LETRAS DESNUDAS

29 enero 2019

MARIO CABALLERO

LA GRAN OPORTUNIDAD DE AMLO DE CAMBIAR AL PAÍS

A todos nos consta que Andrés Manuel López Obrador heredó una crisis del Estado de Derecho que en buena medida explica la corrupción, la impunidad, la violencia, los altos índices de inseguridad y el casi nulo crecimiento económico. Muy a pesar de las muchas leyes que tiene México, cualquier persona que decida violarlas tiene una muy baja probabilidad de ser castigado. Por eso la tragedia de Tlahuelilpan le ha dado la inigualable oportunidad de demostrar que puede cambiar al país haciendo justicia.

Hasta el día de ayer al mediodía se contaban 115 muertos y 32 hospitalizados por la explosión del ducto de Pemex, el pasado 18 de enero. De los heridos, tres menores fueron trasladados a clínicas especializadas en atención a quemados en Galveston, Texas. Además, 65 familias interpusieron demandas de desaparición, ya que no encuentran a sus familiares y aseguran que estaban en el lugar del siniestro. Pero en medio de esas cifras no hay ningún detenido.

Ahí está la oportunidad de López Obrador para que esa tragedia no quede impune como el de la Guardería ABC en 2009, el del Hospital K de Comitán en 2003 o el de Pasta de Conchos en 2006, tres desgracias que aunque desiguales tienen un elemento en común: nadie fue a la cárcel por las muertes.

Lo ocurrido en la capital de Sonora enlutó a todo México. Inolvidable será aquella manifestación en apoyo a los padres de los niños donde cientos de personas salieron a las calles a exigir justicia. Mostraron una manta que decía: “Marcador. Niños: 46; Culpables Detenidos: 0. Total impunidad”.

El 5 de junio de 2009, en el incendio de la Guardería ABC murieron 49 niños, entre once meses y cinco años de edad, a causa de la negligencia inexcusable de las autoridades que estaban encargadas de cuidarlos. De acuerdo a las investigaciones, esa fatalidad no fue un mero accidente sino una injusticia y una grave violación de derechos humanos que pudo evitarse si el gobierno hubiera cumplido con su deber de proteger la vida e integridad de los menores.

Más de cien resultaron heridos. Había un desorden generalizado en el otorgamiento, operación y vigilancia del sistema de guarderías del IMSS, particularmente en el ámbito de la protección civil. Se descubrió que dicho lugar operaba en condiciones de inseguridad, donde una pequeña chispa, en el lapso de pocos minutos, fue suficiente para convertir el lugar en un infierno.

De los 19 funcionarios que en algún momento fueron mencionados como posibles responsables, ni uno solo fue procesado judicialmente. Todos fueron exonerados en un carnaval de impunidad y vergüenza nacional.

El ministro Arturo Saldívar, hoy presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, investigó los hechos y en su proyecto de sentencia responsabilizó a Daniel karam, entonces director del Imss; a Juan Molinar, ex secretario de Comunicaciones y Transportes; a Eduardo Bours, exgobernador de Sonora; a Ernesto Gándara, ex alcalde de Hermosillo; al ex director de Prestaciones Económicas y Sociales del Imss, Sergio Antonio Salazar; a la en su momento coordinadora de Guarderías, Carla Rochín, entre muchos otros funcionarios municipales, estatales y federales.

Fue un caso histórico en el que un ministro del máximo tribunal del país propusiera castigar por violaciones graves a los derechos humanos a autoridades de primer nivel, pero el proyecto de Saldívar fue rechazado por el Pleno de la Suprema Corte debido a la presión política del entonces presidente Felipe Calderón, de la comunidad médica del sector público, de decenas de abogados y, por supuesto, del propio Poder Judicial, a quienes no les gustó que altos funcionarios públicos fueran puestos en la mira de la justicia.

A todo México le quedó claro que la impunidad en ese caso vino ordenada desde la misma Presidencia de la República.

OTROS CASOS

Entre diciembre de 2002 y enero de 2003, treinta y cinco recién nacidos murieron en un hospital público de Comitán, Chiapas, y también por negligencia gubernamental.

