20 noviembre 2018
MARIO CABALLERO
LAS PATALETAS DEL CÍNICO
Un tuitero que se esconde detrás de un seudónimo me acusa de ser un mezquino, un malagradecido y un periodista moralmente despreciable porque critiqué el tuit de Pablo Salazar Mendiguchía en el que advierte de una supuesta corrupción en el proceso sucesorio de la rectoría de la UNACH. Me reprocha no aceptar que en ese periodo gubernamental se dio una mayor inversión y un gran impulso a la educación superior y especialmente a esa institución educativa.
Yo estudié en la Universidad Autónoma de Chiapas y egresé en junio de 2006. Algo conozco del valor y también de la mitología de la Universidad. Me siento, desde luego, agradecido con lo que aprendí, pero en ningún momento se me ocurriría pensar que le debo lealtad, en este caso, al exgobernador Salazar. ¿Acaso debo reverenciar lo que dice y lo que calla porque estudié cuando él fue gobernador del estado? Quien me juzga de mezquino y malagradecido es propio de un ardido, no de ética y nobleza.
Criticar las expresiones de un servidor público no es callarle la boca: es disentir o pedirle razones. Creo que esto es tan válido para un funcionario en activo como para un exgobernador. Y lo que le pregunté a Pablo Salazar ese día se lo pregunto ahora: ¿con qué autoridad moral se atreve a hacer semejantes señalamientos cuando él hizo todo lo posible por imponer a dos rectores y manipular los recursos de la Universidad en beneficio de sus propios intereses?
En el sexenio de Salazar Mendiguchía hubo dos ciclos en la Unach, el primero en 2002 y el siguiente en 2006, y en ambos el ex mandatario metió las manos y con resultados catastróficos para la institución.
“La Universidad se encuentra orientada con decisión hacia la política educativa nacional e internacional, en consecuencia, avanza en el rumbo correcto que le permitirá fortalecer su liderazgo en el concierto de las instituciones de educación superior de Chiapas y el sureste”, aseguró Jorge Ordóñez Ruiz durante su cuarto y último informe como rector de la Unach, pero eso no era cierto. La historia insiste en calificar su gestión como una de las peores en la existencia de la máxima casa de estudios de los chiapanecos.
PRIMERA IMPOSICIÓN
Ordóñez Ruiz fue rector para el periodo 2002-2006 y el único y mayor mérito que tenía para asumir la rectoría era ser amigo de Pablo Salazar. Quizá la principal causa de su fracaso.
Nada hizo Jorge Ordóñez en esos cuatro años para fortalecer la infraestructura física de la Universidad, ni innovar los programas educativos, la flexibilidad curricular, las fuentes de información y la tecnología. El servicio educativo fue defectuoso, el personal docente no contó con el apoyo necesario para el desarrollo académico e integrarse al Sistema Nacional de Investigadores. Tampoco diseñó programas de vinculación con los sectores públicos, privados y sociales que actualmente enriquecen la formación profesional de los estudiantes.
Fue un rector corrupto y represor. Afirmó que durante su rectorado el rubro de la investigación había recibido una inversión superior a los 40 millones de pesos, pero al respecto no existía nada en la realidad. Tan sólo fue un pretexto para la rapiña. Aparte, en su periodo se documentó un fraude de 29 millones de pesos que jamás fue investigado, no obstante las protestas de empleados, padres de familia y el cuerpo académico.
Ordóñez siempre disfrutó de la protección de Pablo Salazar y por ende de la fuerza pública estatal, con la que se enfrentó a grupos antagónicos, docentes y hasta alumnos, como Abraham Villatoro Reyes, entonces líder estudiantil de la Escuela de Medicina Veterinaria que fue detenido y arraigado por la Procuraduría General del Estado, que lo acusó del movimiento de protesta y toma de las instalaciones de esa Facultad.
“Los agentes, vestidos de civil, nos cerraron el paso con una camioneta. Sin darnos explicaciones y cortando cartucho, me sacaron a empujones del automóvil. Mientras que a él (Abraham Villatoro) se lo llevaron”, contó Susana Pérez González, ex consejera universitaria y compañera del prisionero. Esa detención se realizó sin orden de aprehensión y con agresiones físicas. El joven estudiante estuvo incomunicado por varios días y fue arraigado en un hotel del centro de Tuxtla Gutiérrez, donde lo custodiaron policías judiciales como si se tratara de un narcotraficante. Ordóñez Ruiz fue señalado de ordenar la detención. Eso sólo por dar un ejemplo.
