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LETRAS DESNUDAS
24 Noviembre 2014
MARIO CABALLERO
AYOTZINAPA: EL DRAMA DE LA CONFUSIÓN
La violencia de las manifestaciones del pasado 20 de noviembre en varias ciudades del país, donde estudiantes, sindicalistas, profesores, padres de familia y personas sin filiación salieron a las calles a exigir justicia por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, es la más clara demostración de impunidad.
En la ciudad de México, un grupo de encapuchados se enfrentó con cócteles molotov y petardos contra agentes antimotines, que en cumplimiento de su deber les impidió el paso hacia el aeropuerto para guardar la seguridad de las personas. En la Plaza del Zócalo, otro grupo de manifestantes causó graves destrozos, robos e inconvenientes con el tráfico. Más al norte, en la calle República de Argentina número 28, otra banda de estudiantes, pero ahora del Instituto Politécnico Nacional, hizo pintas y colgó mantas en el edificio de la Secretaría de Educación Pública.
En Guerrero, miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Guerrero, sacaron a golpes a los empleados de capufe y se pusieron ellos a cobrar las cuotas en la caseta de peaje de Palo Blanco de la Autopista del Sol.
En el municipio de Hecelchakán, Campeche, estudiantes normalistas quemaron las puertas del Palacio del Ayuntamiento. Y en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un pequeño grupo de jóvenes embozados quemaron una tienda de conveniencia y causaron estragos en una plaza comercial, y todo en nombre de la solidaridad y la justicia.
CEGUERA COLECTIVA
Luego de casi dos meses de la matanza de Ayotzinapa, ya no se sabe qué es lo más lamentable, si el infortunio de los normalistas o la creciente ola de crímenes en varios estados de la República.
Es entendible que las manifestaciones forman parte de la vida pública y democrática de nuestro país, pero eso de que se pretenda justificar la violencia que provocan argumentando que se trata de solidaridad con las víctimas y con las familias, y que el vandalismo tan sólo es un método para presionar a las autoridades y se haga justicia, es engañar al pueblo. Y también lo es calificar el atentado contra los normalistas como crimen de Estado.
Y si incendiar inmuebles, tiendas, autobuses de pasajeros; secuestrar camiones, autos, casetas de cobro; tomar edificios públicos, plazas y centros comerciales; bloquear calles, tramos carreteros, accesos a la ciudad; causar destrozos, violar los derechos civiles e individuales de las personas y si provocar la ira en contra del gobierno, incluso pasando por encima del Estado de Derecho, no es desestabilización social, ¿entonces qué es lo que se está viviendo en México? Visiblemente, no es solidaridad.
El pueblo, sin darse cuenta, es arrastrado por el calor del momento, la desinformación y el juego de intereses de los que están detrás de la propaganda Crimen de Estado. Cayendo en una terrible ceguera colectiva. Y, además, los familiares de las víctimas despreciaron las evidencias encontradas en las investigaciones sobre el caso para volcar su atención en lo que quería oír, sin importarle que los datos fueran falsos o los hechos estuvieran tergiversados. Al final, la mayoría de la sociedad creyó la mentira y se hizo cómplice de la calumnia, produciendo con sus “actos de reclamo por justicia” un amplio espectro de situaciones delincuenciales, ejercicios de supremacía, ignorancia, desdén por los derechos humanos y anarquía salvaje.
AJUSTE DE CUENTAS
No hay crimen de Estado en el caso Ayotzinapa. Después de conocerse la declaración de un criminal identificado como El Gil, se despejaron muchas dudas sobre el ataque a los normalistas.
El Gil dijo que se comunicó por mensaje vía celular con la cabeza de la banda, Sidronio Casarrubias, en el que le dice: “Nos atacaron Los Rojos, nos estamos defendiendo”. Sidronio, a salvo en una cabaña en Valle de Bravo, Estado de México, le respondió que procediera, y la orden se acató. El Gil los trasladó en dos camionetas hasta un tiradero de basura de Cocula, donde junto con otros sicarios los fue matando uno por uno, arrojándolos al fondo de la barranca, donde hicieron una hoguera y los quemaron durante doce horas.
A las cinco de la tarde, después de esperar varias horas para que se enfriaran un poco las brasas, bajaron a recoger las cenizas de los cuerpos y las metieron en costales que agujerearon para diseminarlas a lo largo del río Atoyac.
El sábado 27 de septiembre, El Gil volvió a comunicarse con Sidronio, y le informó: “Jefe, los hicimos polvo y los echamos al agua, nunca los van a encontrar”.
Agrego otros datos:
+ No fue una persecución y una balacera. Las declaraciones de los detenidos sugieren que fueron más de dos los enfrentamientos con los normalistas.