Se dijo que todos los recién nacidos habían muerto por problemas respiratorios, pero no fue así. De acuerdo al acta de defunción 006623, expedida por el oficial del Registro Civil número uno, Ernesto Carboney Fernández, señalaba que las causas de muerte de José Guadalupe, uno de los fallecidos, fueron hipertensión endocraniana, neuroinfección y septicemia, ésta última suele ser provocada por determinadas infecciones que por lo regular son adquiridas dentro del mismo hospital.

Al saber los resultados de la autopsia, otros padres pidieron hacer el procedimiento a sus hijos. Hubo incluso quienes tuvieron que exhumar a sus bebés para tomar la muestra. En todos los casos se comprobó que las muertes no habían ocurrido por problemas respiratorios al nacer, sino por envenenamiento.

Así se supo que el área de pediatría y cuneros había sido fumigada en diciembre de 2002, pero sin las debidas medidas preventivas.

Ante los primeros 24 fallecimientos, los padres de los bebés exigieron al entonces secretario de Salud estatal, Ángel René Estrada Arévalo, la investigación de las muertes, pero no hizo nada. Por el contrario, el exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía lo premió imponiéndolo en la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiapas en diciembre de 2006.

El entonces director del Hospital K, Raúl Belmonte, denunció la falta de medicamentos, equipo y personal médico para la atención de los pacientes. Y Estrada Arévalo le dijo que ese hospital seguiría así por instrucciones del gobernador Pablo Salazar, quien no estaba dispuesto a invertir en un hospital ubicado en tierra de su enemigo político Roberto Albores Guillén.

En un diagnóstico esperanzador, Belmonte solicitó el helicóptero del gobierno para trasladar a los niños a la Ciudad de México. Había tiempo para salvarles la vida, pero Salazar lo negó. En cambio dio prestada la aeronave para traer al futbolista Guillermo “El Pando” Ramírez del país de Guatemala, quien se integraría como refuerzo al equipo Jaguares.

Nadie pisó la cárcel. Hasta el presidente Vicente Fox ignoró las demandas de los padres que pidieron su intervención.

El 19 de febrero de 2006, una explosión hizo que colapsaran varios túneles en la mina de carbón Pasta de Conchos, en Coahuila, donde 65 mineros perdieron la vida.

Ese siniestro dejó 160 huérfanos de padre, 65 familias destrozadas y 63 viudas, pero ningún detenido.

El ex presidente Fox y Humberto Moreira, entonces gobernador de Coahuila, se deslindaron de la tragedia. Nadie de Industrial Minera México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico del país con una fortuna de 17 mil 300 millones de dólares, se hizo responsable a pesar de que las investigaciones señalaban las negligencias de esa empresa que como dueña de la mina tenía en malas condiciones de seguridad a los trabajadores, asimismo con sueldos bajos y algunos de los mineros que fallecieron ni siquiera contaban con Seguro Social.

Aparte, el ex secretario del Trabajo Francisco Javier Salazar Sáenz estaba enterado de la situación y toleró que la mina funcionara arriesgando la integridad de los trabajadores, y el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, dirigido por Napoleón Gómez Urrutia, dejó pasar las omisiones y nada hizo por salvaguardar a sus representados.

Hasta hoy sesenta y tres cuerpos permanecen enterrados en Pasta de Conchos. No volvieron a ver la luz. Y los nombres de los actores involucrados en la desgracia también siguen presentes después de casi trece años de injusticia.

NO PUEDE OCURRIR LO MISMO

En Tlahuelilpan no puede ocurrir lo mismo que en la Guardería ABC, que en el Hospital K de Comitán ni como en Pasta de Conchos. Se debe investigar, procesar y encarcelar a los responsables de la muerte de 115 personas.

Si hubo quienes provocaron la explosión en un intento de desestabilizar el gobierno de López Obrador; si los funcionarios de Pemex, como las fuerzas del Ejército, la Policía Federal y Estatal no cumplieron con su trabajo, pues que también se indague si violaron los derechos humanos de las víctimas y se aporten las pruebas que permitan poner en prisión a los presuntos responsables.

La tragedia de Tlahuelilpan no debe quedar sin castigo, sino debe ser convertida en el parteaguas del rescate al Estado de Derecho. De lo contrario, quedará manifiesto que el gobierno de AMLO nada más significó cambiarlo todo para que todo siga igual. ¡Chao!

@_MarioCaballero