LETRAS DESNUDAS

30 Enero 2016

Mario Caballero

El pasado que nos persigue

Entre los días 3, 4 y 5 de octubre del año 2005 el huracán Stan causó 1620 muertes, desprendimientos de tierra e inundaciones en los países centroamericanos de El Salvador, Belice, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y en el sur de México, considerándose por la magnitud de la devastación como el sistema tropical más mortífero de la década estando por encima del huracán Katrina que dejó 1300 muertos en Estados Unidos de Norte América.

En Chiapas, a eso de las cinco de la tarde del 4 de octubre, el entonces gobernador Pablo Salazar Mendiguchía recibe la instrucción de desalojar a los habitantes de las zonas Costa y Sierra pero la desatiende. Y a las nueve de la noche, Stan irrumpe con ímpetu levantando los techos como si fueran de papel, y en su paso arranca árboles, desborda los ríos, destruye puentes, tira postes de luz y teléfono, dejando incomunicadas a por lo menos 20 ciudades que sólo pudieron ser auxiliadas por la vía aérea. Y si no es por la pronta intervención del personal castrense cientos de vidas más se hubieran perdido.

Días después de la tragedia el Congreso de la Unión anuncia la autorización de 11 mil millones de pesos para reparar los daños en los 41 municipios afectados. Al poco tiempo, Pablo Salazar arma una puesta teatral por televisión teniendo como imagen de fondo varias máquinas retroexcavadoras trabajando en el desazolve de caminos y ríos, y ahí explica el programa de reconstrucción a seguir.

Empero, pasaron los meses y no se hizo nada. Y del dinero Salazar nunca quiso dar una respuesta y tampoco se responsabilizó de las víctimas. Simplemente se calló.

 

En el sexenio anterior ningún otro personaje tuvo tanto protagonismo como Nemesio Ponce Sánchez, conocido como el Doctor aunque a la verdad nunca pasó de ser un simple camillero en una pequeña clínica de la Ciudad de México.

Como subsecretario de gobierno, desde su oficina operó encarcelamientos injustificados, desapariciones forzadas, destierros, represión de líderes sindicales y campesinos, impuso gente a modo en institutos políticos, en presidencias municipales, en el Congreso del Estado y en las distintas secretarías de gobierno, además, del enriquecimiento ilícito a través de las asignaciones arbitrarias de la obra pública.

De todo esto, cómo olvidar el operativo paramilitar donde resultó muerto Aurelio Díaz Hernández, el 21 de julio de 2009, en Mitzitón, Chiapas, y el contubernio que fraguó con un ex gobernador de Oaxaca.

En el primer caso, el abogado Ricardo Lagunés Gasca, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, fue el primero en señalarlo como el autor intelectual del operativo en Mitzitón y por ende culpable del homicidio y de la detención injusta de siete personas. A lo que Nemesio contestó con arrogancia que el asunto se trataba de un conflicto religioso de muchos años atrás y en el que el gobierno del estado nada tenía ver excepto por su resolución mediante el diálogo.

Pasado poco tiempo, el abogado Ricardo Lagunés es golpeado despiadadamente por gente del doctor Nemesio Ponce.

Al punto, ejidatarios de Jotolá y San Sebastián formalizan las denuncias ante las instancias judiciales y culpan directamente al ex subsecretario de gobierno Ponce Sánchez. Pero al hacerlo la vida se les convierte en una pesadilla, pues son perseguidos y acosados por la Policía Estatal Preventiva que les propina sendos levantones, golpizas y en algunas ocasiones son amenazados de muerte.

En septiembre de ese mismo año, policías ministeriales y agentes de la PEP son enviados desde el despacho de Nemesio Ponce al ejido Jotolá para detener al comisariado ejidal y al profesor Ricardo Sánchez, vocero de las querellas. Hasta ese momento, el castigo por haberlo acusado marchaba a pedir de boca.

