LETRAS DESNUDAS

09 Diciembre 2017

MARIO CABALLERO

SEGURIDAD INTERIOR

Cuando alguien te cae mal, y sobre todo si es poderoso, llegamos al extremo de pensar que todo lo que hace es para causarnos daño. Si nuestro malcarado vecino se le ocurre levantar una barda de dos metros y medio de altura, creemos que lo hizo pensando en privarnos de la luz del sol, o si no barre su banqueta a diario como hacemos nosotros, es porque quiere hacernos ver como unos obstinados de la limpieza.

Algo similar a lo que muchos sienten contra el gobierno de Enrique Peña Nieto, que al impulsar una ley que significa utilizar al Ejército para fines de seguridad pública y mantener la paz social, ha provocado una ola de repulsión con la creencia de que el objetivo del presidente es someter a la oposición por medio de la fuerza y que eso atenta contra los derechos humanos de los mexicanos.

Se entiende la inconformidad y la razón de las protestas que abogan por la desaprobación de la Ley de Seguridad Interior, que desde luego se basan en los años de decepción gubernamental, escándalos de corrupción y la falta de credibilidad de las instituciones. Sin embargo, no todos han visto la película completa. Porque no se puede hablar al respecto sin tomar en consideración el contexto de las próximas elecciones y la inclinación política de quienes lideran las manifestaciones en contra de dicha ley.

LA IMPORTANCIA DE LA LEY

Haciendo buen uso de la memoria recordaremos que la utilización del Ejército para fines de seguridad interna no inició en el gobierno de Felipe Calderón. Viene de mucho tiempo atrás. ¿Se acuerda que antes de la guerra contra el narcotráfico las principales noticias sobre la labor del Ejército se trataban de las tareas de destrucción de plantíos de mariguana? Bien. Pues acabar con ese cultivo nada tenía que ver con la seguridad nacional.

Por otro lado, muchas veces el Ejército realizó el papel de policía. Recordemos que cuando hubo un estadillo de violencia en la Ciudad de México en el lejano 1997, los soldados hacían patrullajes y rondines las veinticuatro horas del día por las calles de la Delegación Iztapalapa. Incluso eso sucedió en el gobierno perredista de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo de Tata Cárdenas.

Ahora bien, ante las ineficientes y poco confiables policías que hemos tenido, el Ejército se ha visto obligado a intervenir en toda situación crítica. Por eso mismo ha sido importante que las Fuerzas Armadas hayan creado brigadas y equipos especializados para el combate a la delincuencia. Por ejemplo, Los Zetas nacieron como un grupo élite dentro del Ejército Mexicano entrenado especialmente para combatir a los cárteles del narcotráfico. Pero una de las organizaciones que combatía, el Cártel del Golfo, les ofreció más dinero y los incorporó a sus filas.

La diferencia entre el ayer y el hoy es que en este momento las Fuerzas Armadas ocupan mucho más territorio y son responsables de él por mucho más tiempo. Por supuesto, no son inmunes a la corrupción y existen claras evidencias de sus abusos, pero nadie puede negar que sean el recurso menos malo que actualmente tiene el Estado para luchar contra los grandes capos de la droga.

Debido a ello es una negligencia o una irresponsabilidad que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea tengan décadas haciendo labores propias de los policías sin una ley que regule su actuación en materia de seguridad interior, como han decidido llamarle ahora a esta tarea cotidiana de seguridad pública.

Desde que en 2007 el ex presidente Felipe Calderón sacó a los militares de los cuarteles para combatir al narco, la violencia en el país se exacerbó y las víctimas mortales fueron en aumento. Informes recientes hablan de una cifra de 200 mil muertos, 39 mil desaparecidos y alrededor de 350 mil desplazados. En ese trance los soldados han cometido una larga serie de atropellos en contra de civiles y exceso en el uso de la fuerza.

En 2008, la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció que un inmigrante había sido confundido con un traficante de drogas. Al cual los soldados torturaron introduciéndole astillas de madera en las uñas y los dedos de los pies.

