LETRAS DESNUDAS

16 Diciembre 2015

Mario caballero

Lo que se pudo haber evitado

El 15 de mayo de 2014, fue aprobado por mayoría de votos en el Congreso del Estado el Código de Uso de la Fuerza Legítima de Chiapas, que se conoció como la “Ley Garrote”, y entró en vigor el 4 de julio del mismo año según publicación del Periódico Oficial.

Sin embargo, el objetivo de dicho código de garantizar la seguridad social ante manifestaciones de cualquier índole, fue tergiversado por los opositores al gobierno que llegaron al grado de calificar al código como un instrumento represor, intimidatorio y que atentaba contra los derechos humanos.

Días después de una intensa campaña en contra, una aparente presión social hizo que a poco más de un mes de haber entrado en vigor el Código, el lunes 11 de agosto fue derogado.

El código anteponía en sus apartados el uso de la fuerza policiaca en atención a los principios de legalidad, racionalidad, proporcionalidad, congruencia, oportunidad, estricta necesidad, respeto y protección a los derechos humanos. Y facultaba a la policía a dispersar manifestaciones violentas con el uso de armas no letales y a aplicar operativos durante las protestas pacíficas como medidas de prevención. La meta era salvaguardar la integridad física de las personas y mantener la paz social por las vías legales.

Empero, en términos diáfanos, la pugna por la anulación del Código nunca pudo lograr que se entendiera como una lucha en defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, menos aun cuando estos nunca se vieron amenazados. Y si a esta reyerta estúpida se le quisiera encontrar un significado objetivo, este sería el servilismo a favor de la impunidad, porque los detractores no fueron organizaciones altruistas, preocupadas por el bien común y el progreso de Chiapas, sino grupúsculos corruptos y egoístas cuyo fin siempre ya sido la acumulación de poder, acompañado de una puerilidad desafiante.

El proceso de exterminio de esta ley fue la saga de la infamia presuntuosa. Porque, ¿qué se logró con derogarla? ¿Quiénes fueron los beneficiarios y cuáles los beneficios, si es que los hubo en ambos casos? ¿O cuáles las consecuencias que surtirían efecto en la sociedad al negársele la existencia de dicho código normativo?

En primera instancia, y como fruto de la abrogación, siguió la impunidad, las justificaciones irracionales por los crímenes cometidos, las movilizaciones por cualquier cosa, etcétera. Y en última instancia, la sociedad en ningún momento estuvo en la lista de beneficiados, los derechos humanos y la libertad de expresión fueron trastocados, y nada detuvo el curso constante de los abusos y violaciones al código penal y civil.

Ahora, desde otro punto de vista, proponer la eliminación de la ley pero en términos de democracia tal y como lo hicieron el abogado Miguel Ángel de los Santos Cruz y la diputada Hortensia Zúñiga, coordinadora del PRD en el congreso local en la legislatura pasada, que tacharon al código de un “abuso institucional y de un retroceso notable en materia de derechos humanos y libertad de expresión”, se hizo un tanto absurdo y disparatado ya que como sabemos la democracia no es solo electoral, sino la democracia también es una manera de repartir los beneficios de salud, educación, vivienda, económicos o legales, como lo quiso ser en ese caso en particular.

EN DEFENSA DE LO INDEFENDIBLE

La historia nunca nos dejará mentir. Los resultados de las movilizaciones en Chiapas, ya sean magisteriales, estudiantiles o de trasportistas, han sido siempre catastróficas.  Y tienen a cuestas su fracaso político y moral porque ninguna lucha social y resistencia civil prospera con violencia ni sobre el encono ciudadano, tampoco sobre acciones que resisten a la injusticia afectando a quienes no tienen por qué asumir esos costos.

Por razones más que evidentes, un bloqueo nunca gana la simpatía social. Y no procede enfrentar el libre tránsito con la libertad de expresión y movilización. Dicho de otra manera, no hay tuxtleco que apoye una manifestación de maestros cuando sus derechos son violentados; no hay tuxtleco que se incline a favor de una lucha cuando por horas una multitud a bloqueado la avenida central y los accesos a la ciudad; no hay padre o madre de familia que diga algo halagüeño sobre los meses que se perdieron del ciclo escolar por el paro de maestros en el zócalo de la capital chiapaneca y en otros estados del país.

