LETRAS DESNUDAS

13 Diciembre 2017

MARIO CABALLERO

LA ESPIRAL DE LA MUERTE

Nuestros conflictos son una forma de la eternidad. Una espiral de la muerte que asecha a los pueblos nativos de Chiapas. Los hay de chile, mole y pozole. Agrarios, territoriales, magisteriales, estudiantiles, políticos, etcétera. Lamentable es que todos los gobiernos pasados le apostaron a que se resolvieran a través del desgaste y el olvido. Las soluciones quedaron sólo en el discurso y las declaraciones sustituyeron a la gestión. Las negociaciones llevaron a pactos para que todo siguiera igual. Por esa ancestral indiferencia somos hoy en día un estado sumido en el marasmo.

El levantamiento zapatista de 1994 marcó una diferencia entre el ayer y el hoy de los pueblos originarios de Chiapas. Después de que los indígenas eran seres invisibles, pasaron a formar parte del debate público y fueron –aunque mínimamente- incluidos en las políticas públicas y proyectos de gobierno. ¿Sirvieron de algo las pérdidas humanas y materiales durante ese conflicto? Tal vez. ¿Hay cambios reales y visibles en la actual situación de esas comunidades? No. ¿Hubo justicia social? Tampoco. Pero a partir de ese acontecimiento todo el mundo supo que existían, en qué condiciones vivían y cómo se gobernaban.

Al conflicto le siguieron los diálogos de San Andrés donde los gobiernos federal y estatal nada más se pronunciaron en la postura de “venir a escuchar muy respetuosamente”, pero sin proponer nada, ni dialogar. Fue más bien un espacio para el deshago de las víctimas, de los abandonados del gobierno. Si los monólogos son aburridos y tediosos, los acuerdos firmados donde sólo uno de los interesados se compromete a respetarlos, la cosa sólo puede terminar de una manera.

La falta de cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés, que no se convirtieron en ley por capricho de los partidos políticos, dio paso a una insurrección pacífica. Los pueblos inconformes llevaron a cabo un repliegue con el objetivo de volver a su propia autonomía, la que han buscado construir ellos mismos durante años, única, diferente a la del resto de la sociedad. Pero esa autonomía consiste en un gobierno dentro del gobierno constitucional. Esta supuesta autonomía se basa en la Ley de los Usos y Costumbres para elegir a los gobernantes, establecer la jerarquización y hacer justicia.

Los Usos y Costumbres son un tema muy debatido porque pueden tratarse de una licencia para cometer abusos. Es decir, si habitantes de una comunidad se ponen de acuerdo para linchar a una persona, desollarla viva, quemarla o aplicarle cualquier otro castigo corporal, están en su derecho porque eso forma parte de su costumbre y todos deben respetarlo.

IMPUNIDAD POR DERECHO

Si la aparición del movimiento del EZLN fue un parteaguas en la historia de los pueblos primitivos de Chiapas, la matanza de Acteal fue el acontecimiento que enmarcó la impunidad y la supremacía del autogobierno indígena sobre las leyes y la Constitución mexicana.

Muchas comunidades indígenas tienen una idea errónea de lo que verdaderamente representan los usos y costumbres, que los ejercen como patente de impunidad para robar, golpear, desplazar de sus hogares a las personas que no simpatizan con su partido político o porque no comparten la misma religión. Asimismo para vender a menores de edad e incluso hasta para matar. Como ocurrió la tarde del 6 de febrero de 2014.

Ese día fue un infierno para el taxista Juan Girón López y su ayudante Diego Sántiz. Estando trabajando en el taxi un niño se les atravesó de repente en la carretera y lo atropellaron. Fue un accidente del cual Gerónimo Gómez López resultó sólo con una pierna rota. Los dos hombres fueron detenidos y llevados a la cárcel de la comunidad en espera de que llegaran las autoridades estatales.

Pero hacia las nueve de la noche, la familia del niño y otras 400 personas de la comunidad San José Chacté irrumpieron en la cárcel y sacaron a los detenidos para trasladarlos al centro del pueblo. Después de golpearlos les pidieron cien mil pesos para dejarlos en libertad, de lo contrario serían linchados. No tenemos dinero –respondieron-. Nosotros no somos los dueños del taxi. Somos sólo los empleados. Como la respuesta que dieron no era la que los demás esperaban, los golpearon con palos y piedras hasta dejarlos inconscientes.

