22 agosto 2018
MARIO CABALLERO
RACIEL
Eso de que “la ley a todos nos iguala y todos nos protege” fue por mucho tiempo una mera fantasía en Chiapas. Porque ¿cuántas veces fuimos testigos del pánico que nace de la injustica? ¿De las instituciones que fueron cómplices de la descomposición social? ¿Cuántas veces vimos a la Procuraduría de Justicia hacerse cargo del cobro de facturas políticas, de la aplicación irresponsable de la ley, de la persecución de los opositores del gobierno, de la venganza, de la cacería de brujas?
Sin duda lo peor que puede pasarle a cualquier sociedad en el mundo es tener un gobierno represor y que privilegie la impunidad de los poderosos. Aunado a eso, un sistema judicial basado en la complicidad, que en lugar de atender los reclamos sociales abuse de sus facultades para imponer y proteger un régimen autoritario y rapaz. Y esa fue por muchos sexenios la realidad de Chiapas.
Se supone que la sana administración de la justicia es una obligación constitucional del Estado, que debe garantizar la defensa del ciudadano y perseguir los delitos bajo un marco jurídico que privilegie la honradez, el profesionalismo, la imparcialidad y el respeto a los derechos humanos, velando en todo momento por los intereses de los ciudadanos. Pero en la práctica no siempre ha funcionado así.
HISTORIAS AMARGAS
Absalón Castellanos Domínguez militarizó el gobierno según él “por razones de seguridad nacional”, pero lo que provocó en el proceso fue una escalada de abusos de autoridad, paros magisteriales, huelgas, partidos políticos de oposición declarando ser reprimidos por el poder, movilizaciones sociales y decenas de priistas que tuvieron que abandonar el estado por temor a las amenazas de muerte.
Manuel Salinas Solís, el temible secretario particular del gobernador Castellanos Domínguez, fue el poder tras el trono. Acumuló en su persona el control del gobierno e impartió justicia de acuerdo a sus propios intereses. Muchos funcionarios se arrodillaban ante su presencia. Y muchos otros tan sólo fueron un adorno gubernamental en las dependencias porque quien se encargaba de tomar todas las decisiones era él.
Durante ese tiempo, Salinas Solís doblegó al Congreso del Estado y al Poder Judicial. A través de la Procuraduría se encargó de proteger a los consentidos del gobernador y utilizó la fuerza pública para aplacar la disidencia. Por eso en ese periodo hubo tres secretarios de gobierno y cuatro procuradores, ya que aquel que no obedeciera sus órdenes era despedido.
El gobierno de Patrocinio González Blanco Garrido se conoció como el imperio de la ley. Ahí se hizo justicia a conveniencia, y el exgobernador purgó sus frustraciones acosando a sus adversarios a quienes incriminó y encarceló por delitos inexistentes. Asimismo, en sus delirios de poder creó un grupo criminal que sembró el terror en Tuxtla Gutiérrez.
En esa administración sucedió una serie de asesinatos de homosexuales. La cifra oficial fue de 15, aunque organismos defensores de los derechos humanos dijeron que se trataba de más de treinta. Empero, las investigaciones nunca prosperaron. La justicia sólo fue una palabra en el diccionario. Porque lo real era la barbarie, la intolerancia hacia la comunidad lésbico-gay que fue víctima de abusos, agresiones y homicidios.
El 20 de abril de 2007, la Fiscalía General del Estado informó sobre el arresto de Ignacio Flores Montiel, el jefe policiaco de Patrocinio González que presuntamente dirigió los operativos contra el magisterio, las organizaciones campesinas y otras a cuyos líderes torturó, desapareció y exilió del estado. Fue puesto en prisión por su probable participación en el asesinato del periodista Roberto Mancilla Herrera y lo vincularon con la muerte de los homosexuales.
Con Julio César Ruiz Ferro, Chiapas vivió una de las etapas más dolorosas de la historia contemporánea, donde la procuración de justicia fue una mera simulación. Inolvidable será la matanza de Acteal de 1997 donde 45 indígenas encontraron la muerte bajo las ráfagas de los cuernos de chivo mientras rezaban en una capilla celebrando un ayuno de tres días. Misteriosamente eso sucedió a escasos metros de un retén militar que no vio ni escuchó nada.
