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¿Ley del garrote o camino a la ingobernabilidad?

16 de Abril de 2016

José Luis Castillejos Ambrocio

Sin un debate serio, incluyente, amplio y participativo, con los principales actores de la educación y la sociedad civil, sobre las modificaciones y agregados que arbitraria y unilateralmente hiciera el Congreso a los artículos 3° y 73°, la reforma educativa “hace agua” y seguirá en el hoyo del fracaso.

No habrá posibilidad de diálogo y las protestas seguirán en México. ¿A quién responsabilizamos del polarizado clima que se vive? ¿Al gobierno, a una apática sociedad, a los maestros? ¿Somos todos corresponsables?

Hay quienes desde el facilismo acusan al magisterio del desorden, protestas, quema de llantas, destrucción de edificios e incendio de vehículos. Otros acusan al gobierno. Los legisladores -que sólo a ellos se representan porque a muchos no los quieren en sus respectivos distritos- modificaron a su antojo la ley que ahora carece de legitimidad. No ha sido legitimada por la sociedad en su conjunto. No fue acogida la inquietud social y sólo se atendieron las recomendaciones de organismos que lucran con la educación.

Esta es a todas luces una contrarreforma que revierte los derechos de la población a la educación pública, gratuita, laica, científica y obligatoria, que se habían establecido desde la Constitución de 1917.

En realidad, según la CNTE, esta es una reforma laboral, administrativa y empresarial que eleva a rango de ley todas las afectaciones de la Alianza por la Calidad de la Educación contra el magisterio; aplicando la Reforma Laboral contra los derechos de los trabajadores.

La reforma o contrarreforma carece de contenido pedagógico, no respeta los derechos de los maestros, obedece a directrices de organismos internacionales y abre la puerta para que a nombre de la autonomía se abra el camino a la privatización.

En el marco del Pacto por México, la reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de diciembre de 2012 y por el Senado de la República el 21 de diciembre del mismo año y en febrero de 2013 fue declarada constitucional por el Poder Legislativo Federal. Según el gobierno este es acuerdo por la educación de calidad que busca aumentar la calidad de la educación básica, reflejándose esto en los resultados de las evaluaciones internacionales como PISA; aumentar la matrícula y la calidad de la educación media superior y superior y recuperar la rectoría del Estado Mexicano en el sistema educativo nacional.

Nada más distante que ese objetivo. Hay una inconformidad social en todas partes. A la luz de las protestas, oscuros intereses se mueven para deslegitimar, de un lado la protesta magisterial y, por el otro, sembrar el caos para hacer aparecer a estados como Chiapas o Oaxaca como inviables, carentes de gobernabilidad.

¿Tiene razón la garrotiza policial contra los maestros? No! ¿A quién interesa que Chiapas se desborde, que sea ingobernable, que se incendie? El trasfondo está más allá de la protesta magisterial.

Algunos –no los maestros- quieren echarse abajo al gobierno de Manuel Velasco Coello, a la luz de lo acontecido en la víspera como el incendio del Palacio Municipal de San Cristóbal y saqueos a comercios, destrozos, golpiza a maestros.

¿Cuál es la mano que financia y mueve la cuna para sembrar el caos y generar la incertidumbre? Se avecinan tiempos electorales y hay que ver quien financió a vándalos para prender fuego a edificios y vehículos en Tuxtla Gutiérrez y en San Cristóbal de Las Casas.

Desde la Ciudad de México se ordenó y dispuso la movilización de policías de Guerrero y otros estados quienes con grandes tandas de gas lacrimógeno y garrotes la emprendieron contra los maestros. En ese grupo de manifestantes se infiltraron agentes e indígenas pagados por quien sabe quién para generar el caos y deslegitimar la protesta.

¿A quién conviene todo el desorden, el caos, la ingobernabilidad? A líderes de algunos partidos que quieren arrebatar cuotas de poder y acelerar la caída de Velasco Coello en una especie de “golpe técnico” para echar del poder al mandatario chiapaneco.

No culpen totalmente a los maestros del desorden. Hay gente de más alto nivel que ha comenzado a mover sus fichas de cara a la sucesión gubernamental estatal. No es el modo ni son los tiempos pero a esos desmadrozos, que quieren hacer aparentar como vándalos a los maestros, habrá que aplicarle la ley, pero no la ley del garrote.

FOTO COLUMNA

joseluiscastillejos@gmail.com

 

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