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11 Febrero 2017
MARIO CABALLERO
CUANDO LOS MUERTOS GRITAN
¡Hola, el de ahí abajo!
Charles Dickens, El Guardavías (1866).
- El gobierno de Absalón Castellanos Domínguez (1982-1988), fue responsable de al menos 153 asesinatos políticos, 692 encarcelamientos, 327 desaparecidos y 503 secuestros y torturas.
En diciembre de 1988, una vez terminado el periodo de gobierno, el general Castellanos Domínguez dijo en una entrevista: “Todos me quieren”. Y se proclamó como un hombre realizado, satisfecho con su administración y feliz por haber tenido la oportunidad de servirle a su pueblo. Lo cierto es que como gobernante fue represor.
Se llegó a conocer que Absalón Castellanos nada más era una figura decorativa en el trono, pues los que en verdad gobernaban en Chiapas eran su secretario particular Manuel Salinas Solís, a quien lo acusaron de cometer fraude electoral y reprimir a las organizaciones campesinas, y el Fiscal de Hierro Javier Coello Trejo, el secretario de gobierno que resolvía los conflictos sociales a punta de balazos, como en una ocasión que encerrado en su oficina en Palacio de Gobierno con tres líderes magisteriales y cinco guaruras, sacó un revólver calibre .38mm y lo puso encima del escritorio en el instante en que la discusión se puso más acalorada.
Al ver la reluciente pistola, los docentes se callaron. Minutos después salieron a la calle a decirle al grupo de inconformes que todo se había arreglado. Obviamente, salieron hinchados de dinero.
Durante ese periodo gubernamental se dio una de las peores masacres de indígenas: En 1983, fueron asesinados a tiros once indígenas tzotziles en el municipio de Chalchihuitán, en la región Altos; en 1984, fueron masacrados nueve tzotziles de la comunidad de Venustiano Carranza, en la región Centro; en 1986, otros siete tzotziles fueron asesinados en Jitotol, en la región Norte del estado y, en 1988, ocho campesinos fueron ultimados en el municipio de Pijijiapan, en la zona Costa.
- El viernes 20 de abril de 2007, fue detenido en la Ciudad de México Ignacio Flores Montiel, El General, ex jefe policiaco del ex gobernador Patrocinio González Garrido, acusado por el homicidio del periodista Roberto Mancilla Herrera, sucedido el 2 de febrero de 1993.
Flores Montiel fue un policía corrupto y sanguinario, un asesino en serie que obró siempre bajo las órdenes de Patrocinio González, y la muerte de Mancilla fue una de ellas. También, se le acusó de los homicidios de los periodistas Humberto Gallegos Sobrino, asesinado a tiros en 1989, y Alfredo Córdoba Solórzano, en 1990, pero de esto nada se supo.
Una noche tibia de verano, un joven travesti con pestañas rizadas, peluca pelirroja, colorete, labios rojo escarlata, minifalda, tacones de aguja y bolso Versace de imitación, fue asesinado de dos disparos en la escalinata de un conocido banco ubicado en la esquina de la avenida central y tercera poniente, en Tuxtla Gutiérrez. El asesino que viajaba a bordo de un coche blanco, sin placas, presumiblemente un vehículo de la policía, desapareció como el humo.
Durante el gobierno de Patrocinio González se dio una cacería brutal de homosexuales. Los reportes oficiales hablaron de 15 homicidios. Las organizaciones defensoras y activistas de la comunidad lésbico-gay refutaron la cifra y dijeron que se trataba de más de 30 asesinatos, y culparon a Ignacio Flores Montiel como el ejecutor de la matanza, y al ex gobernador Patrocinio González Garrido, como el autor intelectual.
En vano fueron las marchas en los días de la detención de Flores Montiel, que exigían al gobierno de Juan Sabines Guerrero que no lo dejara en libertad y se le investigara por las decenas de muertes de homosexuales. Empero, Ignacio Flores salió libre meses después y se supone que por el pacto entre Juan Sabines y Patrocinio González Garrido.
- Después del estallido del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 1 de enero de 1994, Chiapas volvió a ser el foco de atención internacional con una noticia que enlutaría a todo el país.
En las horas de la mañana del lunes 22 de diciembre de 1997, un grupo de 90 paramilitares armados con Ak-47 y rifles de alto impacto, irrumpieron en una capilla de religión pentecostal donde 45 indígenas tzotziles del municipio de Chenalhó estaban terminando un ayuno de tres días. Estaban orando cuando fueron atacados. Este salvaje acontecimiento se conoció a nivel mundial como la Masacre de Acteal.
