19 Diciembre 2016
MARIO CABALLERO
RACIEL: EL ABOGADO DE LOS CHIAPANECOS
En la última línea del cuento There are more things (Hay más cosas) Jorge Luis Borges hace que el protagonista encare el horror con estas palabras: “La curiosidad pudo más que el miedo y no cerré los ojos”. En la zozobra de las horas pasadas, este atrevimiento requirió de otra justificación: “La dignidad pudo más que el miedo”.
No hay nada más temible para una sociedad que tener un gobierno represor, intimidante, que privilegie la impunidad, que esté ligado al crimen organizado, con un sistema judicial basado en la opacidad y que abuse de las herramientas a su alcance para imponer el régimen a pesar de los reclamos sociales.
Así, ningún chiapaneco pudo voltear a ver para otro lado a voluntad, porque lo que se vivió durante varios sexenios no fue un cuento de horror sino una realidad de desesperación y hartazgo ante la cual nadie pudo mostrarse indiferente.
¿Cuántas veces fuimos testigos del pánico que nace de la injustica? ¿Cuántas veces vimos a la Procuraduría de Chiapas ser cómplice de la descomposición social y hacerse cargo del cobro de facturas políticas, de la aplicación irresponsable de la ley, de la persecución de los opositores al gobierno, de la venganza, de la cacería de brujas?
Se supone que la procuración de justicia es una obligación que tiene el Estado de garantizar la defensa del ciudadano y perseguir los delitos bajo un marco jurídico que privilegie la honradez, el profesionalismo, la imparcialidad y el respeto a los derechos humanos, velando en todo momento por los intereses de los chiapanecos. Ergo, en la práctica no siempre fue así.
HISTORIAS AMARGAS
Eso de que “La ley a todos nos iguala y todos nos protege” fue una mera fantasía. Absalón Castellanos Domínguez militarizó el gobierno por “razones de seguridad nacional” provocando en el proceso una escalada de abusos, paros magisteriales, huelga de tres meses en la Universidad que terminó en violencia, partidos de oposición declarando represión gubernamental, transportistas paralizando al estado y con el PRI huyendo en desbandada.
Mientras el gobernador decía “gobernaré hasta el último momento”, su secretario particular, Manuel Salinas Solís, se encargaba de doblegar a los otros poderes, encubrir los delitos de los funcionarios y castigar a los rebeldes; pues para muchos fue conocido que el que en verdad mandaba en Chiapas era él y no Castellanos Domínguez, que durante su gobierno tuvo tres secretarios de gobierno y cuatro procuradores de justicia.
Fue un periodo de anarquía. El ex diputado y dirigente del PSUM, Sebastián Pérez, hablaba de violencia y asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad pública del estado.
Con Patrocinio González Garrido gobernó el imperio de la ley: haciendo justicia a su propia conveniencia, purgando sus frustraciones al acosar a sus adversarios políticos a quienes incriminó y encarceló por delitos inexistentes, y en sus delirios de poder creó un grupo criminal que sembró el terror. En su periodo la impunidad prevaleció en torno a las investigaciones de los 25 asesinatos en serie de homosexuales. ¿Justicia? Sólo una palabra en el diccionario. Lo real era la barbarie, la intolerancia hacia la comunidad lésbico-gay que fue víctima de abusos, agresiones y crímenes.
El 20 de abril de 2007, la desaparecida Fiscalía General del Estado informó sobre el arresto de Ignacio Flores Montiel, jefe policiaco de Patrocinio González, que representó el horror, la muerte, la tortura y la represión del régimen. Fue puesto en prisión por su probable participación en el asesinato del periodista Roberto Mancilla Herrera y lo vincularon con las muertes de los homosexuales.
El mejor retrato del gobierno de González Garrido es Ignacio Flores Montiel.
Elmar Seltzer Marseille, Javier López Moreno y Eduardo Robledo Rincón gobernaron entre las extravagancias, el dicho y el fracaso. Durante esos periodos no hubo violencia, hostigamientos, ni muertes que lamentar, sólo frases para el recuerdo y buenas intenciones.
