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18 Agosto 2014
MARIO CABALLERO
EL DELITO DE LAS MANIFESTACIONES
El 15 de mayo de 2014, fue aprobado por mayoría de votos en el Congreso del Estado el Código de Uso de la Fuerza Legítima de Chiapas, que se conoció como la “Ley Garrote”, y entró en vigor el 4 de julio según publicación del Periódico Oficial. Sin embargo, el objetivo primordial de dicho código de garantizar la seguridad social ante manifestaciones de cualquier índole se tergiversó a tal grado de calificar al código como un instrumento represor, intimidatorio y que atenta contra los derechos humanos. La aparente presión social hizo que el lunes 11 de agosto fuera derogado.
El código anteponía en sus apartados el uso de la fuerza policiaca en atención a los principios de legalidad, racionalidad, proporcionalidad, congruencia, oportunidad, estricta necesidad, respeto y protección a los derechos humanos. Y facultaba a la policía a dispersar manifestaciones violentas con el uso de armas no letales y a aplicar operativos durante las protestas pacíficas como medidas de prevención. La meta era salvaguardar la integridad física de las personas y mantener la paz social por las vías legales.
Empero, en términos diáfanos, la pugna por la anulación del Código nunca pudo lograr que se entendiera como una lucha en defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, menos aun cuando estos nunca se vieron amenazados. Y si a esta reyerta estúpida se le quisiera encontrar un significado objetivo, este sería el servilismo a favor de la impunidad, porque los detractores no son organizaciones altruistas, preocupadas por el bien común y el progreso de Chiapas, sino grupúsculos corruptos y egoístas cuyo fin es el poder, siempre acompañado de una puerilidad desafiante.
El proceso de exterminio de esta ley, es la saga de la infamia presuntuosa. Porque ¿qué se logró con derogarla? ¿Quiénes son los beneficiarios y cuáles los beneficios primeros, si los hay en ambos casos? ¿O cuáles serán las consecuencias que surtirán efecto en la sociedad al negársele la existencia al código normativo? En primera instancia, seguirá la construcción de la impunidad, las justificaciones irracionales por los crímenes cometidos, las movilizaciones por cualquier causa, etcétera. Y en última instancia, la sociedad no estará en la lista de beneficiados, los derechos humanos y la libertad de expresión serán trastocados y seguirá el curso constante de los abusos y violaciones al código civil.
Ahora, proponer la eliminación de la ley pero en términos de democracia tal y como lo hicieron el abogado Miguel Ángel de los Santos Cruz y la diputada Hortensia Zúñiga, coordinadora del PRD en el congreso local, quienes tacharon al código de un “abuso institucional y de un retroceso notable en materia de derechos humanos y libertad de expresión”, se me hace un tanto absurdo y disparatado, más aún cuando sabemos que la democracia no es solo electoral, sino la democracia también es una manera de repartir los beneficios sean estos de salud, educación, vivienda, económicos o legales como es el caso particular.
EN DEFENSA DE LO INDEFENDIBLE
La experiencia histórica nunca dejará mentir. Los resultados de las movilizaciones en Chiapas ya sean magisteriales, estudiantiles o de trasportistas han sido siempre catastróficos. Y tienen a cuestas su fracaso político y moral porque ninguna lucha social y resistencia civil prospera sobre el encono ciudadano, sobre acciones que resisten a la injusticia afectando a quienes no tienen por qué asumir esos costos.
Por razones más que evidentes, un bloqueo nunca gana la simpatía social. Y tampoco procede enfrentar el libre tránsito con la libertad de expresión y movilización. Dicho de otra manera, no hay tuxtleco que apoye una manifestación de maestros cuando sus derechos de tránsito son violentados; no hay tuxtleco que se incline a favor de una movilización cuando por horas una multitud a bloqueado la avenida central y los accesos a la ciudad; no hay padre o madre de familia que diga algo halagüeño sobre los meses que se perdieron del ciclo escolar pasado por el paro de maestros en el zócalo de la capital chiapaneca y en otros estados del país.
De manera dolorosa, las libertades de expresarse y la historia de los afectados se oponen. El 14 de septiembre de 2013, un hombre de aproximadamente 45 años increpa a un grupo de maestros que obstruye las entradas de una plaza ubicada en el poniente de Tuxtla Gutiérrez, y con ostentación desdeñosa los educadores responden y golpean al señor argumentando injustificadamente que están presionando por sus derechos laborales. Una anciana entra en defensa del golpeado, y alega: “Tus derechos terminan donde comienzan los míos”.
Otro capítulo: un señor a bordo de un coche color gris baja de su auto después de llevar más de una hora varado en el boulevard Belisario Domínguez que fue tomado por integrantes del bloque democrático de la sección 7 del SNTE, y pide al grupo de maestros que den paso al menos por uno de los carriles. “¡Cállate, idi?ta! Que esto que hacemos no es por gusto y ni siquiera por nosotros, sino lo hacemos por todos ustedes”, le contesta uno de ellos. “Por favor, tengo que llegar a mi trabajo”, vuelve a pedir el señor del coche gris. “¿Qué no entendiste? ¿Eres p?ndejo o te haces?”, le responde el mismo profesor, y en ese momento comienzan los insultos de un lado para el otro y al fragor de la excitación se suman otros docentes, y ante la desventaja notoria el señor emprende la retirada pero sin dejar de defender lo poco que le queda de orgullo. Sube a su automóvil y de algún lugar cae la primera piedra, después otra, y luego una lluvia de piedras que destrozan los cristales del vehículo y abollan la tapa del motor, el toldo y parte de la cajuela. No hubo castigados.
LO QUE PUDO HABERSE EVITADO
No es del desconocimiento público el por qué en el periodo de Juan Sabines Guerrero las manifestaciones fueron casi nulas, y las pocas que hubo se disolvieron en minutos. Se cree y con mucha certeza que líderes del Bloque Democrático recibían en la oficina de Nemesio Ponce Sánchez un pago de hasta 50 mil pesos mensuales por mantenerse callados y coludidos mientras que el sistema educativo en la entidad era cada día más desastroso. Tampoco es secreto que Roberto Albores Guillén premió con impunidad, plazas magisteriales y mucho dinero el silencio de los líderes de facciones radicales.
El secuestro de varios trabajadores de la Secretaría de Educación por alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumactzá hace unos días pudo haberse evitado de seguir en vigor “La Ley Garrote”. Porque una cosa es hacer uso de la libertad de expresión para buscar beneficios aunque estos sean sectoriales y otra muy distinta aprovecharse de este derecho para cometer actos de semejante vileza. También con ello pudo evitarse la corrupción, la compra de favores, el salvajismo y los delitos cometidos al ciudadano común.
Oponerse a los bloqueos y a las violentas manifestaciones que terminan por aplastar los derechos de la sociedad civil mediante un instrumento legal, nunca significó en lo mínimo rechazar las marchas, las protestas en sitios específicos, los plantones y mucho menos coartar la libertad de expresión, pero sí era una medida urgente a las consecuencias cada vez más desventuradas de acciones de este género.
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