Esas 45 personas eran miembros de la organización Las Abejas, que desde el año 1993 se había separado del movimiento zapatista. Eran gente humilde, pacífica, dedicada al trabajo del campo, que fue perseguida como si fueran animales hasta ser asesinada. Ese día murieron 15 niños, uno de tan sólo un año de edad, 21 mujeres y 9 hombres. Lo incomprensible es que sucedió a escasos 200 metros de un retén militar, donde nadie escuchó nada.
Julio César Ruiz Ferro era el gobernador de Chiapas en ese momento, que durante todo el operativo de exterminio indígena estuvo comunicado con el entonces presidente municipal de Chenalhó, Mariano Arias, quien lo mantuvo al tanto del proceso.
Según las investigaciones, la operación tardó siete horas. Y cerca de llegar a su fin, Ruiz Ferro le dice al alcalde Mariano Arias: “Mi presidente, no te preocupes. Deja que se maten. Yo voy a mandar a recoger los cadáveres”.
La masacre de Acteal se dio a conocer como un vil reporte de nota roja, cuando era en realidad una orden (“Hay que matar indios”) salida desde el despacho principal en Palacio de Gobierno. Diecinueve años después, el caso sigue impune.
- Del atentado de Acteal una niña de dos años quedó ciega, que inútilmente pedía que le encendieran la luz. Otro, un niño de cuatro años de edad, Gerónimo Velázquez, los paramilitares le amputaron cuatro dedos de la mano. Pero este salvajismo no fue comparado con el infanticidio ocurrido en el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía.
Entre diciembre de 2002 y enero de 2003, en el Hospital General K de Comitán murió un total de 35 recién nacidos a consecuencia de una infección contraída en dicho lugar, emergencia que pudo ser controlada con la sola intervención de especialistas en neonatología e infectología, pero no fue posible porque no hubo dinero para pagar los gastos.
Para el Ejercicio Fiscal 2002, la Secretaría de Salud estatal recibió un presupuesto de mil 298 millones 835 mil 242 pesos, de los cuales el hospital donde fallecieron los bebés recibió nada más la cantidad de cuatro millones 713 mil 487 pesos para gasto corriente, es decir, nada más para solventar el pago de los servicios básicos y sueldos. De tal manera, no obtuvo ni un solo peso para la inversión en infraestructura y equipamiento. El secretario de salud era Ángel René Estrada Arévalo, que después pasó a ser rector de la Universidad Autónoma de Chiapas.
Cuando los niños aún estaban graves, el director del hospital y médicos le solicitaron a Pablo Salazar el helicóptero, El Chamula, para trasladar a los bebés a la Ciudad de México, porque tenían probabilidades de vida. Pero, indolentemente, Salazar se los negó, y en cambio prestó la aeronave del gobierno del estado para transportar del país de Guatemala a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez al jugador Guillermo “El Panda” Ramírez, que se integraría al equipo Jaguares de Chiapas.
Días después de las muertes, fue enviado el Dr. Omar Gómez Cruz para ocupar la dirección del hospital, que fue señalado por los miembros de la Sección 97 del sindicato de salud de ser el responsable de limpiar los expedientes y justificar el genocidio. Así que cuando a Salazar le giran la orden de aprehensión por la muerte de los bebés de Comitán, ni siquiera aportó pruebas a su favor ni respondió las preguntas del Ministerio Público. Le valió.
Por muchos años Chiapas fue la geografía del horror y la impunidad. Un estado donde los gobernadores ignoraron la legalidad y los procuradores ocultaron los crímenes en las gavetas de la historia. Vivimos, por qué no decirlo, una época de quebranto en el que no pudimos cerrar los ojos ante los agravios, las torturas, las muertes, las masacres ejecutadas por el mismo gobierno.
“No hay nada tan peligroso como la impunidad, amigo mío –dice Isabel Allende en su novela La isla bajo el mar-, es entonces cuando la gente enloquece y se comenten las peores bestialidades, no importa el color de piel, todos son iguales”.
A la sazón, ¿qué hacer con todas estas muertes que a diario nos gritan al oído clamando justicia? ¿Las dejaremos que sigan gritando para siempre o haremos algo, señor gobierno, señora sociedad, para que encuentren paz?
PARA MAGADALENA
LOABLE. ¡Justicia al fin! Bersaín Miranda Borraz, desde hoy Bersaín “N” porque es un delincuente, está en una celda en el penal “El Amate”. Fue líder transportista en Chiapas que acumuló poco más de mil concesiones del transporte público que obtuvo violando la ley y chantajeando al gobierno. Pero hoy los chiapanecos podemos dormir en paz. Hay justicia… ¡Chao!
@_MarioCaballero
yomariocaballero@gmail.com