LETRAS DESNUDAS

01 Febrero 2016

Mario Caballero

Complot en el caso Tatiana

En pleno siglo XXI, a pesar de los grandes avances en materia legal y judicial, se siguen viendo serias violaciones a los procesos contenciosos y a los derechos humanos. La justicia se desvirtúa por la influencia de los altos mandos y el simple término, como derecho constitucional, se vuelve inalcanzable. Y no importa la fiereza con que se defienda el agredido, pues cualquiera que sea el método para alcanzarla se ahoga en la sordera de las autoridades. Ahí tenemos, por ejemplo, el fallo dictado el primero de abril de 2014 donde un juez decide liberar a un influyente político acusado de ser el homicida de su esposa.

Ahora, al cumplirse casi dos años de la excarcelación de Elmar Darinel Díaz Solórzano, ex diputado federal de filiación priista, nada se sabe de si las autoridades correspondientes continuarán con el proceso judicial hasta esclarecer los hechos y dar puntual cumplimiento a las leyes y castigar al político tricolor que le quitó la vida a Tatiana Trujillo Rodríguez, maestra de preparatoria y madre de tres niños.

Hasta el momento, de muy poco –o quizás para nada- han servido las marchas de indignación moral, las exigencias incansables por justicia de los familiares de Tatiana, las movilizaciones de organizaciones defensoras de los derechos humanos, como las de la red civil Alerta Popular Permanente Contra la Violencia Hacia las Mujeres en Chiapas, que pide desde el 10 de abril de 2014 se reponga el proceso penal de este y otros casos similares que mal concluyeron, y se haga valer el decreto expedido el 08 de febrero de 2012 en el que se tipifica el delito de feminicidio en el artículo 164 Bis del Código Penal de Chiapas que advierte, contundentemente, que a todo aquel que por razones de género prive de la vida a una mujer será sancionado de 25 hasta 60 años de prisión.

Pero todas las acciones ejecutadas por los familiares de la víctima han sido un fracaso, y no por falta de objetividad o mal uso de los medios legales a disposición, sino por la ausencia de ética de los ejecutores de los procesos contenciosos (llámense jueces, peritos, ministerios públicos, etcétera) que venden la impunidad a cualquier postor sin importarles el dolor de los agraviados.

Resulta en vano querer reconstruir la lógica que siguió el juez Mariano Domínguez Hernández, juez del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ocosingo, porque sus argumentos -que parecen más bien excusas para justificar el fallo- causan frustración e impotencia. Así lo dijo: “Aunque se diga que la Procuraduría contaba con suficientes elementos para demostrar la culpabilidad de Elmar Darinel Díaz Solórzano, éstas no fueron integradas en el expediente consignatorio. De tal forma, no es posible afirmar que el acusado fue el autor del crimen. Por lo tanto, se revoca la condena de 25 años de prisión que había en su contra y se cancela todo juicio penal”.

Al dictarse el fallo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas señaló que existían serias violaciones al debido proceso realizadas de manera deliberada por el juez Mariano Domínguez Hernández y por Manuel de Jesús Cundapí Trejo, Ministerio Público adscrito al juzgado de Ocosingo. En otras palabras, demostraba que la liberación del asesino se debió por dos cosas, por las influencias de Elmar Darinel en el sistema judicial del estado y al complot entre el juez y el M.P.

A esto podemos sumarle la declaración del padre de Tatiana, Baldemar Trujillo: “Las pruebas periciales determinaron con evidencias firmes la culpabilidad de Elmar”, siendo éstas desahogadas dentro de los tiempos establecidos y anexadas a las investigaciones.

Ahora, si el procedimiento penal tenía que hacerse conforme las razones personales del juez y no como las leyes lo establecen, ¿entonces qué caso tenía acumular un mundo de peritajes y testimoniales, el Everest de papeles, nada más para concluir que “el que viene de atrás pague”?

Al final, el Frayba se encargó de condenar la deleznable actuación del juez y lo acusa de haberse confabulado con el ministerio público: “El Juez Mariano Domínguez Hernández y el Ministerio Público Manuel de Jesús Cundapí Trejo, son cómplices de la impunidad que permitió la liberación del ex diputado de Ocosingo Elmar Díaz Solórzano, acusado de asesinar a su esposa Tatiana Trujillo”.

