13 Abril 2016
Mario caballero
Giei: como piedra en el zapato
El acuerdo de prórroga entre el Estado mexicano y la CIDH daba al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes como fecha máxima el 30 de abril próximo para culminar las investigaciones respecto a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Pero Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y acérrimo enemigo del presidente Enrique Peña Nieto, afirmó en las primeras horas del martes 12 de abril la posibilidad de que el GIEI permanezca, “jurídicamente”, más tiempo en el país para continuar con las investigaciones.
La pregunta es, ¿qué caso tiene seguir sosteniendo por más tiempo con dinero de los mexicanos a un grupo colegiado de expertos cuyas investigaciones han sido un fracaso y que desde el primer día que pisó tierras aztecas no ha dejado de mentir? Además, ¿qué propósito tiene Álvarez Icaza de mantener al GIEI en el país?
Aparentemente, el grupo de expertos no busca destrabar las incógnitas del dramático suceso, sino acrecentar el encono social desvirtuando el trabajo institucional del Estado mexicano en un claro juego de intereses políticos. Porque si no ha puesto el dedo en la llaga al poner dudas en la versión de que los cuerpos de los normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula, afirmando también que no hubo sanciones y procesos judiciales contra los policías involucrados e –incluso- insistir en que los 43 normalistas siguen vivos.
Sin embargo, ninguno de los expertos ha dado versiones distintas sobre lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014. Tampoco respuestas sobre qué hacían los normalistas en Iguala y qué ocurrió con ellos si, como aseguran, no fueron asesinados ni quemados en Cocula.
Luego de año y medio del caso Ayotzinapa ya no se sabe qué es lo más lamentable: la incapacidad del GIEI para resolver el drama y dar una respuesta confiable, los crímenes de los grupos radicales en varios estados de la República bajo una falsa solidaridad con los 43 normalistas, o la ceguera colectiva producto de la desinformación.
Sin duda las manifestaciones forman parte de la vida pública y democrática de nuestro país, pero pretender justificar la violencia argumentando solidaridad con las víctimas y hacer creer que el vandalismo es tan solo un método para presionar a las autoridades es un vil engaño. Y también lo es calificar el atentado contra los normalistas como un crimen de Estado.
El caso de Iguala se ha comercializado políticamente durante todo este tiempo, quieren hacernos ver inmolación donde solo hay impunidad. Porque incendiar inmuebles, tiendas, autobuses de pasajeros; secuestrar camiones, autos, casetas de cobro; tomar edificios públicos, plazas y centros comerciales; causar destrozos, violar el Estado de Derecho y los derechos civiles e individuales de las personas visiblemente no es solidaridad, sino una portentosa lucha por la desestabilización social del país.
NO HAY CRIMEN DE ESTADO
Con las declaraciones de Sidronio Casarrubias, líder de los Guerreros Unidos, el 16 de octubre de 2014, se aclaró gran parte del crimen a los normalistas. Y con la detención de Felipe Rodríguez Salgado, alías El cepillo, el 15 de enero de 2015, pareció ser la clave para despejar el resto de las dudas sobre lo sucedido aquel violento 26 de septiembre.
El cepillo era jefe de sicarios de Guerreros Unidos en Iguala, que junto con César Nava, subdirector de policía de Cocula, realizaba el trasiego de droga e impedía que grupos antagónicos entraran a esa zona. La Procuraduría General de la República dio a conocer la declaración de El Cepillo:
“El Chuky me llamó por teléfono y me dijo que iba a entregar paquetes (rivales en el negocio de las drogas) que eran de Los Rojos y me los entregó en Loma del Coyote. Llegando al basurero de Cocula bajamos a los estudiantes de la camioneta percatándome que unos ya estaban muertos creo que por asfixia, siendo que iban hasta abajo y quedaban vivos aproximadamente entre 15 y 18 estudiantes. Al llegar al basurero me percaté que todavía estaba prendido el fuego y muchas cenizas. Me dan la orden de El Gil (lugarteniente de Sidronio Casarrubias) que fuera a recoger las cenizas para tirarlas al río, por lo que ordené al Pato que fuera a comprar bolsas de plástico y nos regresamos al basurero para recoger las cenizas con una pala que llevaba en la camioneta”. Posteriormente regaron las cenizas en el río Atoyac.
Agrego otros datos:
– No fue una persecución y una balacera. Las declaraciones de los detenidos sugieren que fueron tres los enfrentamientos con los normalistas.
– Los estudiantes estaban armados. Cuando los policías disparan contra los camiones varios estudiantes bajan de ellos y responden a la agresión con armas de fuego. Y una vez abajo amenazan a los automovilistas y les roban sus autos para huir del lugar del tiroteo.
– A uno de los estudiantes herido durante la primera balacera, que después fue ultimado de un tiro en la frente y desollado, le arrancaron los ojos.