Por otro lado, se cuenta que varios de sus familiares obtuvieron plazas de tiempo completo. Al final, entregó la rectoría de la Unach con una deuda de 750 millones de pesos.
SEGUNDA IMPOSICIÓN
Ángel René Estrada Arévalo tomó protesta por la rectoría el 4 de diciembre de 2006, días antes de que Pablo Salazar dejara el gobierno, en medio de protestas de alumnos y maestros que consideraban su nombramiento como una imposición política.
Estrada Arévalo es Médico Cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene una maestría en Epidemiología por la Universidad Autónoma de Nicaragua, y cuando Salazar lo invitó a formar parte de gobierno desde la Secretaría de Salud, desempeñaba el cargo de coordinador de Maestría en Docencia en Ciencias de la Salud en la Unach.
Con una extensa carrera docente, fue un funcionario servil, corrupto y negligente, implicado en una serie de actos de corrupción y fallecimientos de neonatos.
Entre noviembre de 2002 y enero de 2003, murieron 35 recién nacidos en el Hospital K de Comitán, donde después de las pruebas periciales dentro del expediente penal 138/2011, se determinó que en dicho lugar existía una grave deficiencia en equipamiento médico, recursos humanos, medicinas y sanidad. ¿Por qué?
El ex director de ese nosocomio, Raúl Belmonte Martínez, declaró a la extinta Procuraduría de Chiapas que a mediados de 2002, durante una reunión con el ex gobernador y el secretario de Salud, Pablo Salazar dijo que no habría ningún tipo de apoyo económico para ese hospital. En otro acercamiento que tuvo con el Dr. Ángel René Estrada Arévalo, el secretario le confirmó: “el gobernador ya dijo que no suministrará ningún tipo de recurso al Hospital General K, ni para ningún otro hospital de Comitán, toda vez que es tierra del exgobernador Roberto Albores Guillén”. Esa es la respuesta: un conflicto político.
Además, jefes de Jurisdicciones Sanitarias, directores de hospitales en todo el estado y hasta el sindicato de los trabajadores de la salud, realizaron solicitudes de recursos directamente al secretario de salud, argumentando las pésimas condiciones de las instalaciones, el insuficiente espacio para atender a los pacientes y la falta de equipo y medicamentos, pero Estrada Arévalo hizo caso omiso a pesar de que para el ejercicio fiscal 2002 recibió un presupuesto de mil 298 millones 835 mil 242 pesos.
Por lo tanto, ¿qué hizo con ese mundo de dinero si no hubo obras ni se abastecieron los hospitales?
Consecuentemente, Mariano Herrán Salvatti, entonces procurador de justicia de Chiapas, declaró años más tarde ante la PGJE que Pablo Salazar le había ordenado que el Ministerio Público no profundizara en las investigaciones que se estaban realizando en marzo de 2003, respecto a las muertes de los recién nacidos. Y comentó que en abril de 2004, el exgobernador lo llamó a Palacio de Gobierno para decirle que “todas las averiguaciones previas relativas al fallecimiento de los bebés del hospital de Comitán se determinara en el no ejercicio de la acción penal y sin responsabilidad para el Estado, y que inmediatamente fueran enviadas al archivo como asunto concluido”.
Siendo Ángel René Estrada Arévalo responsable de todo el sector salud en el estado, sin duda tenía parte en el infanticidio. No obstante, durante la inauguración de un hospital, el 29 de noviembre de 2006, Salazar dijo de Estrada: “le espera un gran futuro”. Y cinco días después le tomaron protesta como rector de la Unach: un merecido premio a la corrupción y la indolencia.
Y como rector también fue un desastre.
ENTONCES, ¿QUÉ?
Finalmente, no condeno a quien o a quienes me descalificaron como un periodista moralmente despreciable. Ni juzgo si fue por voluntad propia o por encomienda. Lo que sí estoy dispuesto a hacer es seguir criticando a Pablo Salazar, quien no tiene ninguna autoridad moral para intervenir en el proceso de renovación de la rectoría de la Unach, ni en lo que ocurre en Chiapas. Sobre todo porque él impuso dos rectores, uno ignorante y otro implicado en la muerte de 35 bebés. ¡Chao!
@_MarioCaballero