COMPLOT Y MANEJO DE INFLUENCIAS

La realidad del caso comprueban la complicidad indiscutible entre el juez Domínguez y Manuel Cundapí, y aporta información suficiente para ratificar la condena de Elmar Díaz de 25 años de prisión sentenciado el 03 de mayo de 2013 y dictada por el Juez Tercero Penal para la Atención de Delitos Graves con sede en Cintalapa:

-Elmar Darinel Díaz fue visto entrar en el domicilio de Tatiana Trujillo ubicado en la 1ra. Sur Poniente sin número, barrio Bugambilia, en Ocosingo, Chiapas, entre las doce y una horas del día 19 de abril de 2010. Fecha en que Tatiana perdió la vida.

-Las pruebas criminalísticas de Rodizinato de Sodio y necropsia, señalan a Elmar como el autor del crimen. Y el informe se anexa al expediente procesal.

-En los testimoniales, el propio Elmar Díaz aseguró haber estado en el lugar de los hechos y en la hora en que se supone Tatiana perdió la vida. Los demás testigos: Nidia Tatiana Hernández (principal testigo y la última persona que vio a Tatiana con vida antes de ser asesinada con un disparo en la cabeza), Hugo Nájera Cabrera (pareja de Nidia Tatiana) y su hijo (que por cierto tiene el mismo nombre y fue el que se encargó de sacar los autos de la casa de Elmar por instrucciones de Angélica Gutiérrez (ex esposa de Elmar Díaz) momentos después del asesinato), dijeron que el ex diputado fue quien mató a Tatiana Trujillo de un balazo. Empero, meses después se retractan.

Hasta aquí la culpabilidad es clara y todo marcha conforme al protocolo. Sin embargo, es a partir de este punto que se puede ver la corrupción del proceso vía soborno, coerción y uso ilegal del poder de las autoridades judiciales.

-Las intimidaciones del abogado de Elmar Díaz Solórzano sobre la testigo que vio entrar a Elmar en el domicilio señalado hacen que ésta cambie su primera declaración, según versión de la propia testigo.

-Se determina que el acusado cumpliría su condena en el Cereso No. 14 (conocido como El Amate), pero Elmar es trasladado al reclusorio No. 8, en Villaflores, Chiapas. Los motivos del cambio nunca se revelaron.

-El día 19 de marzo de 2014, familiares de Tatiana acuden con el juez Domínguez para revisar el expediente antes de dictarse la nueva sentencia, pero éste se los impide con la excusa de que el recurso aún no estaba en su poder. No obstante, dichos documentos los tuvo desde el 25 de febrero.

-El martes primero de abril de 2014, Elmar sale de la cárcel exonerado de todos los cargos por los que estaba procesado. Y a la familia de Tatiana no se les notifica.

-El 02 de abril, los familiares de Tatiana se enteran de la resolución por medio de los periódicos y acuden al juzgado para solicitar más información al respecto, pero son maltratados física y verbalmente por el Fiscal del Ministerio Público, por el Secretario del Juzgado y, nuevamente, por el Juez Mariano Domínguez.

-Una semana después, el 07 de abril, se les comunica la sentencia y apelan a otras instancias para que se esclarezcan los hechos y se reponga el proceso en contra de Elmar Díaz. No obtuvieron respuesta.

-La familia Trujillo Rodríguez, a través de los medios de comunicación denuncia públicamente: “Si nos llega a pasar algo, hacemos responsables al juez Mariano Domínguez Hernández, Elmar Darinel Díaz Solórzano, Nidia Tatiana Hernández y a Hugo Nájera Cabrera porque nos han estado amenazando de muerte”.

CONCLUSIÓN

El balance es desolador: El fallo pretende imponer un efecto absolutorio que no tiene, y con eso se confirma la tesis del Frayba de que el juez Mariano Domínguez está confabulado con Manuel Cundapí Trejo para regalarle impunidad al asesino a pesar de que tuvieron conocimiento de todas las pruebas que lo incriminaban.

Por lo tanto, es necesaria la pronta intervención del gobernador Manuel Velasco Coello y del procurador Raciel López Salazar para poner orden en las instituciones, hacer justicia y someter a juicio al juez Mariano Domínguez y al ministerio público Manuel Cundapí Trejo por las graves faltas que cometieron intencionalmente en el proceso penal. Au Revoir.

yomariocaballero@gmail.com