LETRAS DESNUDAS

14 Marzo 2018

MARIO CABALLERO

CUATRO TRAGEDIAS CHIAPANECAS

El desconcierto que hay en el presente proceso electoral es sólo una manifestación de las fuerzas que tienen a la sociedad chiapaneca dividida, indignada y confundida. Tal vez algún día Chiapas será un estado moderno y hospitalario para sus propios hijos, pero no antes de resolver los grandes problemas conocidos: desigualdad, violencia, pobreza, marginación, corrupción, impunidad y la dificultad para lograr acuerdos políticos.

Todos, sin excepción, afectan la vida diaria de los chiapanecos. Sin embargo, la corrupción, la impunidad, la violencia y la pobreza son los males que alcanzan de manera cruel, tangible y frecuente a la mayoría. Son cuatro tragedias que después de dos décadas no tienen ni siquiera un pequeño atisbo de solución.

                              CUATRO TRAGEDIAS

La corrupción no es mal congénito como lo diagnosticó el presidente Peña Nieto. Es algo que apesta, que ataca a la nariz. Una advertencia de que estamos ante lo podrido. La corrupción es una transgresión que se revuelve entre lo público y lo privado, que al podrir la línea divisoria mezcla la ambición con el deber. Por eso suele vincularse a una forma natural de evadir los requisitos de la ley. Frente a la vaguedad de la norma está la presencia ubicua de la mordida. “No sea malito, mi jefe, no me quite la placa. Ayúdeme y le dejo para el refresco”. Y para que exista es necesaria la complicidad.

A nadie, supongo, habrá sorprendido el reporte de Transparencia Internacional que nos confirma que México sigue empeorando. El estudio reciente nos dio una cachetada con datos. De 180 países estudiados, estamos en el 135. De 100 puntos posibles, alcanzamos 29. No llegamos si quiera a 3 de 10. En este índice estamos en la cola de los miembros de la OCDE, en los últimos lugares del G20, al final de los integrantes de la Alianza del Pacífico. Pero hay más. Estamos por debajo de países similares al nuestro. En una región que no sobresale por un estricto respeto al Estado de Derecho, apenas estamos por arriba de Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela.

De acuerdo con las últimas estadísticas del INEGI, Chiapas está en los primeros lugares de los estados más corruptos de la República. Quienes encabezan los actos de corrupción –dice el reporte- son los servidores públicos.

Según la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2016, las entidades con mayor porcentaje de corrupción son Tabasco con un 92.7%; Veracruz con 92.1%; Ciudad de México, 91.5%; Nuevo León, 88.7%; Jalisco, 88.6 por ciento y Chiapas con 88.5%. Además, dicha encuesta detalló que la principal causa se produce en la agilización de trámites en las empresas. La segunda es la disposición para evitar multas e infracciones y, tercera, el modo fraudulento para obtener licencias y permisos.

La herramienta Data-Coparmex reveló que Chiapas es uno de los tres estados con mayores niveles de corrupción en trámites públicos con 58 por ciento, sólo por debajo de Quintana Roo que alcanza 61% y Tabasco con 68%.

Otro indicador demuestra que los principales promotores de estos actos son los policías, diputados, presidentes municipales, senadores, jueces, ministerios públicos y los altos funcionarios del gobierno. Por la irrefrenable corrupción, Chiapas quedó endeudado por más de 40 mil millones de pesos al finalizar el gobierno de Juan Sabines Guerrero, deuda que pagaremos durante más de 30 años.

 

Otra realidad nociva para los chiapanecos es el grado de impunidad.

En 2013, la PGR admitió una demanda contra el ex gobernador Juan Sabines y cincuenta de sus funcionarios. De eso nadie ha sido enviado a la cárcel. Por la impunidad, 5 mil tzotziles vivieron desplazados en las montañas durante casi un mes por el conflicto territorial entre Chalchihuitán y Chenalhó. De eso más de diez personas murieron de hambre y frío y nadie fue responsabilizado.

Desde 2013, la CNTE ha venido realizando una serie de atropellos a los derechos humanos, al Estado de Derecho, a la sociedad y ha puesto en evidencia la incapacidad del gobierno para encontrar una solución a la problemática, y todo bajo el pretexto de echar atrás la Reforma Educativa. Los líderes magisteriales como Pedro Gómez Bámaca, Alberto Mirón, Adelfo Alejandro Gómez y Armando Falconi no sólo se han enriquecido a través de las marchas, sino que lo han hecho con soberbia impunidad.

