidades federativas establezcan medidas con el objetivo de mejorar o fortalecer la gestión de los recursos del programa, a efecto de lograr el cumplimiento de metas establecidas”, indicó la Auditoría.
Por ello, recomendaba a la SEP, la institución rectora del programa, que implementara “acciones encaminadas a atender las deficiencias en la entrega y calidad de la información trimestral por parte de las entidades federativas, sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos del programa, donde valore la posibilidad de sancionar a aquellas que no entreguen los reportes en tiempo y forma”.