LETRAS DESNUDAS

18 junio 2019

MARIO CABALLERO

SE ENRIQUECIERON AL AMPARO DEL PODER

La instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es concreta: no robar.

El pasado jueves 13 de junio, emitió un documento en el que les ordenó a todos los servidores públicos en general a honrar la palabra y cumplir con el compromiso de no mentir y tampoco traicionar la confianza de los mexicanos: “Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir, bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen”.

En consecuencia, les reiteró: “no acepto que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia cercana o distante”.

Y les encargó: “Ustedes no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie. Y en el caso de mis familiares, ni siquiera de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono. Nada de nada”.

Culminó con una advertencia: “Sólo me resta decirles que, de no cumplirse esta recomendación, se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal”. Es decir, que todo aquel funcionario que cometa o sea cómplice en actos de corrupción será denunciado ante las autoridades correspondientes.

La ordenanza presidencial nadie debe tomarla a menos. Especialmente quienes hoy tienen el poder. Es de una trascendencia nunca antes vista en un gobernante de su estatura política. Posee además un simbolismo que a la vez de ver hacia adelante nos hace reflexionar sobre el pasado. Porque ningún gobierno anterior ha sido ajeno a los escándalos de enriquecimiento ilícito y, sobre todo, al nepotismo.

Ejemplos hay muchos, pero no vayamos lejos, aquí en Chiapas hubo casos en que los parientes de cada gobernador en turno amasaron riquezas por el simple hecho de tener el mismo apellido.

CLANES DEL HURTO

Roberto Albores Guillén gobernó Chiapas poco menos de tres años (1998-2000). Y al finalizar su gobierno varios miembros de su gabinete fueron encarcelados por corrupción. Incluso él enfrentó un proceso por enriquecimiento desmedido y su esposa, María Gleason Alvite, fue acusada de haber distribuido como desayunos escolares soya de consumo para animales, siendo entonces presidenta del DIF estatal.

Durante ese periodo, Luis Miguel Albores Gleason, su hijo, hizo lucrativos negocios con el erario de los chiapanecos a través de la Comercializadora de Abasto Global, empresa que nació unos días después de que Albores Guillén fuera nombrado gobernador interino y que sin contar con la estructura ni la experiencia mínima se le asignaron contratos millonarios para la distribución de desayunos escolares.

Dicha empresa fue contratada por asignación directa, desplazando a DICONSA que venía prestando ese servicio de manera eficiente. Asimismo, algunos actores políticos denunciaron las diversas irregularidades detectadas en la comercialización de los alimentos, por ejemplo, que éstos estaban caducados al momento de ser entregados al DIF. Esto por mencionar algo.

Los hermanos del exmandatario Pablo Salazar Mendiguchía hicieron lo propio. Roldán Salazar, quien controló la UNACH, estuvo involucrado en la venta irregular de 375 hectáreas en una zona de alta plusvalía de la capital chiapaneca. Esos terrenos que eran propiedad de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Chiapas, estaban valuados en más de 375 millones de pesos y fueron vendidos a una empresa constructora que supuestamente tiene que ver con el hermano mayor del exgobernador. Por tal motivo, hubo una demanda de parte de los afectados ante la Fiscalía General del Estado, entonces al mando de Mariano Herrán Salvatti, brazo ejecutor de Salazar, que jamás prosperó.

Jonathan Salazar, otro de los hermanos, como subdelegado de Atención a Entidades Públicas de BANOBRAS en Chiapas, manipuló los créditos para municipios y dependencias de gobierno. Él les decía a los alcaldes con quien debían asignar las obras, que, por supuesto, eran sus allegados. Además, con el respaldo de Pablo destituía y contrataba funcionarios municipales a modo.

Nelson Salazar, un hermano más del “nazareno”, fungió como jefe de departamento de eventos sociales y culturales de la Delegación del ISSSTE.

