LETRAS DESNUDAS

03 Marzo 2017

MARIO CABALLERO

CUANDO LA IMPUNIDAD SE IMPONE

En 1978, Guillermo Samperio publicó el cuento Lenin en el fútbol en el que narra la politización de un futbolista que se enfrenta a la rapiña de los directivos y padece las consecuencias. La trama de siempre en la realidad, entre jefes y subordinados, entre gobernantes y gobernados, en donde el elemento común es la impunidad para unos y el maltrato para otros.

La impunidad en México es un cáncer difícil de combatir y peor de erradicar. El miércoles pasado tuvimos otra muestra de su imponencia al enterarnos que la orden de aprehensión girada en contra de los siete ex consejeros del IEPC, que en mayo de 2016 fueron destituidos del cargo por no respetar el criterio de paridad de género y por haber manipulado el proceso de la elección del diputado migrante en julio de 2015, tan sólo se trató de un rumor, un engaño. Del festejo pasamos al desahucio.

Lo que sí fue cierto es que esto evidenció que los chiapanecos nos sentimos tan desgraciados que hasta un chisme de supuestas buenas noticias puede venir a alegrarnos el día. Si la situación no cambia, de ser posible pronto tendremos la necesidad de comprar la esperanza en botellas de 600 mililitros.

DELITOS INCUESTIONABLES

El 24 de noviembre de 2014, dos meses después de que los ex consejeros asumieran el cargo, estalla el primer escándalo de corrupción: Los consejeros se autorizaron un incremento salarial del cien por ciento, pues de ganar 64 mil 800 pesos mensuales originales, a partir de enero de 2015 comenzaron a ganar un salario mensual cercano a los 120 mil pesos.

Y en la rapiña, la presidenta Morales Urbina solicitó un presupuesto de 933 millones 537 mil 584 pesos para costear los gastos de las elecciones de 2015, donde se eligieron 122 presidentes municipales y 41 diputados locales. Sin embargo, dicha cantidad era el más alto en la historia del IEPC y también el más alto de todo el país.

De acuerdo con la página de transparencia de la Secretaría de Hacienda para los comicios de 2012, en el que además se eligió gobernador del estado, el presupuesto fue de 321 millones 591 mil 45 pesos, es decir, tres veces menor al requerido por María de Lourdes Morales. La diferencia era de 611 millones 946 mil 539 pesos, que con sus respectivos ajustes casi eran suficientes para cubrir las elecciones de 2018 y 2021. Así que, ¿de dónde sacó la cifra Morales Urbina y los demás consejeros?

Al principio, nadie se molestó en aclarar el grosero incremento salarial y presupuestal. En un día de sesión del consejo, Morales Urbina prácticamente huyó de las instalaciones para evitar ser cuestionada por los reporteros, y salió por la puerta trasera diciendo a los medios: “Ahí les van a mandar un boletín”. Y sí llegó el boletín, pero no esclareció las dudas sobre los conceptos que integraban el monto total del presupuesto requerido para las elecciones ni los motivos del execrable aumento de los sueldos.

Ese mismo día, Jorge Manuel Morales Sánchez, consejero electoral, fue el único que “intentó” dar una explicación al abuso: “La modificación a los sueldos es una unificación de prestaciones laborales entre los consejeros del IEPC y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado”, dijo. Y dicho esto posó para la foto y se retiró orgulloso de su respuesta. Así de banales.

Diez días antes de la jornada electoral del 19 de julio de 2015, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al IEPC que hiciera cumplir la paridad de género en las candidaturas, para lo cual las campañas tuvieron que ser suspendidas por varios días.

Dicha omisión -¿o corrupción?- de los consejeros ocasionó pérdidas millonarias en dinero tanto para los partidos como para los políticos a los que les quitaron la candidatura. Y una vez resuelto el problema se cayó en otro grave escenario: la desinformación, por la cual los electores nunca se enteraron con certeza de quiénes quedaron como candidatos registrados para presidentes municipales y diputados. Esto provocó desinterés en la sociedad, un desbalance en la democracia y mucho abstencionismo.

Propongamos, por decir algo, una hipótesis: Si una persona es contratada para realizar un trabajo para el cual le enseñan las funciones del puesto, sus obligaciones y sus responsabilidades y, además, pagándole un buen sueldo, el que lo contrató espera que dicha persona cumpla por lo menos con lo pretendido.

