29 Septiembre 2017
MARIO CABALLERO
EL DRAMA DEL DINERO DE LOS PARTIDOS
Escribir ante la tragedia parece frívolo y hasta un tanto arrogante, pero hay algo peor que eso. Hay políticos que deliberadamente se aprovechan de las desventajas de muchos y de las ventajas de menos colocando en el debate público el tema de la eliminación del financiamiento público de los partidos políticos, proponiendo que ese dinero sea mejor utilizado en la reconstrucción y apoyo de los damnificados de los sismos.
El primero que puso el tema sobre la mesa fue el mesías tropical Andrés Manuel López Obrador; luego vinieron en cascada las propuestas de los demás dirigentes de partido. Algunos han prometido 20 ó 50 por ciento de sus prerrogativas. El PRI fue más lejos y decidió renunciar al cien por ciento de su financiamiento de lo que le resta de 2017, unos 258 millones de pesos.
En primer lugar no es tan fácil entregar ese dinero a la gente. Si un partido o político usa los recursos partidistas para regalar despensas a los damnificados estará cometiendo el delito de compra de votos. Por otro lado, devolverlo a la Secretaría de Hacienda significa perderlo en ese saco roto que se llama gasto federal.
Hace pocos días el PRI hizo oficial ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su petición de que le sean retenidos dichos recursos. Esa decisión cabe dentro de lo legal pues al renunciar a éstos el INE se obliga a reintegrarlo a la Tesorería de la Federación para que se disponga de él en apoyo a las víctimas. Además, planteó una enmienda constitucional para eliminar totalmente la financiación de los partidos a partir de 2018.
La eliminación de este esquema de subsidio es una añeja demanda de la sociedad, pero no ha sido el PRI el primero en proponerla. El llamado Frente Ciudadano hizo la misma propuesta el 22 de septiembre pasado. Antes, en 2007, Dante Delgado del partido Movimiento Ciudadano también pidió eliminarlo. Lo indignante es que en medio de la tragedia hay políticos a los que les parece que quitar ese beneficio significa una agresión, un crimen, un intento de homicidio.
DEMOCRACIA COSTOSA E INEFICIENTE
Fue en 1996 cuando se estableció el actual sistema de financiamiento público a los organismos políticos, pero basado en promesas que nunca se cumplieron.
Los partidos en México se sostienen con dinero de los mexicanos, aportados a través del pago de los impuestos. El financiamiento a partidos se llama prerrogativas y es el rubro más importante del INE. Consiste básicamente para que dichos institutos puedan sufragar sus actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña y actividades específicas. El órgano que tiene la responsabilidad de supervisar la correcta ejecución de los dineros es el propio INE.
Pero ¿es lo más adecuado cuando el nivel de aprobación de los partidos es muy bajo y ya nadie cree en las campañas políticas, donde el gasto multimillonario sirve nada más para desprestigiar a los candidatos y no para la realización de propuestas?
En Estados Unidos los dos únicos partidos políticos financian sus actividades a través de las donaciones realizadas por los ciudadanos. Estas aportaciones voluntarias están supervisadas por la Comisión Electoral Federal. Lo mismo sucede con las campañas electorales de los candidatos, que fundamentalmente viene de la inversión privada que se entiende como una forma de ejercer la libertad de expresión y el discurso político.
En España, por ejemplo, los organismos tienen al menos cinco formas de financiarse: mediante el dinero del Estado que va en función de los escaños obtenidos y de los votos, donaciones de la gente, cuotas de los afiliados, microcréditos con sus simpatizantes a una tasa del 0% y créditos bancarios. Sin embargo, las prerrogativas no forman parte del presupuesto electoral.
Establecer el financiamiento público para los partidos mexicanos se hizo pensando en un gran e importante objetivo: impedir que el narcotráfico y los grandes empresarios influyeran en ellos y en los candidatos. No sirvió, pues cada vez es más notable esta injerencia.