Pero con Julio César Ruiz Ferro, Chiapas vivió uno de los acontecimientos más dolorosos de la década de los noventa: la masacre de Acteal, en la que fue señalado como uno de los presuntos implicados junto con el ex presidente Ernesto Zedillo. Recordaremos que en ese suceso murieron 45 indígenas –incluido un recién nacido- cuyas familias después de casi dos décadas siguen pidiendo justicia para las víctimas que encontraron la muerte bajo las ráfagas de los cuernos de chivo cuando estaban rezando en una pequeña capilla donde celebraban un ayuno de tres días.
MARIANO Y PABLO
El 24 de enero de 2009, Mariano Herrán Salvatti es detenido y acusado de asociación delictuosa, ejercicio indebido del servicio público, peculado y homicidio calificado. Y fue puesto en libertad tres años después, el miércoles 12 de septiembre de 2012.
Mariano Herrán fue zar antidrogas en los últimos tres años de Ernesto Zedillo y, al término del periodo, regresa a Chiapas -su estado natal- por invitación de Pablo Salazar Mendiguchía quien lo coloca en la titularidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado, cargo que desempeñó durante los seis años del gobierno.
Pablo Salazar fue un tirano, y quien diga lo contrario es porque no conoce la historia. Hizo del poder un instrumento para atacar sin misericordia, para coaccionar a sus detractores, para lastimar, para coartar derechos, para mandar a la cárcel a periodistas y líderes sindicales, políticos y sociales por el solo hecho de levantar la voz y denunciar los delitos del gobierno. También lo ocupó para abrir heridas en sectores de la sociedad que aún no logran cicatrizar porque los daños siguen vivos, sangrando y doliendo.
Durante ese periodo la libertad de expresión no pudo ejercerse como se debe. Y si alguien tenía la insolencia de revelarse u oponerse a las decisiones de Salazar, caía sobre él o ella todo el peso de la ley a través de Mariano Herrán, el brazo ejecutor que hizo realidad la ideología de Gonzalo N. Santos: Encierro, destierro o entierro. No había más opciones.
La relación entre Pablo Salazar y Herrán Salvatti fue sólida. Mariano venía con el reconocimiento de los gobiernos de México y Estados Unidos en la lucha contra los cárteles del narcotráfico, y Salazar lo necesitaba para blindar a su equipo de trabajo y controlar el estado a punta de amenazas y balazos, así como lo hicieron con el ex ombudsman de Chiapas Pedro Raúl López Hernández al que exiliaron del estado por considerarse el peor crítico de Pablo y su dictadura.
La procuraduría tuvo crisis de credibilidad en los años de Herrán. Y nadie desmintió las acusaciones de que desde ahí se planearon decenas de desapariciones de líderes campesinos, los atentados a las instituciones, las golpizas a políticos y los asesinatos. Fue el imperio del terror. Los chiapanecos no sólo estuvieron desamparados, sino tuvieron miedo a quien debió haberlos protegido.
OTRA ERA
Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) dio a conocer que Chiapas es el estado más seguro del país. En la encuesta EMVIPE, el estado tiene el primer lugar nacional con la menor tasa de delitos por cada 100 mil habitantes, así como el primer puesto con la tasa más baja de víctimas por cada 100 mil habitantes.
El trabajo de Raciel López Salazar, siempre ajustado a las necesidades de Chiapas y de acuerdo con lo que debe representar como abogado de los chiapanecos, ha hecho esto posible. Hoy, la procuraduría es una institución valiosa y trascendental, con credibilidad y prestigio, podríamos decir que es una virtud de la administración de Manuel Velasco Coello.
López Salazar es un apasionado del servicio público, un entendido de que la justicia es una de las vías para dirimir los trances y procurar el bienestar social. Lejos han quedado ya las historias de horror porque Raciel López sabe que su posición no es amedrentar ni apelar al chantaje para dirimir las diferencias políticas, mucho menos tratar a la gente a gritos, con soberbia y con pistola en mano, sino proponer soluciones mediante el uso de las leyes para llegar a la concordia y terminar con los años de injusticia. Y lo está haciendo bien.
Por eso mismo no es para menos que en un pueblo hasta el hartazgo de los abusos de poder y las complicidades se sienta bien al tener un funcionario que comprende tácitamente su papel y que ve recuperado el ejercicio pleno del Estado de Derecho, con una procuraduría de justicia que dispone de todas sus facultades legales para lograr la gobernabilidad. Au Revoir.
@_MarioCaballero
yomariocaballero@gmail.com