Por la impunidad, desde el sexenio pasado hay 25 concesiones mineras que operan sin reglamento ni norma alguna en la reserva de la biosfera El Triunfo, y los efectos de la explotación ha causado graves problemas de salud entre los habitantes de la región.

Por la impunidad, muchos políticos saltan de un cargo público a otro sin ser investigados y menos siendo enjuiciados por los crímenes que han cometido. Ahí tenemos, verbigracia, a Diego Valera Fuentes que obtuvo un espacio en el Congreso de la Unión después de ser acusado de cometer un fraude de más de cinco millones de pesos a la Secretaría de Pesca y Acuacultura. O Rafael Guirao Aguilar, del PVEM, que también logró una diputación federal como premio a la corrupción, abusos de autoridad y despotismo que encabezó al ser alcalde de Chilón en el periodo 2012-2015.

Un fenómeno más que está matando a los chiapanecos es la violencia.

Chiapas es considerado uno de los estados más seguros del país, bueno para la inversión y para cohabitar en sociedad, pero nada más el año pasado ocurrieron más de cien asesinatos, cantidad en realidad inigualable con lo reportado por estados como Michoacán, Guerrero o Veracruz que lidian diariamente con los grupos criminales.

Siendo la puerta de entrada a Centroamérica, la frontera sur de la entidad es el paso inevitable de indocumentados y tráfico de drogas y armas. Es ahí donde las autoridades federales se coluden con las bandas delincuenciales que trafican, secuestran, violan, extorsionan a los comerciantes de la zona, asesinan y explotan sexualmente a las mujeres. Eso es un cáncer que permanece intocable desde hace décadas.

Especialistas de Fomento Económico de Chiapas dijeron que durante el 2017 se cometieron casi 70 delitos diarios en el estado. Hasta diciembre de ese año la cifra fue de 25 mil 364. Cabe mencionar que esa información proviene de los registros de las averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas en la Fiscalía General del Estado.

Con base a los datos publicados, entre los crímenes que más destacaron están 475 homicidios dolosos, 878 homicidios culposos, 21 secuestros, 159 extorsiones, 2 mil 976 robos de vehículos, mil 318 robos a casas, mil 619 robos a negocios, mil 529 robos a transeúntes, diez robos a bancos, 223 asaltos en carreteras, mil 144 lesiones dolosas y 667 violaciones. Entre 2016 y 2017 hubo un incremento en la tasa delictiva de 14.3 por ciento.

Por otro lado, los históricos conflictos por la tenencia de la tierra han dejado una larga y ancha estela de sangre por casi todo el territorio chiapaneco. No podemos soslayar que en los últimos años los conflictos políticos cobraron sus propias víctimas, como Sergio Antonio Zenteno, alcalde de Bochil; Domingo López, presidente municipal de San Juan Chamula y Luis Hernández Cruz, líder de la CIOAC en Chiapas.

Finalmente, Chiapas es el estado más pobre de México con el 76.2 por ciento de la población viviendo en pobreza, que equivale a 3 millones 961 mil personas, de las cuales un millón 629 mil 200 viven en pobreza extrema. Los habitantes de comunidades indígenas carecen de servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y para tener asistencia médica tienen que caminar hasta dos horas.

                                       UNA SOLUCIÓN

¿Qué tienen en común estas cuatro tragedias? La ambición por el poder y el dinero. O, mejor dicho, a los gobernantes y la clase política que se las han arreglado para secuestrar las instituciones del Estado encargadas de regularlos y limitar sus prácticas abusivas. Ese secuestro perdura cuando la democracia falla.

Lamentablemente, algunos (no todos) de los que pretenden gobernar el estado están más preocupados por apoyar los intereses personales y de ciertos grupos políticos y empresariales que los de los chiapanecos. Votar por uno de ellos no traería ninguna solución, sino otros seis años de tragedia.

Irónicamente, la solución es tan obvia como difícil de realizar: esta vez reparar la democracia significa votar por la experiencia y la capacidad que Chiapas necesita en el próximo gobernador. No hay prioridad más importante. ¡Chao!

@_MarioCaballero