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09 Diciembre 2013
MARIO CABALLERO
TERRORISMO POLÍTICO
Los hechos de terrorismo sucedidos la semana pasada en la casa del diputado Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, ha sacudido al estado, provocando un brote amplísimo de indignación moral ya inusual a propósito del resto de los casos de esta índole. Y los más de 10 o 15 políticos victimados cada mes en toda la República han amortiguado la sensibilidad social, disminuyéndola las más de las veces al orden de los comentarios resignados. Sin embargo, ningún acontecimiento en Chiapas ha alcanzado las resonancias como el atentado a la familia del diputado Castellanos.
En este suceso no intervienen las sensaciones generalizadas de indefensión, ni el miedo legítimo ante la canallez interminable de algunos políticos que no saben usar otros métodos para frenar el avance y el éxito de sus contendientes; pero también ha sido decisiva la solidaridad del pueblo y del grueso de los legisladores en el sentido más original de padecer con otros, junto a otros. Esto, por desgracia, no se advierte en las reacciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.
LOS HECHOS
En conferencia de prensa, Castellanos Cal y Mayor relata los hechos ignominiosos no sin preocupación: “Los agresores que el día de hoy irrumpieron en mi casa sólo esperaron a que yo saliera de ella para poder ingresar haciendo uso de violencia y con pistola en mano amenazaron de muerte a mi esposa y a mi hija. Y no conformes con eso, estos sujetos le dijeron a mi esposa que me iban a romper la madre si yo no dejaba de trabajar políticamente en Tuxtla, y que si yo no entendía y seguía moviéndome en Tuxtla iban a matar a toda mi familia”.
En ese momento no existían y aún no existen pruebas que contradigan lo afirmado por Castellanos Cal y Mayor y que evidencia lo deleznable: “El móvil es político, ya que estos individuos no sustrajeron nada de valor de mi hogar y tampoco pidieron dinero”. Avisado que ha sido esto, no podemos hacer otra cosa sino creer que hoy en la guerra por el poder todo se vale, hasta el terrorismo político, sin miramientos y a sangre fría, obviando que el servir al Estado y a la sociedad es la raíz y la esencia de la política, y quien se atreva a actuar como debe ser merece la muerte.
Sólo así podemos comprender por qué el diputado Luis Fernando Castellanos es víctima de una guerra sórdida, donde lo difaman, lo golpean bajo la mesa y ahora hasta lo amenazan de muerte: porque una y otra vez él ha demostrado preocupación y pasión por su tierra, y en su entusiasmo ha logrado que su gestión detone en beneficios para la gente y que con ello se haya ganado su confianza, su aprecio y su respeto, haciendo de su persona un valor importante para la política.
Además, últimamente, al joven diputado lo han querido ligar con los abusos cometidos por la mafia de Juan Sabines Guerrero. Nada más ilógico cuando Castellanos fue perseguido y acosado políticamente por el gobierno sabinista, que le puso diques en su camino y le inventó delitos en sus intentos fallidos de meterlo en la cárcel. Recojo unos datos y los expongo para que la verdad prevalezca:
– Haciendo uso del poder y no de la razón, el régimen de Juan Sabines boicoteó en dos ocasiones el proceso y las leyes electorales para impedir que Fernando Castellanos pudiera ascender a una diputación local, obstaculizándolo de tal manera que ni siquiera aspirara a ser suplente.
– Alejandro Gamboa López, también fue artífice de arteras amenazas a Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor. Aquella que se conoció como la llamada del diablo, fue la vía por el que Gamboa sacó su más folklórico y naco vocabulario para intimidar a Castellanos y obligarlo a declinar a la diputación suplente por la zona oriente de Tuxtla Gutiérrez, en la que iba junto a Ariel Gómez León, el Chunko.
– Una de las más escandalosas tentativas por frenar la carrera política del diputado Castellanos y que no llegó a los medios de comunicación por voluntad del sistema sabinista, fue el operativo policial ejecutado desde la oficina de Nemesio Ponce Sánchez, en el que a Castellanos Cal y Mayor se le detiene en la carretera rumbo al aeropuerto acusándole de una serie de delitos inexistentes para después ser entregado a la Procuraduría, y es el Ministerio Público quien lo deja en libertad por falta de pruebas. Ni Sabines, ni Nemesio Ponce pudieron enviarlo a la cárcel.
EL RECLAMO
Actualmente se demanda mayor sintaxis de una procuraduría que aún permanece ligada a Sabines y que está con las tensiones propias de la época. Porque no podemos admitir que hoy la política se entienda en atentados contra la democracia, contra las instituciones, contra las libertades, contra la paz y contra la propia vida. Y porque no podemos aceptar que los sicarios políticos que acudieron al domicilio del diputado Luis Fernando Castellanos para dejar sendas advertencias a su esposa e hija, de ahora en adelante serán parte fundamental del quehacer político en Chiapas.
Hoy es el momento de frenar estos actos de barbarie, antes de que se conviertan en un mal irremediable, es lo que debe entender Raciel López Salazar.
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