LETRAS DESNUDAS

24 agosto 2018

MARIO CABALLERO

REYNOL Y LA CULTURA DEL MOCHE

La Auditoría Superior de la Federación ha sido de las pocas instituciones de México que ha tenido el valor de hablar de lo mal que han hecho con el dinero de los campesinos. En febrero del año pasado, documentó que por quinto año consecutivo detectó graves irregularidades en el gasto de los recursos de SAGARPA, que presuntamente malversó mil 600 millones de pesos a través de múltiples prácticas ilegales como la entrega de apoyos a personas muertas.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tiene una enorme responsabilidad con la gente más pobre y humilde del país: los trabajadores del campo. Y el 6 de enero de 2014, el presidente Peña Nieto se vanaglorió de que esa dependencia ejercería el presupuesto más alto en toda su historia: 82 mil 900 millones de pesos.

Se pensó que con ese recurso México se convertiría en el campeón mundial en producción agrícola y en muchas otras actividades. Sin embargo, tanto dinero no sirvió para resolver los problemas de la improductividad y la pobreza. A pesar de que la cifra de Sagarpa de 2013 es cinco veces superior a la 1995, la producción sólo aumentó un 50 por ciento en esos 18 años. Y aunque el gasto público de 2012 para el combate a la pobreza es 20 veces superior al de 1994, la pobreza se redujo de 52.4 a 52.3 por ciento de la población. ¿Por qué?

EL BOTÍN DE PEDRERO Y ALBERTO UC

No vayamos tan lejos. La Delegación de Sagarpa en Chiapas ha sido convertida en una cueva de ladrones.

 

El 22 de septiembre de 2010, el sabinista Carlos Alberto Pedrero Rodríguez fue designado titular de Sagarpa. El nombramiento, obviamente, causó indignación en el sector campesino pues conocían que Pedrero es un junior millonario acostumbrado a los lujos, a realizar viajes de placer por todo el mundo, a convivir con la high society, y que por lo mismo nada sabe del campo.

En enero de 2013, Félix Ramón Braojos García, representante de la agrupación Selva y Vida, A.C., dijo que los 40 productores de la comunidad tojolabal Rosario la Montaña, municipio de La independencia, habían recibido el 4.34% del apoyo a la “Agricultura de Autoconsumo de Productores Hasta 3 Hectáreas 2011”, pero que los documentos en poder de Sagarpa señalaban que lo recibieron en su totalidad.

Asimismo, aseguró que ninguno de los habitantes de dicha comunidad firmó el documento de recibido, por lo cual tanto las firmas como las huellas digitales fueron falsificadas. El responsable era Carlos Pedrero.

El programa “Fomento a la Agricultura Competente Procafé” de 2015 fue otro caso de corrupción. Éste consistía en la entrega de plantas a los productores, insumos y paquetes tecnológicos, pero nunca se entregaron. No obstante, la Sagarpa pagó como si en realidad se hubiera hecho. De ese asunto se presume que se desviaron cerca de 700 millones de pesos. El oficio CPP/DPR/052/2016, firmado por Miguel Ángel Ibarra Gálvez, director de Programación de la Auditoría Superior de la Federación, hace referencia a este acto de pillaje. El responsable era Carlos Pedrero.

Cuando Pedrero Rodríguez abandonó el cargo dejó a la dependencia hecha un desastre. El último escándalo en el que estuvo implicado fue el denunciado por el dirigente de la organización Unidos para Estar Bien, Ismael Gómez Coronel, quien lo acusó de un presunto desvío de 127 millones 279 mil 600 pesos, recursos que estaban destinados para hacer frente al problema de la roya del café en Chiapas.

De esa rapiña, Gómez Coronel señaló a cuarenta proveedores estatales que fueron los únicos beneficiados. Abundó que los cómplices del robo fueron funcionarios de Sagarpa como Ana Laura Laparra, Juan de Dios del Castillo, Tito Orantes y César Durán. Los dos últimos se encargaron de la supuesta revisión de las plantas y los viveros.

Finalmente, dijo que los proveedores que más se beneficiaron por no entregar las plantas de café fueron Cam Vid, S.A. de C.V., que cobró 14 millones 927 mil pesos, y la proveedora Ferroxco, que obtuvo 15 millones 270 mil.

El relevo de Pedrero fue el campechano Cruz Alberto Uc Hernández, designado el 18 de enero de 2017.