En marzo de 2016, Rosa Isela Guzmán Ortiz, presunta hija de Joaquín “El Chapo” Guzmán, dijo ante al diario británico The Guardian que las empresas ilegales de su padre financiaban las campañas electorales de muchos políticos en México. ¿Para qué? Simple, pagar los gastos de campaña de los candidatos pedía a cambio protección y facilidades para los negocios del crimen organizado una vez que éstos llegaban al gobierno. Así, delitos como el tráfico de drogas, de armas, de personas, la explotación sexual, la extorsión, el secuestro, la venta de órganos, entre otros, podían darse a plena luz del día y ninguna autoridad diría nada.
Pero la situación no paró ahí, pues ante las quejas del elevado costo electoral fue motivada una nueva reforma en 2007. En ésta se dijo que se ahorraría dinero si en lugar de pagar tiempos en radio y televisión, se confiscaban. ¿De qué sirvió? De nada, porque los gastos de publicidad no han disminuido y los únicos que utilizan esos espacios son los dirigentes que se auto promocionan.
Lo peor de todo es que la inversión pública no ha logrado darle credibilidad a las elecciones en el país. Para darnos cuenta de esto basta con contar el número de impugnaciones que hubo en las elecciones de 2012 y 2015. Además, una encuesta realizada en junio de este año por el periódico Reforma indica que el 60 por ciento de la población considera que el INE no está lo suficientemente maduro para llevar a cabo las elecciones de 2018 y que el 55% está seguro de que no es independiente del Gobierno.
¿Dónde está pues la supuesta credibilidad que año con año nos cuesta miles de millones de pesos que pueden ser mejor aprovechados en materia de educación o salud o en programas de combate a la pobreza?
Aparte tenemos una de las democracias más caras del mundo. Nada más en el siguiente año los partidos nacionales recibirán 6 mil 789 millones de pesos. En los estados se repartirán otros 6 mil millones. El INE tendrá un presupuesto de 18 mil 226 millones, y los OPLEs (Organismos Electorales Estatales), un monto de casi 14 mil millones. El Tribunal Electoral Federal, por su parte, gastará 3 mil millones y los estatales otros 4 mil millones. Asimismo, los “tiempos gratuitos” de radio y televisión tendrán un costo de 60 mil millones. En total serán 112 mil millones de pesos que saldrán de nuestros bolsillos para alimentar la basura electoral.
Mientras en Chile se gasta en promedio 1.2 dólares por elector, en Costa Rica 1.8, en Brasil 2.3, en Salvador 4.1 y en Paraguay 3.7, por mencionar algo, en México el costo por elector será de 5.9 dólares, es decir, 106 pesos actuales aproximadamente, votemos o no votemos.
ELIMINAR O NO ELIMINAR
“Los partidos políticos deben depender de sus simpatizantes, no del erario”, escribió Paco Calderón. Estoy convencido de que el debate sobre la eliminación del financiamiento a los partidos con dinero del pueblo debe llevarse hasta las últimas consecuencias, sobre todo porque no existe legitimidad en los gobiernos, hay mucho abstencionismo por culpa de la conducta inmoral de los políticos, nulo provecho para la democracia y que en gran medida los recursos invertidos van a parar en absurda publicidad electoral y a las cuentas bancarias de las dirigencias partidistas.
No obstante, no tiene que hacerse a la ligera. Tampoco debe dejarse que sirva para engordar el oportunismo político y la rapiña electoral.
Es cierto. En este momento se necesita muchísimo dinero para recomponer los daños que causaron los sismos del 7 y 19 de septiembre, pero dejar totalmente sin recursos las elecciones de 2018 originará desequilibrios entre los partidos y los candidatos. Tendrán mayores ventajas los que pertenecen al poder. Peor aún, si incluso con las actuales reglas las manos del crimen organizado están metidas en la política, ¿qué pasará si no se ponen límites y los suficientes candados legales al financiamiento privado? ¡Vaya! En un futuro cercano podríamos tener un gobierno constituido por narcotraficantes y políticos impuestos por los capos.
Estamos sin duda en un momento oportuno para modernizar a los partidos y darle un mejor destino a la riqueza del país. Pero, ¡aguas!, no vaya a salir más caro el remedio que la enfermedad. ¡Chao!
@_MarioCaballero
yomariocaballero@gmail.com