En agosto de 2007, cinco soldados detuvieron a un hombre al que mantuvieron incomunicado durante más de 24 horas en instalaciones militares, donde le propinaron golpes, colocaron una bolsa de tela en su cabeza, lo ataron de pies y manos, volcaron agua en su rostro y le aplicaron descargas eléctricas. En mayo de ese año, personal castrense detuvo a ocho personas luego de un enfrentamiento armado entre el Ejército y presuntos narcotraficantes. A pesar de que ninguno de los detenidos participó en los ataques fueron trasladados a bases militares, donde cuatro de ellos fueron apaleados y les cubrieron las cabezas con bolsas de plástico y obligados a permanecer en el piso con los ojos vendados.

En esos diez años de enfrentamientos han sido reportados decenas de abusos y violaciones a los derechos humanos de parte de los militares. Un estudio de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), encontró que la Procuraduría General de la República sólo ha condenado a 16 soldados de un total de 505 investigaciones penales realizadas de 2012 a 2016. Añade que sólo hubo dos condenas por “responsabilidad de la cadena de mando” de oficiales cuyas órdenes terminaron en arbitrariedades.

De ahí parte de la importancia de legislar la Ley de Seguridad Interior.

CONVENIENCIA

Si el Congreso está legislando dicha ley es porque las Fuerzas Armadas fijaron un ultimátum: sin ley, no será posible continuar realizando las tareas de policías que hoy ejecutan.

En términos simples, se trata de una ley elaborada por los mismos militares para protegerlos de la indefinición regulatoria de sus actividades. Con seis capítulos y 31 artículos, la Ley de Seguridad Interior implica hacer uso de todas las Fuerzas Armadas para enfrentarse a fenómenos que impacten el orden público. El objetivo esencial es garantizar la paz social que permita la correcta continuidad de las instituciones y el desarrollo nacional, mediante el sostenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en beneficio de la población.

Sin duda de ningún género, la versión aprobada por los diputados debería ser modificada por el Senado de la República en los problemas centrales que han señalado sus críticos. Pero de eso a pensar en que no es necesaria hacer la ley, es como creer que los estados pueden fabricar policías confiables, honestos, profesionales y capaces de guardar el orden público.

En otras palabras, difícilmente un agente policiaco sin educación y con una trayectoria en la extorsión y la mordida, podrá combatir a grupos criminales cada vez más sofisticados, con muchos recursos financieros, organizativos y operativos, y con gran capacidad para infundir el terror y la violencia.

Por eso último, urge terminar con el vacío legal en que se encuentran las Fuerzas Armadas. Lógico, se requiere construir un complejo entramado institucional para que no se utilicen las capacidades militares de forma desmedida contra la población civil. Además, la Ley de Seguridad Interior debe venir junto con un grupo de leyes que busquen fortalecer a las policías de los tres niveles de gobierno, contemplando robustecer a los Ministerios Públicos, las cárceles y los jueces.

En un plan bien diseñado sería provechoso incluir programas e instrumentos que vinculen socialmente mejor a los jóvenes para que no sean atraídos por la vida criminal, como becas, incentivos para la educación y fomento del autoempleo, por ejemplo.

Visto de este modo lo más conveniente es que los “intelectuales”, políticos, partidos y sociedad inconforme, en lugar de exigir que esa ley sea desechada deberían iniciar un debate público para que dentro de esa legislación todas las policías y las Fuerzas Armadas estén al servicio del pueblo y no del gobierno en turno. Piénselo.

PARA MAGDALENA

EDUARDO Ramírez Aguilar es uno de los líderes políticos más importantes del estado. Logro suyo es la elaboración de una Constitución más acorde a las necesidades del pueblo chiapaneco. Asimismo hacer del Congreso local una institución autónoma, con credibilidad y al servicio de la ciudadanía. Entre otras cosas, destaca por mucho de los demás aspirantes en simpatía y labor política para asumir la candidatura del PVEM al gobierno de Chiapas. La cúpula nacional debería tomar muy en cuenta todo esto… ¡Chao!

@_MarioCaballero