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MARIO CABALLERO
28 Abril 2021
CERTIDUMBRE Y CONFIANZA
Conforme se acercan las elecciones de junio, muchos me preguntan si podría haber nuevamente un fraude electoral en Chiapas. En lo personal, basado en la experiencia de la elección anterior y en las acciones que ha tomado el árbitro electoral local durante el presente proceso, no lo creo posible. Sin embargo, creo entender que hay motivos suficientes para que el fantasma del fraude vuelva a rondar en la mente de muchos.
Pues, ciertamente, desde su creación hace más de treinta años el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas ha tenido más momentos malos que buenos. Si por un lado su aparición como organizador de las votaciones vino a dar cierta certidumbre a los resultados; por el otro, los escándalos de los exconsejeros electorales le restaron mucha credibilidad como garante de la legalidad, la transparencia y el respeto a la voluntad del pueblo.
Tal como sucedió en los comicios de 2006 y 2015, que son los casos emblemáticos que documentan el fraude electoral ordenado y ejecutado desde el Poder Ejecutivo estatal y validado por el IEPC.
En la elección de 2006 fue clara la intromisión de Pablo Salazar a favor de Juan Sabines Guerrero. Recordemos que Pablo, en agradecimiento a lo que Juan Sabines padre hizo por él durante su juventud, impulsó fuertemente la carrera política de su hijo desde que este vino de la Ciudad de México con una mano por delante y otra por detrás.
Bien. Aquel año 2005, Salazar no logró que Rubén Velázquez, hombre de todas sus confianzas, fuera postulado por el PRD a la gubernatura. De tal manera, jugó su segunda carta: Sabines Guerrero, que para entonces ya había sido descartado por el PRI.
Entonces, Pablo Salazar se entrevistó con Jesús Zambrano, Jesús Ortega y Carlos Navarrete, entonces líderes de la cúpula perredista. Pero el que dio el visto bueno para que Sabines asumiera la candidatura al Gobierno del Estado fue el propio Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República.
En pleno periodo de campaña fueron visibles los financiamientos que Juan Sabines recibió de parte de muchos empresarios. Uno de ellos, incluso, le regaló una camioneta Hummer de último modelo. Esto, que sin lugar a dudas representa un claro delito electoral, fue del conocimiento del IEPC, pero no hizo nada al respecto. Salvo quedarse callado e ignorar las denuncias de los candidatos de oposición que señalaban que el candidato perredista había rebasado por mucho el tope de gastos de campaña.
Para entonces, ya Pablo Salazar había girado instrucciones para que recursos del estado fueran canalizados al proyecto de Sabines. Y eso quedó claro al ver que gente como Amador Rodríguez Lozano, uno de los padres del mapachismo electoral en México y quien fungía como asesor jurídico del gobernador, era el principal operador político de Sabines, quien además contó para su campaña con personal viaticado por el gobierno, automóviles oficiales, una avioneta también del gobierno y mucho dinero presuntamente del erario de los chiapanecos.
El día de la elección, hubo un intenso operativo de compra de votos y hasta el entonces fiscal del estado, Mariano Herrán Salvatti (q.e.p.d.), fue visto cambiando urnas repletas con votos a favor de Juan Sabines Guerrero.
El IEPC estuvo enterado de todas las anomalías de la campaña de Sabines, pero –repito- no hizo nada. Todo lo contrario, como juez de la elección validó su triunfo y lo sostuvo hasta el último momento.
Lo que ocurrió en 2015 fue un caso muy peculiar. Los entonces consejeros electorales, que pasaron de ganar 64 mil a más de 120 mil pesos en el primer mes de su gestión y que se aprobaron un bono de productividad de 140 mil pesos una semana antes de las elecciones, fueron todos destituidos por corrupción y complicidad.
Para empezar, no instalaron el total de las casillas en los municipios y en la zona Altos, Centro y Sierra enviaron boletas impresas por ambos lados, lo que provocó confusión en el conteo de los votos, pero extrañamente la mayoría de los candidatos del PVEM, en su momento el partido mayoritario en Chiapas, resultaron ganadores, a pesar de que un gran porcentaje de los sufragios emitidos fueron anulados o cancelados.
Aparte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obligó al IEPC a suspender las campañas once días antes de la realización de las votaciones para hacer cumplir la paridad de género en las candidaturas. Lo que provocó una enorme pérdida de recursos y de tiempo, que fue responsabilidad de los consejeros. Para el colmo, no informaron sobre el registro de los nuevos candidatos, por lo cual la gente no supo por quién votar.
También se descubrió que los consejeros cometieron fraude en la elección de muchos presidentes municipales, cuyos candidatos que se alzaron con el triunfo fueron del PRI y especialmente del Partido Verde.
La estafa que ordenó la destitución de todo el Consejo Electoral del IEPC fue la que descubrió la FEPADE en cuanto a la elección del diputado migrante, en la que cinco exconsejeros alteraron el padrón nominal e hicieron que miles de chiapanecos aparecieran como residentes en el extranjero. Fue así que personas de San Cristóbal de las Casas, por ejemplo, que no pudieron votar en las casillas de su municipio, figuraron como habitantes de Estados Unidos o Yugoslavia, Escandinavia, Irak o cualquier otro país del mundo, y su voto fue para el candidato del PVEM.
El resultado: el 55% de los sufragios fue para el Verde y el 47.1 por ciento para el partido Mover a Chiapas. Fue la primera vez en la historia en que el PRI, PAN y PRD no obtuvieron ni un solo voto.
TIEMPOS DISTINTOS
Pero el fantasmita del fraude no debería ahora quitarle el sueño a nadie. Más allá de los nuevos mecanismos que imposibilitan modificar, alterar y maquillar los votos que se depositan en las urnas, el IEPC Chiapas se ha convertido en una institución confiable y lo demostró en las elecciones de 2018, en las que logró dar legitimidad y transparencia en los resultados. Por mucho tiempo en la vida democrática de nuestro estado, nadie dudó de que la voluntad de los ciudadanos se había respetado.
Es de reconocerse el logro del presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, que supo colocar el compromiso democrático por encima de los intereses de los grupos de poder, que tanto daño le hicieron a Chiapas.
Chacón Rojas recuperó la credibilidad del árbitro electoral. Lo que no es un asunto menor, pues desde que el actual Consejo Electoral entró en funciones el organismo ha avanzado en la calidad de la organización de los comicios, en la forma en que se convoca la participación de la sociedad, en los controles para garantizar cancha pareja a los actores políticos, en la vigilancia de la paridad de género, así como en el financiamiento y fiscalización de los recursos.
Importante ha sido y será para la salud democrática y la legalidad del proceso electoral de este año, la investigación de delitos de los aspirantes y candidatos, asimismo la imposición de sanciones conforme a la ley y sin distinción de partido.
Por tanto, hay confianza en que se volverá a validar la decisión del pueblo mediante elecciones limpias, transparentes y legítimas.