Pero no fueron los únicos del clan Salazar que se beneficiaron durante esa gestión. Personas como José Luis Paulín, cuñado de Pablo, fue director del C4 en Seguridad Pública. Alberto Ayala, otro cuñado, fue jefe de departamento en el Instituto del Deporte, además de ser presidente del Club Jaguares de Villaflores de la tercera división de fútbol. Yarith García, cuñada, se desempeñó como secretaria ejecutiva del gobernador.

Rolando Salazar, primo hermano, fue funcionario en la Secretaría de Planeación. Carlos Salazar López, sobrino e hijo del pastor Clever Salazar, hermano del exmandatario, fue secretario particular del entonces titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Y otros sobrinos, como Carlos y Sandra Vázquez Salazar, se enriquecieron con contratos para sus empresas particulares con el gobierno. Entre muchos, muchos más.

El exgobernador Juan Sabines Guerrero, causante del mayor desfalco a las arcas de Chiapas, también favoreció a su familia. Aunque el caso más representativo es el de su prima Mayda Guerrero Uriegas.

Mayda se integró a la administración de Sabines a partir de 2007. Ella negoció la bursatilización a 30 años de los ingresos por la recaudación del Impuesto Sobre Nómina estatal, por un monto de cuatro mil doscientos millones de pesos, que inició en 2008 y terminará en 2037.

De ese negocio que hizo en complicidad con el entonces secretario de Finanzas, Carlos Jair Jiménez, quien intervino como agente colocador en la Bolsa Mexicana de Valores, se embolsó 88 millones de pesos por concepto de comisiones. Esa cantidad de dinero se la repartió con el ex secretario.

No fue todo. Mayda Guerrero también fue intermediaria en asignaciones de obras públicas, compras y demás adquisiciones del Gobierno del Estado. Y, si eso fuera poco, está señalada por el desvío de más de cinco mil millones de pesos del Fondo de Ahorros y Pensiones del ISSTECH.

En el mandato anterior los primos de Manuel Velasco, Jesús, Alejandro y Juan Pablo Orantes Coello, son la imagen de la corrupción.

Jesús, por ejemplo, imponía las cuotas a los constructores para adjudicar obras, que iban desde el 20 hasta el 30 por ciento. Alejandro, por su parte, como notario número 136, está acusado de cometer fraudes notariales para la venta ilegal de terrenos comunales y para la compraventa de bienes públicos con expedición de folios falsos. Igualmente está acusado de despojo y robo de predios particulares.

De los tres, el caso de Juan Pablo llevó el robo hasta el delirio. Fue subsecretario de Infraestructura y Comunicaciones, y se dice que asignó las mejores obras a sus propias constructoras que, dicho sea de paso, operan bajo prestanombres. Y durante los primeros tres años en el puesto sus empresas ganaron contratos por cerca de los 900 millones de pesos. Tanta fue su felicidad que en 2017 viajó a Las Vegas para celebrar que en su cuenta de banco tenía sus primeros 500 millones.

Hoy es dueño de una plaza comercial en la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez y por temor de ir a la cárcel huyó a San Diego California, donde vive junto a su esposa e hijos en un lujoso departamento que compró con dinero de los chiapanecos.

UNA PREGUNTA

Por todo ello, la orden del presidente de la República es de gran connotación política. Y, por tanto, los gobernantes de Morena estarán bajo la lupa, como el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, quien se dice muy honrado, pero detrás encubre las raterías de sus hermanos. Ya veremos si tiene la suficiente autoridad moral para acatar la instrucción.

Finalizo con lo siguiente. El llamado a no robar debería ser retroactiva para también revisar las cuentas de los anteriores gobernantes y, por supuesto, de sus familias que se enriquecieron al amparo del poder, como los antes mencionados. Porque, preguntémonos, ¿qué tanto se pudo haber hecho para el desarrollo de Chiapas con los miles de millones de pesos que nos robaron?

Y esto no para encauzar una cacería política, que no tendría ningún sentido. Sólo que el llamado a no robar tendría una mayor trascendencia si también apelara a hacer justicia. ¡Chao!

@_MarioCaballero