Uc Hernández fue delegado de Sagarpa en Campeche y luego enviado a Sinaloa, donde estuvo hasta el 31 de diciembre de 2016. De ahí lo mandaron a Chiapas. Se dice que abandonó el cargo en su tierra natal por problemas en su desempeño, además de que tenía demandas penales que habrían quedado engavetadas en la PGR y en la Procuraduría de Justicia del Estado de Campeche.

Una vez en Chiapas, Uc Hernández fue señalado de entregar créditos por 37 millones de pesos sin siquiera abrir las ventanillas de atención y sin haber realizado un diagnóstico de la situación del agro chiapaneco. Esos millones fueron repartidos entre los incondicionales del hoy ex delegado, todos originarios de Campeche que obligaban a los campesinos a aceptar a los proveedores que ellos les imponían, de lo contrario no serían beneficiados con los apoyos. Ese grupo era encabezado por Moisés Martínez Aguilar.

La columna Propuestas y Programas del periódico La Tribuna de Campeche, reveló que Cruz Alberto Uc robó dinero de la Confederación Nacional Agronómica, y que incluso ya no siendo presidente de ese organismo cobró un cheque expedido por la Sagarpa para pagar la nómina de esa estructura. Por otra parte, estuvo o sigue relacionado con las empresas Monsanto y Dupont, culpables de la plantación de organismos genéticamente modificados a las que supuestamente Uc abrió la puerta en Campeche y lo quiso hacer en Chiapas.

Hace no mucho tiempo, la Secretaría de la Función Pública practicó una auditoría, la número 15/2017, respecto al Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) 2016, y encontró irregularidades en el manejo de 485 millones 155 mil pesos.

Información filtrada desde la Sagarpa afirma que los fondos de ese programa pudieron ser desviados para beneficiar a las empresas del ex candidato al gobierno del estado Roberto Albores Gleason, del actual dirigente del PRI, Julián Nazar Morales, y a la empresa Vázquez Onofre, ésta bajo sospecha por los recurrentes favores millonarios que recibió de Cruz Alberto Uc.

“Huertas Don Horacio” es una compañía propiedad de Albores Gleason, que se dice obtuvo un contrato por 170 millones de pesos. Otros 280 millones supuestamente fueron para la empresa de Oliverio Palacios, cuñado de Nazar Morales y uno de los principales beneficiados con contratos millonarios cuando Nazar fue Secretario del Campo en Chiapas.

En compras, 35 millones de pesos se destinaron al consorcio Vázquez Onofre, en el que se enlistan las empresas Agroinsa y Agromar, propiedad de Sergio Vázquez Onofre. Otras fuentes indican que el grupúsculo “Somos A.C.”, que encabezan Niver López Hernández, Hipólito Coutiño y Martín Farrera Moscoso, es financiada por ese empresario y por Roberto Albores Gleason y Julián Nazar, que la utilizan para desestabilizar al estado, tomar oficinas, realizar plantones, bloqueos carreteros y vandalismo. Por eso no es extraño que hayan obtenido tantos contratos millonarios con Sagarpa.

REYNOL OZUNA

Reynol Ozuna Fernández es miembro del círculo cercano de Roberto Albores Gleason, y desde marzo de 2018 es el nuevo titular de Sagarpa. Pero su designación no cambió las cosas.

A finales de julio, la dirigencia estatal de la Unión Campesina Democrática acusó a Reynol Ozuna de no entregar más de 60 millones de pesos en apoyos, y se habla de que esos recursos fueron usados para la compra de votos de los candidatos del PRI en la pasada contienda electoral, específicamente para Albores Gleason.

Además, hay rumores de que a través de su director administrativo, Alejandro Soto de la Torre, Ozuna Fernández exige el 25 por ciento de los proyectos o de los apoyos a organizaciones de productores. No es todo. Muchos campesinos reclaman de que de las nueve bolsas de fertilizante que les debería llegar como apoyo, sólo les entrega tres y los obliga a firmar por el resto.

Ahora, son al menos 380 organizaciones las que se quejan de los moches del programa PIMAF que reúne 500 millones de pesos. Si los rumores son ciertos, Reynol Ozuna se estaría embolsando 125 millones de ese dinero que le pertenece a los trabajadores del campo.

¿Cuándo las auditorías de la ASF dejarán de ser sólo un dato informativo y pasarán a ser la justificación perfecta para enviar a la cárcel a políticos corruptos como los antes mencionados? Ojalá que los de la Cuarta Transformación hagan justicia. ¡Chao!

@_MarioCaballero