LETRAS DESNUDAS

13 Noviembre 2018

MARIO CABALLERO

ALGO SOBRE LOS VIRREYES DE CHIAPAS

Poco se ha hablado del papel de los delegados federales en los estados. Es hora de hacerlo, porque definitivamente se han convertido en personajes políticos fundamentales, quizá son los que más poder han acumulado después de los gobernadores a raíz de la democratización del país. De hecho se han comenzado a personificar como una especie de nuevos virreyes del sistema político mexicano.

Urge hablar, además, porque son servidores públicos que gozan de una gran autonomía y capacidad de operación, aunado a un creciente manejo de recursos que se han descentralizado hacia los estados.

En el ámbito electoral, los delegados federales juegan en dos importantes pistas. Primero, siendo líderes naturales de sus partidos, intervienen para echar a andar la pesada maquinaria electoral en sus estados. Junto con el gobernador (siempre y cuando sean del mismo color partidista), se meten hasta la médula en los aspectos internos del partido: apoyan a sus cuadros para que se conviertan en candidatos, mueven a los funcionarios a su cargo para operar a favor de los suyos, reparten dinero público a las clientelas del partido y se encargan de movilizar a los votantes duros el día de la elección.

Segundo, dado el capital económico y político que se les asigna, forman un bloque para enfrentar y mermar a los candidatos de oposición. Esto último no es poca cosa. De hecho, este tipo de acciones fue fundamental en los pasados comicios donde, debido al alto nivel de competencia entre los aspirantes a gobernador, derrocharon cientos de millones de pesos para desprestigiar a los contrincantes mientras también financiaban las campañas políticas de sus propios aspirantes.

¿Se acuerda que en el arranque de campaña asistió un mayor número de personas al evento de Roberto Albores Gleason que al de José Antonio Aguilar Bodegas, que incluso se llevaron a cabo casi a la misma hora y en la misma ciudad? Pues con dinero de las distintas delegaciones que hay en Chiapas se pagó el acarreo de gente y hasta para que los simpatizantes de Aguilar Bodegas fueran al acto del priista.

Se rumora que nada más ese día el equipo de Albores Gleason pagó mil 500 pesos por cada acarreado. Eso multiplíquelo por los 20 mil que acudieron al inicio de campaña, nos da un monto de 30 millones de pesos.

¿QUIÉNES SON?

En primer lugar tenemos al delgado de SEDATU José Alfredo Araujo Esquinca, el priista que se cree todo un experto en temas de política pero que nunca ha ganado una elección. Es un político mediocre surgido de la vieja escuela del PRI, quien a pesar de su ineptitud política, arrogancia y falta de simpatía, ha sabido acumular una inmensa fortuna.

Alfredo Araujo es un tipo prepotente que trata de “pendejos” e “inútiles” a sus empleados. El único mérito político que tiene es haber sido presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Tuxtla Gutiérrez. De ahí en adelante se distingue por ser un funcionario corrupto que ligado al sector de la construcción en el estado ha condicionado y repartido obras entre sus allegados, incluso se dice que las ha cobrado a través de la asociación Empresarios Chiapanecos de la Industria de la Construcción, A.C.

Antes de asumir la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se desempeñó como director del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, dependencia que llenó de aviadores, con obras asignadas por favoritismos y desfalcos. Cuando el Ayuntamiento había acumulado una deuda de 900 millones de pesos, debiendo de forma directa más de 707 millones, se supo que sólo la deuda de Smapa era de 177 millones 500 mil pesos. Eso durante la gestión de Araujo Esquinca que ocupó dicho cargo gracias a la recomendación de Juan Sabines Guerrero.

A raíz del terremoto de septiembre de 2017, los gobiernos federal y estatal pactaron aportar dinero para la reconstrucción de las miles de viviendas que fueron afectadas en Chiapas. La aportación respectiva sería de mil 800 millones y 620 millones de pesos. Hoy, el delegado Araujo Esquinca asegura que Sadatu ya cumplió con su parte, pero la realidad es que después de un año de la catástrofe hay cientos de familias viviendo a la intemperie.