A la sazón, si los consejeros sabían que dentro de sus funciones está la vigilancia del proceso electoral y dentro de éste la correcta presentación de las candidaturas, ¿por qué permitieron que los partidos hicieran lo que les vino en gana, sin respetar tiempos, espacios y lo concerniente al tema del género? ¿Será que nadie se dio cuenta que había una mujer por cada seis o siete hombres en las candidaturas? O peor aún, ¿por cuánto negociaron el hacerse guaje?

Días antes de las elecciones, una reportera aborda a María Morales Urbina y la cuestiona sobre el “bono de productividad” que se habían aprobado los consejeros y que mañosamente trataron de ocultar. A lo que la ex consejera, respondió: “Es totalmente falso. Los consejeros electorales no nos hemos otorgado ningún bono o estimulo; estamos ganando sólo nuestros honorarios. Lo que se está por determinar es un incentivo pero para la base trabajadora, porque sus jornadas laborales durante este año electoral son extenuantes”.

Un trabajador de base la desmintió: “¿Cuál bono? A nosotros no nos han dado nada, solo unas buenas chingas”, dijo.

En 2015, los chiapanecos vivieron las comicios más sucios de la historia reciente, con 341 incidentes reportados, con un IEPC que soslayó intencionalmente la paridad de género y que actuó de una manera facciosa y conspirativa con partidos y políticos, con una persona muerta en un enfrentamiento en el municipio de Copainalá, con el robo, cierre y quema de casillas en Ocosingo, Huehuetán, Chilón, Venustiano Carranza y Salto de Agua.

Además, con la suspensión de las votaciones en Chenalhó, con inmigrantes centroamericanos votando como chiapanecos, con la compra descarada de votos, con personas retenidas por grupos armados, con boletas impresas por ambos lados, con la toma de radiodifusoras por maestros de la CNTE, con bloqueos carreteros en Oxchuc, protesta que impidió las elecciones en esta zona, y con urnas sustituidas por otras que estaban repletas con votos a favor de tal o cual candidato. Todo a la vista, descaradamente, y nadie en el IEPC hizo nada.

A estos ex consejeros les debemos los conflictos y los muertos en Chenalhó, Oxchuc y San Juan Chamula.

Muchos chiapanecos no pudieron votar ese 19 de julio porque su nombre de manera misteriosa no apareció en el padrón de electores, pero sí en el listado de chiapanecos residentes en el exterior, que según el IEPC se habían registrado para poder votar por el diputado migrante. Roberto Pardo Molina resultó ganador, pero al saberse el timo en justicia al pueblo de Chiapas el PVEM lo expulsó el 13 de diciembre de 2015 y el Congreso del Estado lo desaforó para que enfrentara el proceso penal por delitos electorales.

 

La elección del diputado 41 (migrante) fue el mayor robo de identidad en la historia de México. Oficialmente, el IEPC dio a conocer la lista de 7 mil 363 chiapanecos que votaron desde 42 países diferentes, hubo votos desde Estados Unidos, Armenia, Croacia, Eslovaquia, Liberia, Uganda, Vietnam, Cabo Verde, Trinidad y Tobago, República Checa, Suiza, entre otros. Pero no fue cierto. Lo ilógico fue que cientos de personas que votaron el 7 de junio en las elecciones federales, no pudieron hacerlo cinco semanas después en las locales.

Por denuncias, la FEPADE realizó las investigaciones e hizo una muestra de doscientos ciudadanos que supuestamente eran residentes en el extranjero y habían votado el 19 de julio, y se ubicó a 168 que vivían en Chiapas, de los cuales 164 dijeron al INE nunca haber salido del estado.

¡CÁRCEL! ¡CÁRCEL!

El tema de los ex consejeros tiene que ser investigado y sancionado con toda severidad y no sólo por el robo de identidad, sino también por corrupción, malversación de recursos públicos y fraude electoral. Y esperemos que las autoridades respondan al clamor de justicia y encarcelen a estos personajes para que esto nunca más vuelva a suceder en otra elección.

De lo contrario, seguiremos siendo un estado donde la impunidad queda como siempre intocable. ¡Chao!

@_MarioCaballero

yomariocaballero@gmail.com