LETRAS DESNUDAS

18 de Marzo de 2015

Mario Caballero

La terquedad que devora: Adelfo Gómez

Al momento de escribir estas líneas, luego de soportar tantos meses de atropellos al Estado de Derecho a cargo de los maestros disidentes de la Sección 7 del SNTE, supuestos paladines de la educación en Chiapas, nada se sabe de si las autoridades aplicarán las leyes para restablecer el orden público y terminar de tajo con el gamberrismo magisterial que ahora cínicamente camina abanderado bajo la consigna de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Sin embargo, se dispone de certidumbres:

Adelfo Alejandro Gómez, secretario general de la S7, seguirá negándose a tomar acuerdos con el gobierno del estado y a cada propuesta contestará con un no contundente. Y una vez llegado aquí no se entiende qué es lo que realmente ha movido al conglomerado magisterial todo este tiempo, si la lucha por la educación, o la defensa de sus derechos laborales (esos que nunca han sido trastocados por la reforma educativa), o la ambición y los caprichos del dirigente.

Hasta que no logre Adelfo Gómez imponerle al gobierno sus condicionamientos para frenar la lucha magisterial (prerrogativas, bonos extras, plazas del magisterio a disposición, posicionamiento dentro la estructura política para familiares y amigos, etcétera), el Bloque Democrático seguirá violando las leyes y apropiándose de tramos carreteros, casetas de peaje, calles y edificios públicos cada vez que se le venga en gana.

Tanto Adelfo Gómez como el BD no confunde, sino ignora que el derecho a la libertad de expresión no significa facultad para delinquir o permisividad para el pillaje. Manifestarse, en ningún sentido, implica impunidad.

La indignación y el coraje más efectivo de la gente (hasta el momento mantenido bajo quietud), no son hacia el gobierno que ha tolerado las aberraciones del magisterio hasta rebasar los límites de lo permitido, sino en contra de los maestros conflictivos.

Secuestrar las casetas de peaje para robar las cuotas con las que mantienen vivo el levantamiento y emborracharse, nunca podrá ser considerado como derecho de manifestación; por el contrario, será como lo calificó la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde el 9 de septiembre de 2013: “Esas acciones son violaciones a los derechos humanos y a los códigos civiles elementales”.

Adelfo Gómez y los maestros del BD continuarán empeñados en la decisión de no entender la nueva ley de educación y hacer caso omiso a la exigencia social de parar con la violencia y el saqueo, que no sólo agravan el proceso educativo sino también ocasionan serios problemas financieros en la entidad. Un dato: Las pérdidas económicas ocasionadas por el paro magisterial en el año 2013, en Tuxtla Gutiérrez, alcanzó una cifra superior a los 12 millones de pesos.

La tolerancia tiene sus límites: si el gobierno no actúa pronto bajo la facultad que le proporcionan las leyes de aplicar la fuerza policial en caso necesario de salvaguardar el orden público, permitirá con la omisión un posible enfrentamiento entre la sociedad y los maestros. Cito otro dato: El viernes 6 de marzo del presente año, un grupo identificado como maestros adheridos al BD, tomaron como de costumbre la caseta de peaje de San Cristóbal de las Casas, cobrando una cuota de 200 pesos por vehículo. Un usuario al verse ofendido por la cantidad de dinero que le cobraban por usar el servicio, comenzó a reclamarle a los maestros el abuso que estaban cometiendo en agravio de la economía del Estado y de los automovilistas. Estos le respondieron con insultos y lanzando piedras sobre el coche. Uno de los profesores alcanzó a golpear en la cara al conductor antes de que éste cerrara la ventanilla.

Adelfo Gómez le apuesta al chantaje para someter al gobierno y lograr beneficios personales. En gobiernos pasados varios líderes facciosos se enriquecieron con esto, como Amadeo Espinosa Ramos, actual dueño del Partido del Trabajo. Aludo a la historia contemporánea: En la oficina de Nemesio Ponce Sánchez, en calidad de subsecretario de gobierno en el sexenio anterior, líderes magisteriales como Francisco Torres Hernández, Juan Manuel Armendáriz Rangel, Adelfo Gómez, Pedro Gómez Bámaca, entre otros, cobraron mensualmente 50 mil pesos para mantener tranquilos a los maestros y no alterar la paz social. Y la supuesta lucha del actual secretario general no logra mostrar otros objetivos más que éste.

Parecerá exagerado: Por la intransigencia, el movimiento magisterial, sin fundamento para considerarla una lucha justa, está transformado en una nueva modalidad del crimen organizado.

Adelfo Alejandro Gómez, principal promotor de los disturbios provocados por el Bloque Democrático de la sección 7, no pretende lograr acuerdos a favor de la educación, ni por los derechos gremiales, porque eso no le es rentable. Lo único que busca es agrandar su patrimonio, dudarlo es ofenderlo, el poder y la impunidad.

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A todo esto, ¿qué es, pues, el Estado de Derecho: un sistema de leyes e instituciones que reglamenta tanto la actuación de las autoridades como de la sociedad en su conjunto, que puede menospreciarse e ignorarse cada vez que a alguien se le venga en gana? ¿O un marco legal que fija, además, los límites de los propios derechos? De acuerdo al acontecer actual del conglomerado magisterial, es lo primero.

Para el efecto, ¿dónde quedan los razonamientos morales y a quién le importa a la hora de la vida en sociedad? La historia nos remite a la falta de consciencias jurídicas que han tenido desde siempre los líderes del magisterio, que obviando la legislación y amagando con desatar una revolución, en los seis años pasados obtuvieron más de 150 millones de pesos que fueron repartidos entre los cabecillas, el presente secretario fue uno de ellos.

Hoy, Adelfo Alejandro Gómez confunde a los maestros, los usa como carne de cañón, y de lograr algo los únicos beneficios serán para él y no los maestros de la S7.

 

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Como síntesis suprema de este movimiento, que por necesidad crea sus propias leyes, entrega sin necesidad de palabras un apotegma: “La Revolución es la revolución. La Impunidad es la impunidad”, apotegma que santifica la ilegalidad, el castigo de los inocentes (más de un millón de niños que se quedan sin clases por las marchas) y la burla a los amagos de la opinión pública.

La autoridad no puede permanecer en el quietismo, seguir tolerando los delitos, dejar que a sus gobernados los ultrajen un puñado de maestros. Los descuentos salariales a 30 mil 322 docentes y las 1055 constancias de interinato entregadas a maestros en el año 2013, en el punto más álgido de la supuesta lucha, tan solo fue una medida pero al parecer no suficiente como para terminar con la sucesión de abusos.

Lo que ahora amerita -y que es lo que la gente pide- es que se aplique la ley para recobrar el orden público y la tranquilidad.

@_MarioCaballero

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