03 Agosto 2018
MARIO CABALLERO
EVALUACIÓN DOCENTE: TRAGEDIA Y COMPLICIDAD
Quienes la hicieron, la defienden. Lógico. Aunque últimamente hacen hasta lo imposible por ocultar los malos resultados. Y quienes en su momento fueron cómplices de los primeros, ahora libran una batalla por reivindicarse ante los miles de profesores que salieron afectados y hasta critican lo que antes apoyaron en un intento de estar en la simpatía del futuro presidente de México. Patéticos. Lo cierto es que la Evaluación Docente está destinada a ser otro monumento al fracaso del gobierno de Enrique Peña Nieto.
La Reforma Educativa fue impulsada por el Pacto por México en 2013, y el gobierno mexicano se empeñó en imponerla como una estrategia política que comprende tres principales objetivos: recuperar la rectoría del Estado en materia educativa, elevar la calidad de los servicios públicos de educación y establecer dispositivos administrativos y laborales de control sobre el ingreso, permanencia, promoción y reconocimiento en el Servicio Profesional Docente.
A simple vista no se puede reprobar esa propuesta porque en verdad es lo que al país le urgía en materia educativa desde hace tres décadas, pero ¿mejoró algo?
A más de cuatro años de entrar en vigor, la RE no ha cumplido lo que prometió. Las evaluaciones a los alumnos comprueban que la calidad de la educación no ha mejorado un ápice y, por otro lado, hasta el momento no hay un diagnóstico de la infraestructura de las escuelas que sirva para subsanar las necesidades. Tampoco los profesores han podido ser profesionalizados. Y dado que estos eran los puntos medulares de la reforma, podemos decir que su implementación ha sido por de más decepcionante.
Veamos, por ejemplo, en la revisión de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que la mayoría de los estudiantes de nivel básico se encuentran en el nivel más bajo de logro educativo en décadas, con 56.7 por ciento en el área de matemáticas y 48.1% en lectura. Además, dijo que ni siquiera se realizó un diagnóstico nacional sobre el estado físico y funcional de las escuelas y tampoco hubo una planeación financiera de corto y mediano plazo.
Respecto a la formación docente, en 2016 tan sólo se capacitó al 4.8% del más del millón de maestros del nivel básico y al 13.5 por ciento de los 417 mil educadores que están dentro del nivel medio superior, esto como parte del Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Los números son de tristeza.
LAS VÍCTIMAS DE LA REFORMA
Pero los malos resultados son lo de menos. Son más lamentables las víctimas de ese empeño del gobierno federal por querer imponer una evaluación docente estandarizada, ininteligible y, según comentarios de algunos evaluados, injusta.
El ex secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, fue el encargado de echar a andar la RE y obligar a los maestros a evaluarse. Pero pudo más en él la ambición que la inteligencia y le faltó sensibilidad para tratar a un sector tan importante como lo es el magisterio. Y en esa empresa contó con el apoyo absoluto de Juan Díaz de la Torre, actual dirigente nacional del SNTE.
Después de la detención de Elba Esther Gordillo, Díaz de la Torre ocupó la dirigencia por pactos políticos con Peña Nieto, de quien además se cuenta que recibió 550 millones de pesos sólo para imponer la evaluación en el sindicato magisterial más grande de América Latina. Se habla de más recursos que fueron manejados en otros conceptos. Así que estando más preocupado por servir a los intereses del gobierno, dejó de lado su función de proteger y defender los derechos laborales de los maestros.
Nuño nunca tuvo un plan para aplicar las evaluaciones. No se detuvo a informar a los maestros y a la sociedad acerca del contenido de la nueva legislación, sino que la quiso meter a la fuerza y, lo más grave, administrar las sanciones. Esa actitud amenazadora y autoritaria provocó que se levantaran grupúsculos hambrientos de poder y riqueza.
La CNTE es la agrupación más radical contra la reforma educativa y opera con mayor fuerza en los estados de Chiapas y Oaxaca. Los líderes, unos artistas del chantaje, aprovecharon la desinformación para organizar un movimiento que se enfrentara al gobierno.
