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PUEBLA, Puebla, 05 de Junio de 2014.- El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, aseguró que el desvío de recursos públicos a objetivos no contemplados en las reglas de operación es la falta más común detectada en los estados, producto de las lagunas que tiene la ley.
Entrevistado en el marco del Cuarto Encuentro Nacional de Auditores del Desempeño, que tuvo como sede la capital poblana, identificó como principal error la ausencia de plazos para la ejecución de los fondos, por lo que se pronunció a favor de una reforma que solucione esa deficiencia.
Como ejemplo refirió el caso del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), el cual a su parecer debería gastarse el mismo año para el que fue aprobado y no posteriormente, como sucede en la actualidad.
“El dinero queda sin devolverse y se usa para otras cosas hasta que llega la auditoría y se pide que se reintegre a la hacienda pública”, explicó.
De hecho, el auditor superior del país aseguró que la mayoría de las observaciones que realiza la ASE es por el uso de recursos federales para otros fines que no están autorizados en las reglas de operación.
Sobre el proceso de revisión de la cuenta pública 2012, dio a conocer que el órgano autónomo que titula ya recibió los informes que enviaron los estados para solventar las deficiencias en el manejo de recursos identificadas ese año.
La auditoría, agregó, tiene hasta septiembre próximo para analizar los documentos remitidos y de ser insuficientes para comprobar la correcta ejecución del gasto, las autoridades responsables tendrán que regresar los fondos a la Federación.
En el caso de Puebla, las observaciones rondan los 2 mil millones de pesos de los cuales casi la mitad corresponde a recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
En la inauguración del Encuentro Nacional, al que asistió el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, Juan Manuel Portal destacó la importancia de los órganos fiscalizadores como vigías del erario.
Aseguró que la sociedad mexicana es cada día más activa y demanda una mayor transparencia en el ejercicio gubernamental, así como una mayor claridad en la toma de decisiones sobre la aplicación de recursos.
En esa lógica, manifestó que las autoridades de todos los niveles de gobierno se encuentran obligadas a dar respuesta a las necesidades ciudadanas, impulsando proyectos con impacto social que no sean “riesgosos” para la hacienda pública.