24 Febrero 2014
MARIO CABALLERO
EL OMBUDSMAN
En las últimas décadas ningún otro fondo expresa con tanta claridad el desarrollo de la consciencia y de la ética colectiva como el de los derechos humanos, que permiten observar el desarrollo y las limitaciones de las fuerzas políticas, la moralidad del Estado, los movimientos sociales y las reclamaciones familiares y personales. Por lo que en unos cuantos años México adopta el término y lo agrega a su vocabulario, trasladándolo a la calle por ser una imparable movilización de masas, un patrimonio moral y político.
En Chiapas, lamentablemente, su preeminencia ha sido un asunto ajeno, ignorado o manejado con irresponsabilidad incansable. En primera y última instancia, los derechos humanos son ese concepto práctico, ese dato ya imprescindible en el pensamiento que legitima al poder gubernamental, pero que fueron enquistados en operaciones regidas por procesos deshumanizadores, en guerras políticas que no se justifican con nada y en apasionados conflictos éticos y morales.
Es por ello que la llegada de Juan Oscar Trinidad Palacios a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha provocado la apoteosis de la esperanza, tanto más encendida cuanto se compara con el perfecto horror que fue el fantasma de la imposición y el uso ilegítimo de las facultades de la CEDH, donde ésta fue de todo menos un organismo defensor, un instrumento de uso jurídico y burocrático que, incluso, en algunos países resulta el dique básico contra la impunidad.
CUANDO LA BARBARIE DESHUMANIZÓ A LA CEDH
Por doce años, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos permaneció el absurdo y la manía de los poderosos: la barbarie que deshumanizó a la comisión para servir a propósitos palaciegos. Y durante ese largo periodo a la clase gobernante le resultaron tanto incontrovertibles como inaudibles los alegatos de los chiapanecos: “La defensoría de los derechos humanos es inútil y abominable por ser tan poco rentable”.
1. 2000-2006
El gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía se dedicó de tiempo completo a la represión como deporte, y entre sus objetos de persecución estuvo el ombudsman Pedro Raúl López Hernández, que fue visto como opositor al régimen más salvaje y sanguinario en la historia reciente.
Al abogado López Hernández no se le puede culpar de inoperante, sino más bien de llegar a la presidencia de la CEDH en mal momento, cuando el estado era gobernado con absolutismo, con políticas que no admitían contradicciones y mucho menos recomendaciones. Y también se le puede culpar de ser ideólogo, porque de no haberlo sido Pablo Salazar hubiera encontrado en él un gran aliado. Para fortuna vuestra lo digo.
Pedro Raúl fue acosado y golpeado físicamente, como cuando fue a dar al hospital después de que en las cercanías del mercado San Juan recibiera una monumental paliza por gentes de Pablo cuando iba a la farmacia por sus medicamentos; también sufrió el maltrato psicológico: César Chávez Castillo, asesor político de Salazar, le dijo: “Escoja cabrón: Encierro, destierro o entierro”.
Rubén Velázquez López, secretario general de gobierno, en una llamada telefónica amenazó de muerte al abogado si no se hacía a un lado y dejaba en paz al gobierno. Días después de eso la casa del ombudsman recibió 14 disparos de alto calibre, y al lugar de los hechos se presentó en bermudas y sandalias Mariano Herrán Salvatti cuya presencia dijo o quiso decir “que sobre advertencia no hay engaño”. O copelas o cuello.
El Congreso del Estado, ente manipulado por Pablo Salazar, recibe la instrucción de desaforar al ombudsman, y luego de ser aprobado el desafuero se acusa a Pedro Raúl de delitos graves y se le gira una orden de aprehensión en su contra, todo fabricado por Mariano Herrán. Pero logra escapar ayudado por amigos suyos metido en una cajuela rumbo a la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en una noche gris como su suerte.
2. 2006-2012
Juan Sabines Guerrero aprovechó la coyuntura política y usa a la CEDH para protegerse las espaldas, limpiar los historiales políticos, legalizar la impunidad y para colocar en posiciones envidiables a sus amigos, compadres y demás adeptos.
En la era sabinista, la Comisión de Derechos Humanos da una imagen grotesca de la oligarquía gubernamental: corrupción, fiestas y viajes a Europa pagados con el presupuesto del organismo, desvío de recursos, acoso a los trabajadores de la propia organización, litigios por el poder, complicidad judicial, grescas sentimentales.
Entre los principales beneficiados en ese periodo están Florencio Madariaga Granados (el policía corrupto metido de ombudsman), Lorenzo López Méndez y Diego Gordillo Cadenas, que lo que único que defendieron fue el libertinaje en los niveles más bajos de la conducta personal y pública, la servil condición palaciega y los privilegios.
Oscar Trinidad Palacios tiene varios puntos a su favor. Primero, es un abogado chiapaneco que ha crecido con buenos valores y principios morales que lo han llevado a desarrollarse profesionalmente; segundo, posee una trayectoria política y una experiencia administrativa y académica que fortalecen su perfil y dan garantía a su encomienda actual; tercero, no fue designado por el gobierno sino elegido por la LXV legislatura del Congreso del Estado después de analizar la propuesta que presentaron 18 organismos públicos y privados, entre los que se encuentran universidades y colegios de profesionales.
Y de todo ello tiene que echar mano Trinidad Palacios “para llevar a la CEDH a una nueva etapa, de pronta respuesta a la demanda que la sociedad haga, que vea que realmente es una instancia de defensa de los derechos de los ciudadanos”. Y el abogado va a necesitar de su mayor esfuerzo para divulgar los derechos humanos entre la sociedad, para reparar los crímenes de depredación y atropello evidentes, para reivindicar y humanizar a la comisión, para velar por el cumplimiento eficaz de la ley y para que su labor encuentre eco entre los desposeídos.
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