Los damnificados acusan a los funcionarios de esa dependencia de haber modificado los registros del censo y de entregar tarjetas sin dinero. Una señora de 70 años de edad, viuda, originaria del ejido Lázaro Cárdenas, en Cintalapa, dijo que después del sismo varias veces pasaron algunos licenciados a su domicilio, y que la primera vez le dijeron que como su casa presentaba daño total recibiría un apoyo de 120 mil pesos. Luego, volvieron a visitarla y le comentaron que por daño parcial (su hogar no tiene techo, se le cayó una pared y el resto está cuarteado) le darían 15 mil pesos nada más, que sólo le alcanzó para comprar algo de material. Hasta el día de hoy, Doña Eufrocina Palacios sigue durmiendo en el patio.

¿Dónde está realmente ese dinero?

Otro de los delegados es Pedro Reynol Ozuna Fernández, quien extrañamente fue designado titular de la Delegación de Sagarpa en marzo de 2018, misma fecha en que Alfredo Araujo fue elegido para administrar la Sedatu. Mucha coincidencia no le parece.

Desde hace tiempo se conoce que el excandidato al gobierno del estado Roberto Albores Gleason y Julián Nazar Morales, presidente del PRI en Chiapas, han controlado la Sagarpa. Ambos han obtenido jugosos beneficios para sus negocios. Pero con la llegada de Reynol Ozuna a dicho organismo federal, la corrupción ha empeorado.

Por ejemplo, a finales de julio de 2018 la Unión Campesina Democrática acusó a Ozuna Fernández de desviar 60 millones de pesos. Dijeron que esos recursos fueron destinados para la compra de votos a favor de Albores Gleason. Por otro lado, se rumora que el delegado exige el 25% de los proyectos o apoyos a los productores, que cobra a través de Alejandro Soto de la Torre, director administrativo de Sagarpa.

Al respecto, 380 organizaciones se han quejado de los moches al programa PIMAF que reúne más de 500 millones de pesos. Si las acusaciones son ciertas, Reynol Ozuna se habría embolsado alrededor de 125 millones de pesos que les pertenecen a los campesinos chiapanecos.

También en marzo del presente año, Horacio Francisco Ruiz Ruiz fue designado delegado de SEDESOL.

Ruiz Ruiz es abogado y tiene una Notaría Pública en el municipio de Jiquipilas. Bajo las siglas del PRI ha sido presidente municipal de La Concordia y diputado local. Después de que se dieran a conocer los actos de corrupción por parte de funcionarios del Registro Público de la Propiedad, organismo del que fue director, firmó un manifiesto que estipulaba cero tolerancia a la corrupción. Y lo hizo porque fue señalado de estar detrás de una banda de coyotes que aparte de agilizar los trámites también fueron acusados de vender inmuebles de manera ilegal.

Finalmente, estos tres personajes ligados a Roberto Albores Gleason están denunciados por haber utilizado los programas y recursos de las delegaciones federales a su cargo en fines electorales. Otros son Jorge Constantino Kanter, quien despacha en la Delegación del Programa Prospera y Víctor Hugo Ruiz Guillén, delegado en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y, desde luego, no hay que dejar de ver la fortuna que cada uno de ellos obtuvo en tan corto tiempo y que exhiben con gran ostentación.

¿QUÉ HACER CON LOS VIRREYES?

No hay vuelta de hoja. Por donde se vea, estos delegados presentaron pésimos resultados tanto en sus respectivas encomiendas como en las urnas. El dinero que supuestamente desviaron para comprar votos y pagar acarreados no fue suficiente para ganar la gubernatura para su jefe, pero sí basta para que la Auditoría Superior de la Federación inicie las investigaciones correspondientes.

El abuso y atropello de estos nuevos virreyes no debe quedar impune. Deben ir a la cárcel ya que hay gente que vive sin un techo porque los recursos para la reconstrucción se ocuparon en fines políticos, mientras ellos, los delegados, llevan una vida en la molicie.

Ojalá que la propuesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de colocar un súper delegado en cada una de las entidades federativas acabe por fin con estas malas prácticas, y que el castigo a quienes se enriquecieron a costa del dolor de la gente no falte, por más duro o suave que éste sea. ¡Chao!

@_MarioCaballero