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17 Marzo 2016
MARIO CABALLERO
CÁRCEL PARA LOS CONSEJEROS DEL IEPC: LA EXIGENCIA
La crisis actual por la que atraviesa el IEPC no es -como se ha venido tratando- un tema postelectoral, es con todo rigor algo que se venía previendo desde hace mucho tiempo. Y lo del 19 de julio pasado no es sino solamente la gota que derramó el vaso.
Desde la llegada de María de Lourdes Morales Urbina a la presidencia del IEPC, el organismo está moldeado por los escándalos de corrupción, tráfico de influencias y clientelismo. Y en nada le han servido los comunicados de prensa para deslindarse del evidente fraude electoral que hubo en los comicios recientes, ni los artículos de los periodistas de alquiler que declaran con dramatismo que las investigaciones al instituto y los consejeros no es otra cosa que una cacería política.
PETICIONES Y ABUSOS
El 18 de junio, días antes de las elecciones, el Partido Acción Nacional, a través de su secretario del comité estatal, envió una carta al INE en la que sostiene: “Se deben dar mayores garantías a la ciudadanía y a los institutos políticos de un proceso electoral imparcial, mismas que ahora los consejeros electorales no pueden dar ya que nada han hecho para regular las violaciones que el partido en el poder hace al código electoral”.
El 14 de julio, el PRD estatal solicitó al INE la remoción de los consejeros electorales bajo el argumento de que “con ellos el IEPC no es una instancia confiable”. Y el 23 del mismo mes, se pronuncia por la desaparición del organismo electoral.
Mucho se habla hoy de la solicitud para la destitución de los consejeros del IEPC e, incluso, de la eliminación del propio organismo. Aunque dicha petición aún no ha tenido eco en las autoridades correspondientes, sí ha encontrado el beneplácito de grandes sectores de la sociedad chiapaneca, y no sólo de la izquierda habitual por verla factible es estos tiempos de incertidumbre política.
María de Lourdes Morales Urbina y el resto de los integrantes del Consejo General toman protesta el primero de octubre de 2014. Pero el 24 de noviembre se aprobaron un incremento salarial del cien por ciento, es decir, de 64 mil 800 pesos pasarían a ganar la cantidad de 120 mil pesos de sueldo base mensual. Esto sin contar las prestaciones, bonos y demás incentivos.
En su voracidad insaciable, María Morales Urbina solicita un presupuesto de 933 millones 537 mil 584 pesos para cubrir los gastos de las elecciones del 2015. Sin embargo, nada dijo acerca de los conceptos que integraban dicho presupuesto y, además, nunca declaró de dónde sacó la cifra y para qué es que requería tanto dinero si para las elecciones del 2012, donde además se eligió gobernador, el recurso fue de 321 millones 591 mil 45 pesos. O sea, una tercera parte de lo solicitado por ella.
En diciembre de 2014, estalla una bomba en las manos de Morales Urbina: el desfalco de más de 108 millones de pesos al pago del Infonavit que Adrián Sánchez Cervantes, predecesor de ella, sustrajo para la creación de puestos de alto nivel que no fueron aprobados por la Secretaría de Hacienda. Ahora, lo inevitable es preguntar ¿por qué protege María de Lourdes a Adrián Sánchez? ¿Qué ha hecho para esclarecer el fraude y reparar el daño?
En marzo de 2015, Morales se deslindó del fraude, pero concordaremos que con eso no termina su responsabilidad legal.
Una semana antes de los comicios pasados, en los periódicos de circulación estatal se publicó la autorización de los bonos de productividad de 140 mil pesos para los consejeros. Días después, María de Lourdes Morales explica que los bonos eran para el personal de base y que se habían planeado para compensar las largas jornadas de trabajo por el año electoral (Ajá).
LA MORAL VENDIDA
¿Cómo negar el fraude electoral? ¿Cómo ignorar los golpes al Estado del IEPC de Morales Urbina? ¿Cómo creer en la veracidad de los resultados y en los dictámenes emitidos cuando vemos la forma arbitraria en que se fue desarrollando el proceso electoral? ¿A estas alturas habrá todavía alguien quien crea que el IEPC? ¿Quién nos garantiza que las constancias de mayoría son la prueba fiel del respeto a la decisión del pueblo?
Seguramente, nadie en el IEPC responderá a las preguntas.
Lo que sí es claro es que María Morales y el resto de los consejeros hicieron el negocio de su vida en estas votaciones. El sentido común no pude aceptar que sea cierto de que el IEPC cumplió con las elecciones más transparente y equitativas en Chiapas. Tampoco aquello de que “lo importante es que en Chiapas se dio una elección pacífica y que la ciudadanía ganó”.
Ciertamente hubo ganadores ese 19 de julio, pero no la sociedad que vivió las elecciones más sucias de la historia de Chiapas, con 228 incidentes reportados, con un IEPC que soslayó intencionalmente la paridad de género y que actuó de una manera facciosa y conspirativa, con una persona muerta en el enfrentamiento en el municipio de Copainalá, con el robo, cierre y quema de casillas, con la suspensión de las votaciones en Chenalhó, con inmigrantes votando, con la compra descarada de votos a favor del PVEM, con personas retenidas por grupos armados, con inseguridad, con boletas impresas por ambos lados y con urnas que fueron sustituidas por otras repletas de boletas llenas a favor de tal o cual partido.
Lo sucedido en el municipio Belisario Domínguez es un tema que, aunque pertenece a los errores de María Morales Urbina, requiere de un tratamiento político distinto.
A finales de febrero de este año, los consejeros Carlos Enrique Domínguez, Ivonne Abarca y Margarita López Morales fueron removidos del cargo por violaciones a la constitución. Pero no basta. Lo que la sociedad pide en estos momentos es la encarcelación de los tres cesados y de María Morales Urbina, Lilly de María Chang Muñoa, Jorge Manuel Morales Sánchez, Ricardo Moisés Aguilar Estrada y María del Carmen Girón López para que la impunidad no continúe, como siempre, intocada. Au Revoir.
@_MarioCaballero