MARIANO Y PABLO
El 24 de enero de 2009, Mariano Herrán Salvatti es detenido y acusado de asociación delictuosa, ejercicio indebido del servicio público, peculado y homicidio calificado. Fue puesto en libertad tres años después.
Mariano Herrán fue zar antidroga los últimos tres años del gobierno del presidente Ernesto Zedillo y, al término de ese periodo, regresó a Chiapas -su estado natal- por invitación de Pablo Salazar Mendiguchía quien lo colocó en la titularidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado, cargo que desempeñó a lo largo del sexenio.
Pablo Salazar fue un tirano y quien diga lo contrario es porque no conoce la historia. Hizo del poder un instrumento para atacar sin misericordia, para coaccionar a sus detractores, para lastimar, para coartar derechos, para mandar a la cárcel a periodistas y líderes sindicales, políticos y sociales por el solo hecho de levantar la voz y denunciar los delitos de su administración.
Si alguien tenía la osadía de revelarse u oponerse a las decisiones de Salazar, caía sobre él todo el peso de la ley a través de Mariano Herrán, el brazo ejecutor que hizo realidad la ideología de Gonzalo N. Santos: encierro, destierro o entierro.
La relación entre Pablo y Herrán fue sólida. Mariano venía con el reconocimiento de los gobiernos de México y Estados Unidos en la lucha contra los cárteles del narcotráfico, y Salazar lo necesitaba para controlar el estado a punta de amenazas y balazos. Tal como lo hizo con el ex ombudsman de Chiapas, Pedro Raúl López Hernández, al que en una ocasión mandó a golpearlo por el rumbo del Mercado San Juan, en otra ordenó que balacearan su casa y, por último, lo obligó a huir del estado. Hay que mencionar que el orondo abogado fue por mucho el crítico más férreo del régimen salazarista.
Se dijo que desde la Fiscalía de Herrán se planearon decenas de desapariciones de líderes campesinos, atentados a las instituciones, golpizas a políticos, encarcelamientos injustificados y asesinatos. Fue el imperio del terror.
LA NUEVA FISCALÍA
El jueves 16 de agosto, en un preciso operativo coordinado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, junto con la Secretaría de Seguridad, Policía Federal y el Ejército Mexicano, se logró la detención de 48 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación cuando éstos se dirigían a Guatemala, ya que no operan en Chiapas.
Tres días después, en una intensa acción operativa de la Fiscalía con la gendarmería, las fuerzas armadas y la policía estatal y municipal, en Tapachula, se llevó a cabo el arresto de 34 personas ligadas a la Mara Salvatrucha, una maldita banda criminal que es un auténtico cáncer en la frontera sur y que es acusada de pandillerismo, narcomenudeo y robo con violencia.
Ayer, en Tuxtla Gutiérrez, el grupo interinstitucional integrado por los tres niveles de gobierno aseguraron a Fernando “N”, originario de Martínez de la Torre, Veracruz, cuando conducía una camioneta que por la parte de abajo cargaba nueve paquetes de cocaína con un peso aproximado de 9 kilogramos, además de dos pelotas del tamaño de una canica supuestamente hechas de la misma droga. De acuerdo a las primeras investigaciones, dicha persona recibió la mercancía en Tapachula y debía entregarla en el estado jarocho.
Éstos son sólo unos ejemplos del buen trabajo de la nueva Fiscalía, que ya no es más un instrumento para la represión, sino una dependencia que resuelve las necesidades de seguridad, protección e impartición de justicia de los chiapanecos.
Sin duda alguna, Raciel López Salazar ha sido un factor importante para recuperar la credibilidad de la institución. Es un entendido de que la justicia es una de las vías para dirimir los trances y procurar el bienestar social, y no apela al chantaje para dirimir las diferencias políticas, mucho menos trata a la gente a gritos, con soberbia y con pistola en mano, sino propone soluciones mediante el uso de la ley para lograr la concordia y terminar con los años de injusticia.
“Con hombres íntegros pueden quizá ganarse batallas”, escribió Arturo Pérez-Reverte. Y sería realmente lamentable que los rumores sobre que Raciel López deje el cargo de Fiscal General terminen siendo ciertos. Porque él ha sido uno de esos hombres con los que Chiapas ha ganado mucho. ¡Chao!
@_MarioCaballero