Sin embargo, a Ponce Sánchez se le cae el teatrito: miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos se revelan: “Estamos aliados con el doctor Nemesio Ponce… Él nos ordenó emboscar al abogado Ricardo Lagunés… Durante todo el tiempo que duró el operativo en San Sebastián Bachajón y en Mitzitón, fue a Nemesio Ponce a quien le rendimos cuentas”. De tal manera, el caso nunca se trató de un conflicto religioso como tanto lo afirmó, sino de un salvaje operativo político-zapatista.

En cuanto a los fraudes por obra pública, Jesús Sarmiento Toledo y Ricardo Juárez Ovando, ambos coordinadores de la Secretaría de Infraestructura comandada por Ricardo Serrano Pino, recibían las órdenes de Nemesio Ponce de asignar las mejores obras para las nueve constructoras de José Nelson Murat Casab, ex gobernador de Oaxaca, que usaba de prestanombres a su chofer José Manuel Flores Ríos, quien apareciera muerto a tiros en julio de 2013.

De todas las obras que se le concesionaban a Murat, el doctor Ponce recibía el 25 por ciento, y al hacer una revisión de los expedientes se detectó que ninguna de ellas fue ejecutada pero sí pagada en su totalidad. Por otra parte, solo en el 2009 Chiapas recibió de la Federación una cantidad igual a los 900 millones de pesos para la conservación de los caminos rurales, y el director de Caminos y Puentes Rurales de la misma secretaría de infraestructura era José Antonio Ramos Castrejón, ahijado de Nemesio Ponce. De ese tamaño la corrupción.

¿POR QUÉ NO HAY JUSTICIA?

Hoy, pasados más de 10 años de la calamidad del huracán Stan, aún pueden verse puentes colapsados, caminos intransitables y decenas de familias sin vivienda. Según palabras del líder del grupo de damnificados del huracán Stan, Carlos Tapia Ramírez, personas que perdieron todo y que estaban en la espera de la ayuda del gobierno de Pablo Salazar decidieron volver a las zonas afectadas y reconstruir en total peligro y por cuenta propia un hogar donde vivir.

Antes de venir a Chiapas Nemesio Ponce era un miserable que vivía con su esposa y su hijo en una habitación de 5mx5m, en la colonia Gertrudis Sánchez, rumbo a San Juan de Aragón, uno de los arrabales más pobres de la Ciudad de México, y la propiedad más valiosa que poseía era un viejo Pointer color rojo. Nada más. Pero al término de los seis años del gobierno sabinista sus cuentas de banco son millonarias, el departamento que tiene en la zona exclusiva de Polanco, en la ciudad de México, está valuado en 12.5 millones de pesos y el otro en 15 millones, pero en Cancún, Quintana Roo.

La pregunta inevitable es, ¿por qué no puede haber justicia?

11 mil millones de pesos no pueden desaparecer así de repente y sin que nadie haga algo. Además, no podemos pasar por inadvertido el resto de los crímenes que desplegó Pablo Salazar, como la muerte de más de 30 recién nacidos en el Hospital de Comitán, los homicidios de líderes campesinos, la corrupción desmedida y el estrangulamiento de las instituciones. No entiendo cómo alguien como él que no conoce el valor de la vida humana puede andar libre como si aquí no hubiera pasado nada.

Tampoco entiendo cómo se pueden pagar cantidades millonarias por obras que no se realizaron o por qué razones las autoridades desatienden las demandas e ignoran los asesinatos. Pero algo se tiene que hacer –y con urgencia- para que el pasado no nos siga pesando tanto, porque entristece ver a tantas familias damnificadas por Stan en condiciones cercanas a la indigencia, algunos viviendo casi en la intemperie en chozas de palos y con techos de palma; porque duele el escarnio con que Salazar y Ponce hurtaron nuestros dineros; porque indigna la impunidad; porque lástima que las leyes no traten a los poderosos como a nosotros por igual.

¿O, tal vez, hay que entender que la justicia no es un plato que todos podamos comer? Creo que ésta y otras respuestas las conocemos todos. Au Revoir.

@_MarioCaballero