De manera dolorosa, los métodos utilizados para hacer valer el derecho de manifestación y la historia de los afectados siempre se han opuesto. El 14 de septiembre de 2013, un hombre de aproximadamente 45 años increpa a un grupo de maestros que obstruye las entradas de una plaza ubicada en el poniente de Tuxtla Gutiérrez, y con ostentación desdeñosa los educadores responden y golpean al señor argumentando injustificadamente que están presionando por sus derechos laborales. Una anciana entra en defensa del señor, y alega: “Ya déjenlo cobardes. Ustedes no sólo son ignorantes sino también montoneros”.

Otro capítulo: un señor baja de su auto después de llevar más de una hora varado en el boulevard Belisario Domínguez a la altura de la catorce poniente, vialidad que fue tomada por integrantes del Bloque Democrático de la sección 7 del SNTE, y pide al grupo de maestros que den paso en al menos uno de los carriles.

“¡Cállate, idiota! Que esto que hacemos no es por gusto y no es sólo por nosotros, sino lo hacemos por todos ustedes también”, le contesta uno de ellos. “Por favor, tengo que llegar a mi trabajo”, vuelve a pedir el señor que había pedido el favor. “¿Qué no entendiste? ¿Eres pendejo o te haces?”, le responde el mismo profesor, y en ese momento comienzan los insultos de un lado para el otro y al fragor de la excitación se suman otros docentes, y ante la desventaja notoria el señor emprende la retirada pero sin dejar de defender lo poco que le quedaba de orgullo. Sube a su automóvil y de algún lugar cae una piedra, después otra y otra, hasta convertirse en una lluvia de proyectiles que destrozaron los cristales del vehículo, abollaron la tapa del motor, el toldo y parte de la cajuela.

En ninguno de los dos casos hubo detenidos.

LO QUE PUDO HABERSE EVITADO

No es del desconocimiento público el por qué en el periodo de Juan Sabines Guerrero las manifestaciones fueron casi nulas, y las pocas que hubo se disolvieron en minutos. Se cree y con mucha certeza que líderes del Bloque Democrático recibían en la oficina de Nemesio Ponce Sánchez un pago de hasta 50 mil pesos mensuales por mantenerse callados y coludidos mientras que el sistema educativo en la entidad era cada día más desastroso. Tampoco fue secreto que a los revoltosos y líderes se les premió con impunidad, plazas magisteriales y dinero.

El asesinato de David Gemayel Ruiz Díaz por sus mismos compañeros, el secuestro de agentes de la policía federal, los cuantiosos daños materiales a empresas del servicio de transporte público y a las instalaciones del gobierno hace unos días se hubiera evitado de seguir en vigor “La Ley Garrote”. Porque una cosa es hacer uso de la libertad de expresión para buscar beneficios aunque sean sectoriales y otra muy distinta aprovecharse de este derecho para cometer actos de semejante vileza.

También con ello se hubiera evitado la corrupción, la compra de favores, el salvajismo y los delitos cometidos al Estado de Derecho.

Oponerse a los bloqueos y a las violentas manifestaciones que terminan por aplastar los derechos de la sociedad civil mediante un instrumento legal, nunca significó en lo más mínimo rechazar las marchas, las protestas en sitios específicos, los plantones y mucho menos coartar la libertad de expresión, pero sí era una medida urgente a las consecuencias cada vez más desventuradas.

Pero, desde luego, él hubiera no existe.

De tal modo, en estos momentos de crispación social por la andanada vandálica del magisterio, resulta necesario someter al Código del Uso de la Fuerza Legítima de Chiapas a un consenso ciudadano, divulgar sus virtudes, que vuelva a retomarse en el Congreso del Estado y se debata con el razonamiento, pensando en el pueblo, para luego ser sometido a votación por los congresistas.

De lo contrario, la sociedad será quien sufra las consecuencias de tener una seguridad pública discapacitada para defenderla, para actuar conforme a Derecho y cumplir con sus funciones.

yomariocaballero@gmail.com.