Fueron amarrados en un poste donde los rociaron con gasolina y los quemaron vivos. Hay testimonios de que los gritos de las víctimas se oían a varias cuadras a la redonda. Los cuerpos de Juan Girón y de Diego Sántiz permanecieron a la vista del público por largas horas como si fueran parte de un espectáculo de feria. Las autoridades municipales y estatales no pudieron llegar al lugar porque los lugareños se los impidieron. Por este doble homicidio nadie fue enviado a la cárcel.

En junio de 2012, indígenas tzotziles de la comunidad las Ollas, municipio de San Juan Chamula, lincharon a cuatro hombres cuando trataban de tirar el cuerpo de una mujer identificada como Fidencia Sántiz López, de 24 años de edad. Días después de los hechos, en el mercado del lugar se vendió el video del linchamiento entre 10 y 15 pesos. Este caso también quedó impune.

El 19 de enero de 2014, dos presuntos asaltantes fueron linchados y uno de ellos, Benito Gómez López, murió quemado por los aldeanos de Plaza Yochib, municipio de Oxchuc. El otro delincuente logró sobrevivir a pesar de la golpiza.

 

Estos son algunos sucesos donde los usos y costumbres han demostrado estar por encima del Estado de Derecho. No importa de qué problema se trate, quién o quiénes sean los culpables, simplemente se trata de hacer justicia por propia mano.

CHALCHIHUITÁN

“Nuestros vecinos, es decir, nuestros enemigos”, escribió Primo Levi. Ciertamente, las colindancias dividen en un sentido físico, pero también moral. El jardín de al lado siempre es más verde, pero los prejuicios permiten que nos sintamos mejores a los que viven ahí. Sin embargo, también hay veces que envidiar lo que los otros tienen nos lleva a cometer crímenes, como lo que sucede actualmente en el municipio de Chalchihuitán, que es una tragedia con más de cuatro décadas sin resolverse.

El 1973, la Secretaría de la Reforma Agraria estableció que la separación entre Chalchihuitán y Chenalhó sería un río, tratándose así de un límite natural. Pero en 1981 los pobladores de Chalchihuitán construyeron muros de concreto y colocaron alambrado dentro del territorio de Chanalhó, privándolos del paso de dicho río. Al poco tiempo, los afectados destruyeron la construcción dando así comienzo a los conflictos armados por el límite territorial. De esto han suscitado a lo largo del tiempo decenas de muertos y desaparecidos.

El secretario de gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, ha hecho todo lo posible por solucionar la problemática y acabar con los enfrentamientos. Empero, los caciques de Chenalhó que quieren adueñarse de las tierras han desatado la violencia en el lugar refugiándose en los usos y costumbres. Se presume que ellos son los responsables de la muerte de Samuel Pérez Luna, poblador de Chalchihuitán, y de armar a grupos paramilitares que se pasean por las calles haciendo disparos al aire y amenazando a la gente a punta de pistola.

Por esta razón alrededor de cinco mil personas abandonaron sus hogares y huyeron a los cerros y montañas en busca de seguridad. En este momento, hay familias enteras viviendo en cuevas o debajo de los árboles donde sufren frío y hambre. Entre los desplazados se cuentan mujeres embarazadas, niños y bebés. En días reciente, se dio a conocer una noticia estremecedora: cuatro niños y dos adultos tzotziles murieron por estar a la intemperie.

El gobierno del estado ha prestado pronta ayuda humanitaria enviando brigadas para la atención médica y alimentación. También ha proveído de ropa y abrigo para los afectados. Pero no es todo lo que se necesita. En varias ocasiones ha hecho el llamado al diálogo, pero no nadie ha respondido.

Es repugnante que el presidente municipal de Chalchihuitán, Martín Gómez Pérez, haya convertido un problema territorial en un conflicto político. Pues teniendo la solución en sus manos, busca mártires para fortalecer sus demandas políticas y culpabilizar al gobierno.

Si lo de Acteal fue un crimen de Estado, lo que pueda ocurrir en Chalchihuitán será responsabilidad del alcalde Martín Gómez, que antes de proteger a sus gobernados prefiere que sean asesinados por los paramilitares o caigan muertos por el frío y el hambre. ¡Chao!

@_MarioCaballero