– Policías de Iguala y de Cocula confesaron estar ligados al crimen organizado y haber entregado a los 43 normalistas a integrantes de los Guerreros Unidos.
– Los estudiantes capturados son identificados como integrantes de la banda de Los Rojos.
No hay crimen de Estado. Si nos atenemos a la información no podemos suponer otra cosa que lo sucedido se trató de un ajuste de cuentas entre bandas criminales, porque la saña con que los mataron, desmembraron y quemaron hasta las cenizas, es propio de los especialistas en causar dolor y terror. ¿O de qué otra forma se puede entender el odio y la ira con que fueron perseguidas estas personas para después torturarlas y ejecutarlas?
No hay crimen de Estado. La ferocidad en el caso Ayotzinapa no es un procedimiento propio del gobierno, pues nunca se ha visto el uso de métodos de tormento para enviar un mensaje político, pero sí de las bandas criminales. Ahora, ¿cómo entender que los normalistas estuvieran armados y se enfrentaran a tiros durante más de 40 minutos como si se trataran de matones y no estudiantes? A mi parecer un estudiante común hubiera contestado la agresión –en el caso de que tuviera el valor de enfrentarse con asesinos profesionales- arrojando la mochila, los cuadernos, lapiceros y peligrosísimas bolas de papel. Pero a balazos, ni hablar.
MANIPULACIÓN POLÍTICA
Tristemente el pueblo ha sido arrastrado por el calor del momento y por los intereses de los que están detrás del lema propagandístico Crimen de Estado. Los familiares de los “mártires” despreciaron las evidencias de las investigaciones de la PGR para acoger la mentira del GIEI porque eso era lo que querían oír (“Están vivos/El gobierno los tiene secuestrados”), sin importarle que la información fuera falsa y los hechos estuvieran tergiversados.
Tanto el GIEI como la camarilla de políticos en México que le hacen la ola, han estado mintiendo. En primera instancia, el grupo de peritos dijo contar con una imagen satelital que probaba que no hubo incendio en Cocula los días 26 y 27 de septiembre de 2014, y, por tanto, los normalistas no habían sido quemados. ¿Dónde está esa imagen satelital?
Al no haber presentado ninguna imagen nos indica que el grupo experto nunca tuvo nada. Empero, sí hay imágenes tomadas por el satélite Terra de la NASA que muestran que esos días hubo mucha nubosidad sobre Cocula y que por eso mismo no se podía asegurar si hubo o no incendio alguno.
Y la única base técnica que tiene el GIEI para decir que no hubo fuego es el peritaje que hizo José Luis Torero (perito peruano), que estuvo sólo 20 minutos en Cocula y diez meses después del suceso.
Por otro lado, en la conferencia pasada donde se dieron a conocer las principales conclusiones de la investigación el GIEI fue invitado pero no quiso asistir. Tal vez porque el contenido del informe desmentía su tesis de que no hubo fuego. Esta fue la conclusión: “sí hubo incendio controlado en Cocula, de grandes dimensiones, en el que se encontraron cuando menos restos humanos de 17 personas”. Y Torero que también participó en el grupo de expertos en fuego no desmintió el testimonio, simplemente dijo que tenía dudas de su investigación hecha el año pasado.
Indudablemente, Emilio Álvarez Icaza y el dichoso grupo colegiado de expertos quieren seguir incrustados en el presupuesto, engañando al pueblo y desprestigiando el Estado. Y esto es intolerable.
Para entender el drama actual hay que observar tres cosas: la primera, el empecinamiento de todos los involucrados (GIEI, CIDH, partidos políticos, opositores a Peña Nieto, familiares de los muchachos desaparecidos) por culpar de los daños al gobierno basándose en mentiras; segunda, el material político que significa hacer creer que los estudiantes siguen vivos y que por ello hay que persistir con las marchas de odio, los reclamos y la anarquía salvaje y, tercera, que no eran simples y comunes estudiantes, sino criminales del narco.
PARA MAGDALENA
¿A quién sirve el diputado Emilio Salazar Farías? ¿A la sociedad chiapaneca o la mafia del gobierno anterior? Dicen que lo han visto en restoranes de la Ciudad de México risa y risa con su ex jefe Yassir Vázquez Hernández y viajando muy seguido al puerto de Acapulco. ¿Irá por instrucciones? El tiempo nos dirá… Sigue sonando fuerte el nombre de Arely Madrid Tovilla para incorporarse en la Secretaría de Gobierno del Estado. Ella sí es capaz de poner orden en Chiapas, tiene experiencia, tacto político y conocimiento puntual de la situación que actualmente nos golpea. Sería genial verla por ahí. Ya estamos hartos de supuestos caballeros de la política y de doctores borrachos… Au Revoir.
@_MarioCaballero