+ Los estudiantes estaban armados. Cuando los policías disparan contra los camiones, varios “estudiantes” bajan de ellos y responden a la agresión con armas de fuego. Y una vez abajo amenazan a los automovilistas y les roban sus autos para huir del tiroteo.
+ A uno de los estudiantes herido durante la primera balacera, que después fue ultimado de un tiro en la frente y desollado, le arrancaron los ojos.
+ Policías de Iguala y de Cocula, que confesaron estar ligados al crimen organizado, entregaron a los Guerreros Unidos a los 43 normalistas.
+ Los estudiantes capturados son identificados como integrantes de la banda de Los Rojos.
+ Algunos de los 28 cuerpos descubiertos en las fosas clandestinas se encontraron desmembrados, desollados y sin ojos.
Si el asunto se hubiera tratado de un escarmiento a los estudiantes, por el asunto de los camiones que secuestraron para regresar de Iguala a Chilpancingo, todo hubiera quedado en el puro susto y en una reprimenda ejemplar, pero no fue así. Cuando la persecución empezó el objetivo de la policía no era detenerlos y consignarlos por el robo de los camiones, sino matarlos. Y es por eso que dispararon contra los autobuses, matando a las primeras seis personas.
Ahora, suponiendo que fue planeado por el Estado para hacer valer su superioridad y soberanía, no habría sido necesario matar a casi medio centenar de estudiantes y torturarlos de esa manera. Y si la intención fue dar un mensaje político, como que se les pasó la mano. Y sin ir más lejos, una causa política, cualquiera que esta sea, no requiere de un mensaje de terror y mucho menos del uso de esos métodos.
No hay crimen de Estado. Si nos atenemos a la información, no podemos suponer otra cosa que todo se trató de un ajuste de cuentas entre bandas criminales, porque la saña con que mataron a esas personas, desmembrándolas, quitándoles los ojos y quemándolas hasta las cenizas, es propio de los especialistas en causar dolor y terror. O, ¿de qué otra forma se puede entender el odio y la ira con que estas personas fueron perseguidas, torturadas, castigadas y finalmente ejecutadas?
No hay crimen de Estado. La ferocidad en el caso Ayotzinapa no es un procedimiento que use el gobierno, pero sí las bandas criminales.
MANIPULACIÓN POLÍTICA
Los encapuchados que contendieron contra las guardias policiacas el pasado 20 de noviembre, hacen suponer que hasta pueden ser los mismos que se aparecieron el día primero de diciembre de 2012, en El Palacio Nacional, para impedirle el paso al Presidente Enrique Peña Nieto. Y de ser cierto, se confirma la tesis que detrás de todos los movimientos y manifestaciones abanderadas bajo la consigna de Vivos se los llevaron, vivos los queremos, hay políticos y grupos subversivos que buscan desquitarse de sus fracasos electorales.
Ejemplo de ello es Andrés Manuel López Obrador, que primero permanece en un silencio entendible para luego salir de su mutismo afirmando obstinadamente que nunca conoció al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, cuando hay demasiadas pruebas que confirman que sí tuvieron relación, política pero la tuvieron. Sin embargo, con el cinismo acostumbrado aprovecha la oportunidad, y hace dos semanas, en el Zócalo de la capital del país, se sube al templete y frente a un público ávido de palabras esperanzadoras, nutrido por los compañeros y padres de los normalistas desaparecidos, pide la renuncia del Presidente de la República y lo califica de asesino.
Impunidad y no justicia, es lo que hay detrás de las manifestaciones. Anarquistas y no defensores de los derechos humanos, son los que convocan, organizan, subsidian los gastos y dicen cómo actuar para supuestamente presionar al gobierno para que haga aparecer a los estudiantes. Revanchismo y no lucha social, es lo que impera y mueve ciegamente a la gente.
Vándalos y no mártires, es lo que eran los estudiantes aniquilados, porque a sus comprobados nexos con el crimen organizado se suman los agresiones y asesinatos que cometieron, como el del 12 de diciembre de 2011, donde normalistas de Ayotzinapa al prenderle fuego a una gasolinera en Chilpancingo, Guerrero, matan de quemaduras graves al despachador Gonzalo Miguel Rivas Cámara. Y también están los delitos por secuestro de camiones del servicio público y los constantes bloqueos a la autopista del sol.
Para entender el drama actual hay que observar tres cosas: la primera, el empecinamiento por culpar al gobierno de los homicidios; segunda, el material político que significa hacer creer a las multitudes que los estudiantes aún siguen vivos, y por eso es la insistencia de marchar, reclamar y destruir sin escrúpulos. Y tercera, que no eran simples y comunes estudiantes, sino criminales.
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