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JOSE MANUEL BLANCO URBINA,
Presidente de la COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE CHIAPAS, ONG
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas, México, 10 de septiembre de 2014. “La tortura es una práctica que esta “generalizada” entre las instituciones de seguridad de México, por lo que el Estado en conjunto debe tomar acciones urgentes para combatirla”, Juan E. Méndez, Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Tortura.
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, estuvo en México el mes de abril del año en curso y en su agenda para conocer la situación de la comisión de este delito, visito Chiapas, y en Tapachula, se reunió con un selecto grupo de representantes de Organismos No Gubernamentales, ONG’S, con quienes intercambio puntos de vista y preocupaciones respecto a casos documentados de tortura, señalando como los directos responsables a elementos de corporaciones policiacas de Chiapas.
Entre los muchos casos reseñados por las ONG’S en esa fecha, una de las víctimas era precisamente el del Señor ANANIAS LAPARRA MARTINEZ.
Este asunto que ha ocupado hoy la atención nacional, no es porque sea el único, sino por el hecho de que este tipo de violaciones a los Derechos Humanos se continúen dando de una manera tan cruel y degradante en México, en especial en Chiapas.
El perdón ofrecido por el Estado Mexicano y en particular por el Estado de Chiapas, y recibido por el Señor ANANIAS LAPARRA MARTINEZ y su familia, es el resultado de una larga trayectoria de hechos cometidos en su contra por el sistema de justicia que rige en Chiapas, coronada por el delito de TORTURA y otros tratos degradantes ejecutados por miembros de la policía ministerial y del representante de la sociedad como lo es el Ministerio Publico, dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado. PJGE, y después avalada con una sentencia condenatoria por el Juez Penal, dependiente este servidor público del Tribunal Superior de Justicia del Estado. TSJE.
Después de 4,380 días/año de lucha por su libertad ante las autoridades del fuero común del Estado y de la federación, ante la Comisiones de Derechos Humanos del Estado y la Nacional, con resultados en contra, hasta acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de la Organización de Estados Americanos, OEA, que después del análisis del caso, resolviera el Acuerdo de Solución Amistosa, consistente en el reconocimiento de inocencia del Señor ANANIAS LAPARRA MARTINEZ, por parte del Estado mexicano, así como de la responsabilidad de las autoridades por los actos de tortura y daños en su contra y de su familia como victimas indirectos de estas violaciones a sus derechos.
Desafortunadamente, este ilícito no es el único en Chiapas, ha habido otros también con disculpas públicas formuladas por anteriores ejecutivos del Estado de Chiapas.
Las interrogantes que surgen por la comisión de estas violaciones son:
a).- Porque esperar que se abriera la “caja de pandora” para pedir disculpas públicas?. Donde están los funcionarios públicos responsables de esta áreas?, y
b).- Que el ofrecimiento gubernamental de cambio en la actuación de los responsables en la Procuración y Administración de Justicia en Chiapas, para que este tipo de delitos nunca más se repitan, sea una realidad y no esperar otro Acuerdo de Solución Amistosa, de los asuntos pendientes ante la CIDH.
Hoy ante estos hechos, no son tiempos de rasgarse las vestiduras.
LO BUENO:- Tenemos un marco jurídico nacional e internacional para combatir estos delitos.
*Tenemos una Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura vigente en Chiapas, recién reformada para estar acorde a lo establecido por la Ley Federal contra la Tortura, que actualmente está en revisión en el Senado de la República para su armonización con los Tratados Internacionales de la materia.
*Tenemos ya un Código Nacional de Procedimientos Penales, que contiene un Capitulo sobre la Nulidad de Actos Procedimentales que señala como principio general que “cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado, ni convalidado y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento”.
*Tenemos a nivel internacional el Protocolo de Estambul, vigente desde 1999, que es precisamente un manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
*Tenemos también a nivel internacional la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que prohíben expresamente la TORTURA.
*Tenemos del mismo modo, varios instrumentos regionales vigentes que establecen el derecho a no ser sometido a tortura, como son la Convención Americana de Derechos Humanos; La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que contienen prohibiciones expresas de la tortura.
LO MALO:-Que el Estado Mexicano como el Estado de Chiapas, tengan que pagar los platos rotos por errores del pasado. Cada quien tiene que responder por la comisión u omisión de estos delitos.
Que falta para sancionar el delito de tortura y combatir la IMPUNIDAD?
*Que haya la voluntad política y humanista para velar por el pleno respeto a los derechos humanos.
*Que con todo rigor se aplique la ley a los responsables directos e indirectos del delito de tortura.
*Que haya una permanente EVALUACION de servidores públicos, principalmente en el área de justicia.
*Que en un Estado de Derecho, impere la ley y no el derecho al olvido.
*Que en nuestro caso, la pasión de servir sea solamente con CHIAPAS y con los CHIAPANECOS.
Atentamente
JOSE MANUEL BLANCO URBINA
Presidente de la COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE CHIAPAS, ONG