El 8 de diciembre de 2015, miles de maestros bloquearon el crucero Llano San Juan, en las inmediaciones donde se realizaría la evaluación que había sido programada para los días 11, 12 y 13 de septiembre. Subrepticiamente fue adelantada.
Los enfrentamientos iniciaron alrededor de las nueve de la mañana. Palos, piedras, toletes y gas lacrimógeno eran las principales armas. Empero, algunos educadores habían secuestrado un camión de la empresa AEXA y lo lanzaron contra los policías. Al momento de saltar del camión, el maestro David Gemayel Ruiz se tropezó y cayó debajo de las ruedas traseras, perdiendo la vida.
“¡Ya chingamos!”, gritó jubiloso Adelfo Alejandro Gómez, entonces dirigente de la sección 7 de la CNTE, al enterarse de la muerte de Gemayel. Al día siguiente, su ataúd fue paseado por la Avenida Central de Tuxtla Gutiérrez como si fuera un trofeo. De ahí vinieron las primeras negociaciones que dejaron jugosas ganancias a los cabecillas.
Lo ocurrido en Nochixtlán, Oaxaca, fue incluso peor. El domingo 19 de junio de 2016, profesores de la Coordinadora se enfrentaron con la fuerza de seguridad. Ese combate duró varias horas. Los manifestantes lanzaron piedras, cohetes, bombas molotov e incendiaron vehículos. Hubo docentes que usaron armas de fuego. El resultado fue de nueve muertos, todos civiles, más de un centenar de heridos y 23 personas detenidas.
También los niños deben ser contados como víctimas de la reforma educativa que no supo emplear el gobierno federal, pues dada la lucha que hay contra ésta han perdido valiosos meses sin clases. No podemos dejar de contar a los docentes que hicieron la evaluación, pero que no obtuvieron los beneficios prometidos y tampoco contaron con el respaldo de las autoridades educativas ante las agresiones de la disidencia. Debemos contabilizar asimismo a los miles de maestros que son obligados a marchar por la CNTE, que pone medidas represivas para quienes no asisten a las protestas.
“No estamos obligados a castigar a los que nos ofenden, sino a aconsejarles la enmienda de sus delitos”, escribió Cervantes. ¿Qué hubiera pasado si dicha evaluación no hubiera contemplado sanciones?
¿DEROGAR O MODIFICAR?
En vista de estos malos saldos, ¿conviene derogar o modificar la reforma educativa? Ya el líder de la CNTE en Chiapas, Pedro Gómez Bámaca, se pronunció por la eliminación.
¿Qué pudo pasar si Juan Díaz de la Torre en lugar de defender la reforma y promover indiscriminadamente la aplicación de la evaluación hubiera elaborado un programa para revisarla, difundir el contenido, preparar una evaluación acorde a las necesidades y alcances de cada región del país, y capacitar al profesorado antes de practicarla?
El 10 de septiembre de 2015, el entonces líder de la sección 40 del SNTE, Julio César León Campuzano, envió un documento al gobernador Manuel Velasco en el que señalaba las inconveniencias de practicar la evaluación, y para no afectar a los docentes proponía una capacitación tanto en el manejo de herramientas digitales como en las áreas de desempeño y que los resultados de esa primera evaluación no fueran motivo de sanciones, sino para corregir los defectos y mejorar los puntos fuertes.
El planteamiento era bueno, sin embargo no se atendió.
Visto en retrospectiva es imposible negar que la evaluación docente se trató también de una acción política de la cual se colgaron las autoridades federales para recuperar el control. No obstante, de algún modo propició un cambio en las condiciones y acabó con los vicios y los privilegios de los líderes sindicales.
Así que cancelarla sería un error. Lo que conviene es una contrarreforma donde intervengan especialistas, maestros, autoridades sindicales, gobierno y hasta los padres de familia.
Tampoco se puede dejar tal como está porque es claro que la evaluación por sí misma no puede garantizar que México cuente con profesores bien preparados, si antes no han existido procesos robustos de formación inicial y continua.
Finalmente, hay que acabar con la irracionalidad que existe en torno a ésta. Porque mientras siga imponiéndose como un discurso de lo cotidiano, el tema de la evaluación docente seguirá convertido en objeto de la demagogia radical que se sustenta en la ignorancia y el prejuicio. ¡Chao!
@_MarioCaballero