LETRAS DESNUDAS

28 mayo 2019

MARIO CABALLERO

PROFESIONALES DE LA ESTAFA

La corrupción tiene un olor desagradable. Apesta. Ataca el sentido del olfato y no la vista. Es la más clara señal de que estamos ante lo podrido. Está presente en la descomposición de la carne, donde las tripas se pudren. La corrupción mezcla lo que debía vivir separado: la carne y el hueso, la piel y los gusanos.

Entendido de esa manera, la corrupción es la pestilente mezcolanza de lo público y privado; de la ambición y el deber. Por eso se dice que quienes son corruptos escapan a los límites de la ley. Con tantas estafas que se hicieron el sexenio pasado con una metodología impresionante, bien valdría la pena pensar que la corrupción se ha convertido en una profesión. Conocimiento frío e impersonal que consigue descubrir los caminos que llevan a esquivar los obstáculos de la norma. Una pericia sobre la ley para violarla.

Esa profesionalización de la corrupción lo vimos en lo que se conoció como la estafa maestra: dependencias federales que transferían dinero de programas sociales a universidades públicas que supuestamente eran contratadas para la realización de algún servicio, pero éstas a su vez depositaban dichos recursos en cuentas bancarias de terceros, quedándose obviamente con una comisión millonaria por servir de pantalla en el fraude. Bajo esa práctica se defraudaron miles de millones de pesos del erario que fueron destinados a las campañas políticas del PRI.

¿A cuánto asciende el fraude cometido por Alejandro Orantes Coello en complicidad con Óscar Muñoz, dos profesionales de la estafa de los que se presume amasaron soberbias fortunas al amparo del poder?

PERFILES CORRUPTOS

La anterior administración chiapaneca se considera una de las más corruptas de la historia contemporánea. Por supuesto, detrás de la encabezada por Juan Sabines Guerrero que endeudó el estado por más de 40 mil millones de pesos. En ella se incrementó la deuda, la obra pública fue casi inexistente, se paralizó la economía estatal, no se generaron empleos, no hubo fomento a la inversión privada, la pobreza y la marginación siguieron su lamentable ascenso, se crearon nuevas deudas con empresarios, con la banca y hasta con servidores públicos, como los maestros interinos, por ejemplo. La crisis en el sector salud es quizá la mayor muestra de la corrupción que se vivió esos seis años.

En contraparte, se habla del enriquecimiento ilegal de los hoy ex funcionarios. Políticos que ahora gozan de cuentas bancarias abultadas, propiedades, lujos y empresas que levantaron gracias al dinero que sustrajeron de las arcas de los chipanecos. Entre ese grupo de defraudadores destacan por mucho Alejandro Orantes y Óscar Muñoz Barrera, quienes aprovecharon sus influencias para timar a particulares y empresarios.

El primero de ellos es primo hermano del exmandatario Manuel Velasco Coello. Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ha laborado en la iniciativa privada y ha ocupado el cargo de diputado local en el Congreso del Estado de Chiapas, donde estuvo a las órdenes del exgobernador Sabines Guerrero.

En 2011, estuvo presuntamente involucrado en un fraude por 164 millones de pesos. De acuerdo a la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el periódico Reforma, el gobierno de Juan Sabines desvió recursos bajo la mecánica de empresas fantasma. El 14 de noviembre de ese año, a pocas semanas de terminar el periodo gubernamental, fue creada la empresa Agatha Líderes Especializados, bajo control de un prestanombres. Ese consorcio tenía dos domicilios fiscales, uno en el Barrio Niño de Atocha y otro en el Barrio Colón, de Tuxtla Gutiérrez. Recibió el dinero y posteriormente lo depositó a diferentes compañías, como Golden Marketing, Bezubi, Verina y Chiapas Sur. Esta última se creó en la notaría de Alejandro Orantes.

Orantes Coello es titular de la Notaría Pública No. 136, y se dice que a través de ella ha adquirido terrenos de manera ilegal y ha despojado de propiedades a gente humilde en todo el estado que no quiso hacer negocios con él.

Como muestra un botón. En años recientes, intentó despojar a su propietario del terreno ubicado frente a Plaza Ámbar, en el lado oriente de la capital, mediante la siembra de carpetas de investigación. Obviamente, apoyado por funcionarios del gobierno anterior, como el exdirector del Registro Público de la Propiedad, el exdirector de Catastro o el exsecretario de Medio Ambiente y hoy alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Orsoe Morales Vázquez.

Hoy, pesan sobre Alejandro Orantes denuncias por tráfico de influencias, alteración de documentos públicos, corrupción y fraude. El primo del exmandatario ha sido señalado por decenas de personas de cometer fraudes notariales que incluyen la venta ilegal de terrenos comunales, la compraventa simulada de bienes públicos y la expedición de folios falsos.

Por su parte, Óscar Francisco Muñoz Barrera, originario de Tamaulipas, llegó a Chiapas con una mano por delante y otra por detrás. Hoy es un fuereño millonario que se llenó los bolsillos abusando de su poder.

Es hijo del desaparecido Manuel Muñoz Rocha, señalado como autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Se cuenta que el ex priista contrató a Daniel Aguilar Treviño y a Carlos Ángel Cantú Narváez, y le pagó 50 mil pesos a cada uno para cometer el crimen. Ambos fueron encarcelados y sentenciados. Aguilar Treviño lo señaló. Y desde 1994 nada se ha vuelto a saber de Muñoz Rocha. Simplemente desapareció. Sus familiares lo consideran muerto.

Óscar Muñoz Barrera gozó de privilegios durante todo el sexenio de Manuel Velasco. Por determinaciones legales no pudo ocupar la titularidad de la Consejería Jurídica del Gobernador, pero fue él quien ejercía el control en los hechos desde la Subconsejería. Tenía el poder sobre el Registro Público de la Propiedad, Catastro, Notarías, Archivo Público, entre otros.

En enero de 2015, Muñoz mandó a ocho personas para que tomaran por asalto las oficinas administrativas del Congreso del Estado. No sólo violó la soberanía del Poder Legislativo, sino además robó información valiosa guardada en las computadoras del área de Servicios Administrativos del Congreso. Nadie hizo nada por detenerlo. De ese tamaño era su poder.

En febrero de 2017, el Colegio de Notarios de Chiapas denunció que un grupo de notarios se dedicaba a estafar a las personas a través de los diversos servicios notariales. Dijeron que éstos utilizaban sus influencias para robar predios y propiedades con total impunidad. Al poco tiempo se supo que esa mafia estaba bajo las órdenes de Muñoz Barrera. Y entre los corruptos notarios aparecía Alejandro Orantes.

GRANDES NEGOCIOS

En contubernio Orantes Coello y Óscar Muñoz hicieron negocios millonarios. Se dice que localizaban predios propiedad de cualquier dependencia del Gobierno del Estado y los ofrecían a buenos precios a inversionistas. Modificaban temporalmente en el Registro Público de la Propiedad los datos de los supuestos terrenos en venta, imprimían los Certificados de Libertad con los datos alterados, realizaban los procesos de compraventa, recibían los anticipos y entregaban los documentos al “nuevo dueño”, diciendo que se encontraba todo en orden. Tal como hicieron con el dueño de Casas Geo, Julián de Nicolás.

Resulta que Alejandro Orantes le vendió a dicho capitalista 45 hectáreas a un precio de 8 millones 210 mil pesos. Pero ese predio denominado San Pedro, ubicado rumbo a la Escuela de Veterinaria, no era de él, sino era un bien del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que el Gobierno de Chiapas tenía en garantía por ser aval solidario de un préstamo que la comuna tuxtleca obtuvo de Banobras. Cabe mencionar que dicho bien consistía en 73 hectáreas de terreno valuado en más de 22 millones de pesos.

El 19 de enero de 2017, el empresario le depositó a Orantes Coello un anticipo de 3 millones 750 mil pesos. Y a partir de esa fecha nunca volvió a saber del primo del exgobernador, que según se había ido de vacaciones a Europa y Asia. El cómplice en el fraude fue, desde luego, Óscar Muñoz.

He aquí dos profesionales de la estafa que merecen ser investigados por elemental justicia. Especialmente, cuando se rumora que uno de ellos, Alejandro Orantes, es dueño de un lujoso consorcio hotelero en la Riviera Maya y, el otro, Óscar Muñoz Barrera, pretende ser asesor del mismísimo presidente de la República. ¡Chao!

yomariocaballero@gmail.com